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LOS COSTES DE LA REGULACIÓN DE EMPLEO

El SEPE tarda siete años en reclamar a Caixabank el pago de 18,6 millones de euros de la 'Enmienda Telefónica' por el despido de mayores de 50 años

Caixabank debe pagar 127 millones de euros por los trabajadores mayores de 50 años que despidió durante la crisis.

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha reclamado desde 2011 un total de 530,28 millones de euros a las empresas de más de 100 trabajadores que han despedido a mayores de 50 años. Es el importe de la contribución que estas compañías deben hacer al Tesoro Público por las prestaciones de desempleo y las cotizaciones sociales que el SEPE sufraga por esos trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La conocida como Enmienda Telefónicanunca ha sido del agrado de las empresas, que desde el primer momento hicieron todo lo posible por resistirse a pagar lo que consideran un sobrecoste. Además, el SEPE tampoco tuvo mucho prisa por cobrar en sus primeros años. En marzo de 2013, dos años después de su aprobación, aún no había ingresado un euro por este concepto. En 2017, las empresas adeudaban al SEPE 132,55 millones de euros, el 25% de la cantidad que se les reclamaba. A día de hoy, aún roza los 96 millones de euros.

Según los datos facilitados a infoLibre por el Ministerio de Trabajo tras ser solicitados al Portal de Transparencia, de esa deuda el 99%% corresponde a CaixabankCaixabank, que no ha pagado las anualidades de 2014 y 2015, un total de 94,73 millones de euros. El SEPE le reclama 127,07 millones de euros, por lo que sólo ha pagado una cuarta parte. El resto son los 847.247 euros que aún le falta por pagar a Banco Caixa Geral, la entidad portuguesa que fue adquirida el año pasado por la gallega Abanca, por una anualidad de 2015. 

Pero ambas entidades financieras no son morosos en sentido estricto. Un portavoz del banco catalán asegura a este periódico que ha pagado todas las liquidaciones que el Tesoro le han girado y que la última, correspondiente a 2013, se ha abonado este mismo año. “Las de 2014 y 2015 no nos han llegado aún”, apunta, “las facturas las recibimos con mucho retraso, pero no nos consta que tengamos nada pendiente de pago; además de que esa cantidad está provisionada en las cuentas”. Una respuesta parecida es la remitida por Abanca: “Hemos ido abonando las liquidaciones que hemos recibido, no hay nada sin pagar y estamos esperando que lleguen las pendientes”. Es decir, el SEPE tardó siete años en reclamar a Caixabank el cobro de los 18,63 millones de euros que le tocaba pagar por las cotizaciones sufragadas de 2013. Y aún no le ha enviado la factura de 44,48 millones correspondiente a 2014 y la de 50,25 millones correspondiente a 2015. Tampoco ha pedido a Banco Caixa Geral el casi millón de euros de 2015, cinco años después.

Estos retrasos, sin embargo, no son los únicos. Hasta “finales de 2019” el SEPE no pasó la última liquidación a Telefónica de los 305 millones de euros que debía pagar por por despedir a 6.620 trabajadores mayores de 50 años en 2011, según explica un portavoz de la compañía. En 2017 todavía tenía pendientes 29,34 millones correspondientes a las anualidades de 2015 –28,11 millones–, 2016 –1,22 millones– y 2017 –322,20 euros–. Securitas Seguridad España abonó el 20 de diciembre de 2019 los 429.225,47 euros que le habían liquidado de la anualidad de 2015. Fuentes de la empresa aclaran que recurrió todas las liquidaciones y luego las pagó cuando fueron firmes. El último abono también lo ha impugnado para evitar el pago de intereses.

El resto de las cantidades pendientes en 2017 suman 881.344 euros y se trata de las liquidaciones de cinco empresas mucho más pequeñas. Una de ellas, Oxidoc Exclusivas SL, entró en concurso de acreedores y fue liquidada. Dejó a deber 219.860 euros: sólo pudo pagar 26.370 euros en 2011 por el despido de 11 trabajadores de más de 50 años. Planificación y Control Logístico tenía pendientes 502.466 euros en 2017, puesto que sólo había ingresado 62.277 euros en 2012.  La empresa ha cambiado de nombre y no ha respondido a infoLibre si abonó la aportación al Tesoro Público. Padelsa Infraestructuras cuenta con una anualidad impagada, la de 2013, por importe de 119.479 euros, pero ingresó las dos siguientes. Tampoco ha contestado a este periódico. Y Femxa Formación sólo figura con una deuda de 9.543 euros correspondiente a 2015. “No recibimos una carta de pago hasta diciembre de 2019 y el 8 de enero se pagaron 9.549,43 euros [seis euros menos de la cantidad proporcionada por el SEPE]”, explica un portavoz de la empresa.

