La OCDE atribuye el éxito de la reforma laboral en las pymes al pago de indemnizaciones del Fogasa que Rajoy ha suprimido

El informe de la OCDE sobre la reforma laboral alaba, en general, los cambios legislativos adoptados por el Gobierno desde febrero de 2012. “Es un paso significativo en la dirección correcta”, resume. Pero también pide medidas adicionales porque los expertos de la organización internacional no ven claro que vaya a ser “suficiente” para “transformar el mercado laboral español en uno que combine flexibilidad con equidad y seguridad para los trabajadores”. Algunas de esas recomendaciones, también los análisis previas, no dejan de ser cuanto menos sorprendentes.

Así, alaba en varias ocasiones los resultados de los ocho días de indemnización que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abona desde 2010 por los despidos en empresas de menos de 25 trabajadores. Un pago que, gracias a una enmienda del PP a los Presupuestos del Estado presentada hace apenas una semana, quedará suprimido el próximo enero. Se ahorrarán así 315 millones de euros al año. La OCDE atribuye a esta subvención del despido el aumento que, según sus análisis, ha experimentado el número de contratos fijos en estas micropymes. Lo cifra en un 45%, unos 21.000 contratos al mes en las de menos de 25 trabajadores, por sólo 4.000 contratos mensuales en aquellas con entre 26 y 50 empleados. Curiosamente, atribuye más a esta subvención que al contrato de apoyo a emprendedores, nacido también con la reforma, el éxito de las micropymes creando puestos de trabajo fijos. De hecho, cada mes se firman sólo unos 7.000 contratos de emprendedores.

Es más, a juicio de la OCDE, esos ocho días de indemnización subvencionada han multiplicado su impacto desde la reforma laboral. Porque el argumento del organismo es que los efectos beneficiosos de la reforma se han “concentrado en las empresas muy pequeñas”, mientras que en las grandes han sido casi imperceptibles. De hecho, el informe hace una estimación según la cual la reforma ha permitido crear 25.000 empleos fijos al mes en empresas de menos de 50 trabajadores.

También elogia la OCDE la “convergencia” en los costes de despido entre contratos temporales y fijos que iban a permitir –ya no ocurrirá– esos ocho días de indemnización pagados por el Fogasa. La equiparación se produciría en 2015, cuando la indemnización de los temporales alcanzara los 12 días por año trabajado. En 2010 el Gobierno socialista aprobó aumentar la cuantía de forma progresiva cada año, desde los ocho días iniciales hasta los 12 cinco años después. Como la indemnización por despedir, por causas objetivas, a un trabajador fijo es de 20 días por año, al restar los ocho subvencionados, la empresa pagaría en 2015 lo mismo que por despedir a uno temporal. La OCDE no llegó a saber de la supresión de la medida antes de concluir el estudio. Aun así, pide al Gobierno que “profundice el proceso de convergencia”, reduciendo también la cuantía de las indemnizaciones para las empresas más grandes, que no tienen acceso a estos pagos del Fogasa.

¿Crece la contratación indefinida?

También sorprende el informe cuando asegura que, gracias a la reforma, ha crecido la contratación indefinidacontratación indefinida en España. Dice que en un 13%, sobre todo en los trabajos a jornada completa. Y que los cambios legislativos no han tenido apenas efectos en la contratación temporal. Sin embargo, los datos del propio Ministerio de Empleo correspondientes al pasado mes de noviembre revelan que los contratos indefinidos han caído un 22,46% respecto a 12 meses antes, y un 6,15% respecto a octubre. Desde el pasado mes de febrero la contratación fija no deja de caer. En las mujeres, además, ese descenso es mayor: un 12,2% respecto a hace un año, mientras que los hombres con contrato indefinido aumentan un 0,31%. Los indefinidos en España son sólo el 7,6% de los contratos que se firman.

Por el contrario, los temporales, que continúan representando el 92,4% de todos los contratos, han crecido un 9,2% en el último año. Y de ellos, los que más, los contratos de formación, que se disparan un 73% respecto a noviembre de 2012. También se mantiene la tendencia al alza del trabajo a tiempo parcial –que el informe de la OCDE apenas menciona–, al menos cuando está asociado a contratos temporales. En un año han despegado un 10,61%. Así, los de jornada parcial representan ya el 31,4% de los contratos que se firman en España, casi un tercio.

