Sector energético

La reforma energética sigue sumando demandas en tribunales españoles y extranjeros

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, acompañado por el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, durante una visita a la planta de Alcoa en Cervo (Lugo).

El Tribunal Supremo de España, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo (SCC Institute) saben que en España hay un enredo normativo en el sector de la energía difícil de superar. Las reclamaciones se acumulan en los tres organismos. En poco más de tres años de gestión, el Ministerio de Industria suma pleitos dentro y fuera del país. El último episodio ha sido la aceptación por parte del Supremo de un recurso interpuesto por la siderúrgica Acerinox contra el sistema de interrumpibilidad por el que la gran industria se reparte 500 millones anuales de subvención encubierta.

El recorte de primas a las energías renovables con efectos retroactivos, la forma de "construir" la tarifa eléctrica y las subvenciones encubiertas a la gran industria han convertido la reforma del sector en un caos. Una prueba es que sólo el ministro de Industria, José Manuel Soria, responsable de la reforma, defiende que el recibo de la luz baja el recibo de la luz baja(un 4,5% en 2014) cuando la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que sube (alza del 4,4% el pasado año).

Sin comentarios

Industria no comenta la reclamación presentada por Acerinox. Mientras, fuentes de esta compañía sostienen que el recurso contencioso-administrativo admitido ahora por el Supremo fue presentado hace un año. La siderúrgica rechaza el sistema de pagos por interrumpibilidad a las empresas que contempla la reformainterrumpibilidad. La interrumpibilidad retribuye la disposición de las compañías a reducir su consumo o desconectarse de la red en caso de necesidad. El sistema no se ha utilizado en más de cinco años, pero Industria estableció un nuevo sistema de subasta a la baja, de forma que las industrias debían ofrecer desconexiones por bloques para cobrar un determinado precio.

El nuevo método trataba de ahorrar dinero al sistema. Lo hizo, pero tropezó con el poder de la gran industria. En la primera subasta, celebrada en noviembre del pasado año se repartieron algo más de 300 millones, 180 millones menos que un año antes. Otra siderúrgica, Alcoa no logró compensaciones para sus factorías de A Coruña y Avilés e inmediatamente planteó un pulso a Industria: o lograba compensaciones para las dos factorías o despedía a 800 trabajadores. Industria cedió. A finales de diciembre, celebró una nueva subasta y repartió todo el ahorro obtenido con la primera puja, alrededor de 180 millones. Alcoa retiró la amenaza de despidos.

Subvención encubierta

Ahora, el Supremo ha aceptado revisar ese sistema de subvención más o menos encubierta que aumenta los resultados de las grandes industrias consumidoras de electricidad. Acerinox propone otro sistema de reparto, según apuntan fuentes conocedoras de la demanda.

La interrumpibilidad no es el único asunto controvertido. El sector de las energías renovables, explica el abogado Piet Holtrop, sigue con su batalla en Europa para que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción contra España. Hasta cinco asociaciones del sector –Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, APPA, UNEF, AEOLICAN y ACER– empujan para lograr el objetivo.

Pero la pugna legal más encendida está en los tribunales de arbitraje internacionales, donde han decidido reclamar grandes compañías energéticas y fondos de inversión. Alegan que se ha vulnerado la seguridad jurídica para las inversiones que garantiza el Tratado de la Carta de la Energía. La versión del Gobierno español es distinta. Considera que respeta la rentabilidad razonable de las inversiones realizadas y que no ha discriminado puesto que la reforma energética ha afectado por igual a inversores españoles y extranjeros.

Grupo mexicano

Los argumentos del Ejecutivo no convencen. La última reclamación es de una empresa mexicana, el Grupo Natural Electric, que ha denunciado los recortes a las renovables acogiéndose al acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y México firmado en 2006.

Pero las reclamaciones más numerosas, nueve en total, están en el Ciadi. España es el cuarto país con más casos abiertos en este organismo, sólo por detrás de Venezuela, que suma 26; Argentina, con 22; y Egipto, con 12.  Han denunciado las alemanas Steag y RWE (en consorcio con otras siete sociedades), además de Infrared, la firma de Abu Dabi Masdar, el fondo británico Eiser, Antin (de la banca BNP), RREEF Infrastructure (relacionado con Deutsche Bank), Renergy y NextEra.

Sociedades de inversión

No es todo. En el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo hay planteadas demandas de arbitraje desde 2013 por Isolux Infrastructure Netherlands, la filial de Abengoa CSP Equity Investments y las sociedades de inversión Charanne y Construction Investment. Sólo estas dos últimas empresas reclaman 17 millones de euros de compensación.

Para completar el nudo de pleitos, la alemana E.ON –de salida en España y Portugal– se ha sumado a Endesa y a EDP (propietaria de HC) en los recursos planteados en el Supremo contra la orden de peajesde 2015 (la parte regulada del recibo de la luz). La orden congeló los peajes.

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