El SEPE ha proporcionado a este periódico el listado de las empresas, importes reclamados y debidos sólo hasta 2017. Según fuentes del organismo, se trata de la última información que tiene disponible. Sobre los retrasos en reclamar a las empresas las aportaciones debidas, las fuentes explican que se deben a la complejidad de los procedimientos. La situación de las compañías va cambiando con el tiempo, y también las cantidades que se les piden, después de que éstas las recurran. Además, el SEPE hace los cálculos y liquida, pero es la Agencia Tributaria la que se ocupa de reclamar los ingresos, aseguran.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda explica a este periódico que la Agencia Tributaria sólo se hace cargo de la liquidación en la fase ejecutiva, una vez que el SEPE ha dictado su resolución definitiva. Y que a partir de entonces el plazo medio que transcurre hasta que hacen la notificación a las empresas para que paguen su aportación no supera los tres meses.

Telefónica, 305 millones de euros; Caixabank, 127 millones

En cualquier caso, el listado facilitado por el SEPE permite conocer las cantidades exactas reclamadas y las empresas a las que se giraron liquidaciones. Telefónica, la compañía que más ha tenido que pagar, 305 millones de euros, ha tardado ocho años en satisfacer ese importe. Caixabank es la segunda entidad con una mayor aportación: 127,07 millones, por despedir a 1.416 trabajadores mayores de 50 años desde 2011. A las Cajas Rurales Unidas, el SEPE les pidió 18,1 millones de euros, que abonaron íntegramente en 2013 y 2014, por despedir a 545 empleados por encima de la edad fijada. La cantidad que tuvo que satisfacer Danone por dejar en la calle a 311 mayores de 50 años ascendió a 17,4 millones de euros. Retevisión pagó 8,03 millones por el ERE que dejó sin empleo a 185 trabajadores de más de 50. A Banco Santander se le pidió el pasado 20 de febrero 6,31 millones sólo por la primera anualidad de 2016, correspondiente a un ERE que extinguió los contratos de 680 trabajadores.

Entre las 48 empresas a las que se les ha reclamado dinero, destacan seis entidades financieras: Caixabank, Santander, las Cajas Rurales, Banco Caixa Geral, Bantierra Caja Rural de Aragón –796.807 euros por despedir a 18 empleados de más de 50 años– y Banca Cívica –174.419 euros por despedir a cinco empleados–. Otras nueve son empresas del sector farmacéutico y químico: Boehringer Ingelheim –1,62 millones–, Pfizer –2,47 millones–, Johnson & Johnson –1,58 millones–, Laboratorios Leo Pharma –701.550 euros–, Sanofi Pasteur –304.195 euros–, Abbot Laboratories –2,56 millones–, Daiichi Sankyo España –977.988 euros–, Huntsman Advanced Materials Spain –334.957 euros– y Grupo Ercros –3,06 millones–.

También Ediciones El País tuvo que pagar 2,77 millones de euros por despedir a 110 trabajadores por encima de la cincuentena; RBA Revistas, 584.457 euros por hacer lo mismo con 12. A Greenpeace le costó 163.764 euros desprenderse de tres empleados mayores. Dos empresas públicas figuran igualmente en el listado: Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) –333.553 euros– y la Fundación Ciudad de la Energía, dependiente del Ministerio de Industria y con sede en León –99.052 euros–.

Más nombres conocidos. Zena Grupo de Restauración, la cadena que explota en España Burger King o Domino's Pizza, entre otras marcas, pagó 119.791 euros, Schweppes SA, 391.921 euros, Heineken, 2,73 millones por despedir a 221 trabajadores que superaban la cincuentena y Mondelez España, el fabricante de las galletas Oreo y Mikado o los caramelos Halls –1,16 millones–.

Entre las grandes compañías industriales, destacan Asean Brown Boveri –3,77 millones– y Duro Felguera –1,92 millones–, y entre las tecnológicas, Oracle Ibérica –965.208 euros–, Nokia Siemens –1,85 millones– y Tradia Telecom, filial de Cellnex –591.195 euros–. Leisure Parks, la sociedad que gestiona el Parque de Atracciones de Madrid, también pagó por sus trabajadores despedidos: 94.850 euros.

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En 2011, sólo tres empresas

Como queda dicho más arriba, al SEPE le costó empezar a cobrar estas cantidades. Según los datos hechos públicos ahora, en 2011 sólo Telefónica, Caixabank y Bantierra pasaron por caja. Apenas sumaron 3,31 millones de euros. En 2012 fueron 20 empresas. Los años que más se recaudó fueron 2013 y 2014, con 35 y 43 compañías respectivamente, que satisficieron 166 y 109 millones de euros respectivamente. Una vez superada la crisis, el número de empresas y los pagos han caído. En 2017, el último año del que el SEPE aporta datos, sólo cuatro empresas hicieron su aportación, por un total de 406.280 euros. Estas cifras corresponden a las anualidades reclamadas, aunque luego fueran abonadas en ejercicios posteriores.

Hasta ahora, el SEPE se limitaba a publicar en su informe anual el listado de las empresas a las que reclamaba cantidades, pero acompañado únicamente de la cifra total solicitada y el número de trabajadores a los que se les pagaba prestaciones y cotizaciones, sin ningún tipo de desglose. De todas las compañías, sólo mencionaba la cuantía abonada por Telefónica, así como el número de sus empleados mayores de 50 años.

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