Suprimir deudas de 80.000 euros con la ley de la segunda oportunidad: “Estoy feliz de empezar de cero”

La pandemia y la guerra están poniendo en aprietos la economía de muchos hogares. Estadísticamente, con una tasa de paro del 12,7%, el empleo está en sus mejores cifras desde antes de la crisis financiera y el aumento del empleo indefinido deja la temporalidad en mínimos históricos. No obstante, esto no quiere decir que las perturbaciones económicas no estén llevando al límite a muchas familias. Con que coincidan varios elementos es suficiente: trabajar en un sector que haya recurrido a un ERTE prolongado durante la pandemia, que un familiar haya enfermado y requiera de cuidados, a lo que se suma unos precios desbocados y una cuota de la hipoteca que no para de subir, y que obliga a la persona a acabar recurriendo a microcréditos de intereses abusivos. 

Este es el perfil de “deudor de buena fe”, que acaba enterrado en deudas en contra de su voluntad, atosigado a llamadas de sus acreedores, en muchos casos amenazantes, exigiendo un pago que no puede afrontar por causas ajenas a su voluntad. Para estos casos existe la ley de segunda oportunidad, en vigor desde 2015, y que suprime de manera inmediata la deuda contraída por una persona en un caso de desesperación. “Me llamaron ayer para confirmarme que se cancela mi deuda”, relata a infoLibre Martha Cecilia M., de 57 años, en un estado exultante.

“La pandemia no me acabó físicamente, pero sí económicamente”, resume. Esta trabajadora de hostelería acaba de exonerarse de una deuda de alrededor de 21.000 euros que la tenía en un estado de “nerviosismo total”: “Justo antes de la pandemia necesitaba cambiar de coche, así que me compré uno nuevo”, explica. En esos momentos ya arrastraba cierto endeudamiento. “Luego con la pandemia me quedé sin poder trabajar, porque estuve en ERTE. Poco a poco nos iban llamando para trabajar, pero yo tuve la mala suerte de que me llamaron de las últimas. La prestación por desempleo se fue reduciendo y las cuotas de las deudas iban creciendo”, explica.

A Martha Cecilia M. las cuotas del coche empezaron a hacerse demasiado cuesta arriba. Se vio obligada a devolverlo: “Gracias a Dios lo arreglé con el banco y se me quedó debiendo a cero. Pero con las otras deudas, como el alquiler o las facturas, no podía, no podía. Se me iban acumulando, y la prestación seguía mermándose. Las deudas seguían creciendo, y la prestación bajando”, insiste. 

Finalmente, entre la coyuntura y la deuda acumulada, se le amontonaron 21.000 euros. “Si eres una persona responsable y quieres cumplir con tus obligaciones, esta situación te genera muchos nervios. A mí no me dio depresión, pero te da una enorme impotencia. Te machaca mucho saber que debes algo. Te mandan mensajes, te llegan notificaciones de los juzgados”, lamenta.

La trabajadora, que hoy vuelve a estar empleada en el sector hostelero, llegó por casualidad a la ley de segunda oportunidad: “Busqué por internet y encontré información, así que pedí ayuda. El proceso ha sido muy largo. Tuve que mandar mucha documentación. Se me ha hecho eterno. Empecé a ver la luz en enero de 2021. Hasta ayer”, celebra. “Esto te ayuda a pensar las cosas que vas a hacer en un futuro. Creo que se debe vivir sin deudas. Estoy feliz de empezar de cero”, celebra. 

2.000 peticiones diarias para acogerse a la ley

El caso de Martha Cecilia M. lo gestionó el despacho Repara tu deuda, creado en 2015 tras la aprobación de la ley de segunda oportunidad y especializado ad hoc en la exoneración de deudas. “El perfil del cliente es muy amplio. Desde el pequeño empresario que ha montado un negocio y no puede sobrevivir con la pandemia hasta personas de 20 años que recibieron préstamos de intereses abusivos y no pueden afrontarlos”, resume Alicia García, directora del despacho. 

Los requisitos para acogerse son amplios: ser insolvente, que la deuda no supere los cinco millones de euros, que hayan pasado al menos cinco años desde la última exoneración o no haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años. El límite de las deudas con la administración pública, Seguridad Social y la Agencia Tributaria, es de hasta 10.000 euros por organismo. Por último, hay que demostrar ser un deudor “de buena fe”: “Muchas veces el deudor se endeuda por desesperación”, señala García. 

Alicia García sostiene que reciben 2.000 peticiones diarias de lunes a viernes, de personas que piden asesoramiento para ver si se pueden acoger a la ley: “Es un proceso administrativo, el cliente no tiene que ir al juzgado. Somos nosotros los que hacemos el procedimiento. La mayoría, por suerte para ellas y también para nosotros, cumple los requisitos para acogerse”, explica. García considera que la subida de los tipos de interés provocará en poco tiempo otro escenario que puede desbocar las situaciones de vulnerabilidad económica en los hogares. La buena noticia es que se parte de un mínimo de morosidad del 3,8%, por lo que estamos lejos de cifras de la Gran Recesión, frente al 13,6% que había en 2013.

La ley de segunda oportunidad se reformó en septiembre, para transponer una directiva europea. Entre otros cambios, se ha agilizado el proceso eliminando una parte que contemplaba un intento de llegar a un acuerdo extrajudicial: “Nos hemos quitado una fase de notaría de asignación de mediación concursal y el propio proceso del acuerdo extrajudicial. Aunque es pronto para notar el cambio, se ha ganado tiempo”, explica Alicia García.

