Dependencia

Sindicatos y patronal de residencias exigen al Gobierno triplicar la inyección de los Presupuestos a la dependencia

Manifestación de trabajadoras de la dependencia frente a la sede del Ministerio de Sanidad.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y la patronal de residencias y centros de mayores (representada por CEOE y Cepyme) mantuvieron el pasado jueves 8 de octubre un claro desencuentro con  el equipo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que está al frente de la cartera de Derechos Sociales. El motivo del desacuerdo: el dinero del "plan de choque" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que el Ministerio anunció el 24 de septiembre con el objetivo de reducir las listas de espera, aumentar los ratios de personal, reforzar los medios materiales y reformar el sistema de financiación.

El Ministerio de Derechos Sociales, encuadrado dentro de la Vicepresidencia de Iglesias, anunció hace dos semanas una inversión de 600 millones de euros que se incluirían en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, siempre que hubiera una mayoría favorable en el Congreso de los Diputados. Y el pasado jueves tuvo lugar la reunión entre el Ejecutivo, representado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y los agentes sociales para valorar el plan. Así lo ha podido saber infoLibre a través de diversas fuentes. 

El encuentro, que había sido trasladado del 1 de octubre a la semana pasada, empezó tenso. La respuesta que encontró el Gobierno fue implacable: "Sabes que este dinero es insuficiente", espetaron las organizaciones sindicales y las patronales al responsable económico de Podemos. Especialmente CCOO y UGT exigen solo para las listas de espera para la dependencia 1.710 millones de euros. La patronal Asociación de Gerentes de Servicios Sociales estima que faltan 1.500 millones. En cualquier caso, todos los agentes calculan un mínimo de tres veces más de lo que propone el Gobierno.

El Sistema de Atención a la Dependencia es complejo y gestionado por comunidades autónomas y el Imserso. La dependencia abarca la teleasistencia y la ayuda a domicilio, los centros de días y residenciales o las condiciones de los empleados que trabajan en el sector. Es decir, afecta a las residencias de mayores, que estos días afrontan la segunda ola de covid con menos personal tras la primera de marzo-abril, dramática en regiones como la Comunidad de Madrid con casi 10.000 fallecidos en lo peor de la pandemia. [Aquí tienes nuestro dosier]

Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales aportan su versión de los hechos: "Con la partida de 600 millones se revierten los recortes del PP, cifrados en 400 millones. Y se añaden 200 millones más". Según miembros del equipo de Iglesias, "esto es tan solo la primera anualidad de un plan más ambicioso". Y aseguran que el Gobierno tiene abierto "un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas, sindicatos y patronal para que hagan aportaciones a un plan que se aprobará con el consenso de todos los agentes implicados". 

Movilizaciones de los sindicatos

Según declaran las fuentes gubernamentales a este medio, las discusiones van a continuar y las partidas podrían aumentar. Con todo, esta semana hay convocadas movilizaciones de los trabajadores de la dependencia ante la inacción de las administraciones.

Las prestaciones para la dependencia recaen en la red de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, y abarcan una amplia gama de servicios, incluidos los centros de día y de noche (residencias) tanto públicos como privados o concertados. Y uno de los mayores problemas –puesto de relieve con la crisis sanitaria– es el de la financiación, ya que actualmente las regiones abonan el 88% frente al 50% que marca la Ley de Dependencia de 2007. Los agentes sociales reclaman al unísono al estado que aumente su aportación sobremanera. 

Uno de los grandes desafíos es incrementar la ratio de personal: cada autonomía paga por interno un ratio distinto, por lo que la atención varía según la comunidad, dándose fuertes desagravios territoriales. El 75% de las aproximadamente 5.400 residencias en Españas son privadas. Más del 90% del personal son mujeres, por lo que la atención a la dependencia es un servicio fuertemente feminizado. 

Solo a modo de ejemplo, los ratios de auxiliares de enfermería y gerocultoras se sitúan de media en España entre 20 y 22 auxiliares por cada 100 residentes. Es decir, turnos con nueve o 10 personas para levantar, asear y vestir a un centenar de residentes, según denuncian recurrentemente las centrales sindicales. El ratio de enfermeras es, según la autonomía, de una o dos por cada 100 pacientes. La ola de covid-19 destrozó estas proporciones, ya que disparó las bajas médicas y el estrés del personal según la incidencia del virus en cada centro. 

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