Ni 'enmienda Telefónica' ni planes de recolocación

Otra de las recomendaciones de la OCDE al Gobierno español es la supresión de la llamada enmienda Telefónicaenmienda Telefónica, que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores a pagar al Tesoro la cuantía que el Servicio Público de Empleo debe abonar en prestaciones y cotizaciones hasta la jubilación a los trabajadores de más de 50 años que despidan. Cuando el Gobierno socialista creó la norma, en 2011, sólo las empresas de más de 500 trabajadores con beneficios –como fue el caso de Telefónica– debían hacer el pago. El PP lo amplió a las de más de 100 trabajadores que tuvieran pérdidas pero prevean beneficios los cuatro ejercicios siguientes al ERE en cuestión.

Según la OCDE ese pago, y los planes de recolocación que la reforma laboral obliga a contratar a las empresas que ejecuten despidos colectivos, suponen una “carga financiera” añadida para las grandes empresas. “Puede ser incluso mayor que la cuantía total de las indemnizaciones que las empresas habrían desembolsado si hubieran ejecutado despidos improcedentes [33 días de indemnización, en lugar de despidos objetivos, 20 días]”, asegura el informe. Por eso, deduce, las grandes empresas se inhiben a la hora de crear empleo indefinido.

No es la única distorsión que encuentra el organismo internacional en la actual regulación de los despidos colectivos. Destaca el “aumento de la inseguridad jurídica” que ha traído la desaparición de la autorización administrativa de los ERE. Por eso, la OCDE reclama que se restrinja la discrecionalidad de los jueces en esta materia. Y considera deseable que sólo se pueda declarar nulo un despido colectivo cuando se produzca discriminación por razón de sexo, religión, edad, ideología, etcétera. Y no por motivos formales como ocurre ahora: porque la empresa no aporta toda la documentación requerida, por faltar a la buena fe en la negociación con los sindicatos, por defectos en la formación de la comisión negociadora… En este punto coincide con una de las demandas más reiteradas de la patronal CEOE.

Cuidado con las desigualdades de salario

Asombran igualmente los argumentos que utiliza la OCDE para justificar su petición al Gobierno de aumentar el periodo de prueba de los contratos indefinidos. Dice que debería ser de un mínimo de seis meses. Ahora es de dos a seis meses, dependiendo de la cualificación del trabajador. Excepto en el contrato de apoyo a emprendedores, que es de un año. El informe se hace eco de la reciente sentencia de un juzgado de lo Social de Barcelona, que consideró ilegal ese año de periodo de prueba para un peón. A juicio de la OCDE, al ser tan reducido el plazo en el resto de los contratos indefinidos, las empresas optan por ofrecer sólo contratos temporales a los trabajadores para probar su aptitud.

El informe no deja de advertir al Gobierno –aunque lo haga de pasada– de que la devaluación salarial está “afectando los niveles de vida de los trabajadores”. Por tanto, aconseja, el Ejecutivo debería “vigilar la evolución de la desigualdad de los salarios para garantizar que los costes y beneficios de la reforma laboral se reparten de manera equitativa”.

Tampoco faltan cautelas en sus análisis. La OCDE matiza que es pronto para percibir claramente los efectos de una reforma aprobada hace menos de dos años. Más aún, concluye que “no es posible aún decir si la reforma restablecerá la competitividad en el medio a largo plazo”. Sí reconoce claramente que los cambios operados en el Estatuto de los Trabajadores han tenido una influencia “importante” en la caída de los costes laborales unitarios.

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Simulaciones y estimaciones

El informe abunda en simulaciones y estimaciones. No sólo de los puestos de trabajo supuestamente creados por la reforma laboral. También, por ejemplo, de las probabilidades que un desempleado tiene de conseguir un trabajo fijo. La OCDE cree que éstas han aumentado un 24% de media por efecto de la reforma. O cifra en un 0,25% el alza que experimentará la productividad del trabajo a largo plazo gracias a ella. Parte de las estimaciones son obra de José Ignacio García Pérez, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En las referencias son múltiples las de trabajos firmados por investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) –en cuyo patronato figuran algunas de las mayores empresas y bancos españoles–, a la que también pertenece García Pérez. Además, el informe ha utilizado su índice de actividad económica. Aparecen igualmente mencionados como referencias los observatorios económicos trimestrales que elabora el BBVA, o los boletines económicos del Banco de España.

El Ministerio de Empleo encargó a la OCDE un informe sobre resultados de la reforma laboral de 2012 para contar con la evaluación de un organismo independiente.