Otro cambio que, a juicio de la cofundadora de Repara tu deuda, ha acelerado el proceso, es el cambio del tipo de juzgado que gestiona estos procesos: “Cuando se aprobó la ley en 2015, el Gobierno determinó que estos casos los llevaran los juzgados de primera instancia, que no tienen ni idea de concursos de acreedores, porque esos los gestionan los juzgados de lo mercantil. Los juzgados estaban colapsados, eso ha hecho que muchos procesos se dilataran mucho”, expresa García, en referencia a que mucho de los beneficiados por la ley son emprendedores que ven colapsar sus proyectos empresariales por causas ajenas. 

“Una cosa muy buena de la reforma es que ahora los procesos sí los van a llevar juzgados de lo mercantil, que están acostumbrados a tratar este tipo de procedimientos. Además, se trata de casos que suelen afectar a personas físicas, no jurídicas, que tienen menos bienes, es más fácil de tramitar para ellos. Yo espero que esto agilice el proceso más todavía”, afirma la directora de Repara tu deuda. 

Ser un deudor "de buena fe"

N. G., una mujer de 70 años, acaba de ser beneficiada también por la ley de segunda oportunidad. “Me endeudé porque estafaron a mi marido”, explica a infoLibre. La murciana explica que su pareja tenía una empresa que trabajaba para un negocio de reparto radicado en Barcelona. “Le pagaban con cheques de pagarés a tres meses, hasta que un día dejaron de pagarnos. Mi marido tenía empleadas a algunas personas, y no podíamos pagarles”, explica. La empresa, que era su único cliente, dejó de pedirles servicios y les dejó a deber meses de trabajo que nunca les ha llegado a pagar.

“Pasamos de vivir muy bien a quedarnos sin nada. A mi marido le quitaron el coche. Los trabajadores que mi marido tenía contratados, el primer mes entendieron que no podíamos pagarles, pero luego empezaron a llamar para cobrar. Acabamos recurriendo a pequeños préstamos por separado para abordar estas deudas y para ir comiendo. Entre esto y el coste del despido de los trabajadores, generamos una deuda de unos 80.000 euros. Hubo días que apenas podíamos comer. El teléfono empezó a darme miedo”, explica la mujer, quien también recurrió a los servicios del despacho Repara tu deuda. 

Se embarcó en un proceso de cinco años, hasta que ha quedado libre de deudas con las entidades financieras. Ahora, está jubilada con una prestación no contributiva; él, de 60 años, diez menos que ella, ha encontrado trabajo de conductor. “Mi marido ha estado trabajando estos años recogiendo limones. Para un hombre mayor no es fácil encontrar trabajo”, lamenta. Hoy siente alivio por exonerarse de la carga, aunque su situación económica ya no es la de antes: “Jolín, hoy al menos llegamos al final del día. Fue demasiado duro”, lamenta.

“Todos conocemos a alguien que ha recibido una tarjeta de crédito de su banco, sin pedirla", explica la directora de Repara tu deuda. "¿Cuántas veces te llega un mail o un mensaje diciendo que tienes un préstamo preconcedido? Si estás vulnerable, haces clic. Luego piden intereses abusivos. Hemos visto TAE [Tasa Anual Equivalente, el precio añadido al devolver un préstamo] que no sabíamos ni que existía. ¡Un TAE de hasta del 3.500%!”, exclama. “Hay micropréstamos que a lo mejor te dejan 250 euros y tienes que devolver el doble en un mes, una cantidad que se va multiplicando. Estas personas necesitan una solución rápida. Gracias al mecanismo de la segunda oportunidad podemos poner fin a eso”, añade.

¿Deudores irresponsables o prestamistas irresponsables?

El caso de la septuagenaria N. G. responde a la definición de ser “deudor de buena fe”. Son los jueces los que deben decidir, según diferentes criterios: “La buena fe se deduce a contrario de la ausencia de determinadas circunstancias, por ejemplo, de no haber cometido determinados tipos penales, de que no sea culpable el concurso, que no se hayan cometido determinadas sanciones administrativas…”, explica a infoLibre Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y una defensora de la filosofía de la segunda oportunidad. 

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Matilde Cuena explica cómo decide un juez si una persona es “deudor de buena fe”, especialmente desde la última reforma de la ley: “La reforma ha introducido un concepto valorativo de la buena fe, es decir, el juez valorará cómo se ha endeudado el deudor, si ha sido irresponsable, teniendo en cuenta unos criterios objetivos que prevé la norma, como por ejemplo, si el deudor ha ocultado o no información de solvencia al acreedor”.

A través de la fundación Hay Derecho, de la que es vicepresidenta, la catedrática llevaba desde 2011 reclamando que España introdujera un mecanismo de segunda oportunidad, que sirviera de asidero a empresas y hogares que, por causas ajenas a su voluntad, no podían hacer frente a los pagos de sus deudas. La ley llegó en 2015: “Supuso un avance cualitativo en la regulación de la exoneración de deudas. Hasta la fecha hemos tenido un sistema que protegía a los acreedores y condenaba a la exclusión social a los deudores que por mala suerte devenían insolventes”, critica la catedrática.

Pese a que valora positivamente tanto la ley como su posterior reforma, sí critica algunos aspectos, como que la ley deje al margen el papel del prestamista: “La norma no atiende a la conducta del acreedor que yo considero muy relevante, ya que legalmente tiene obligación de conceder préstamos de carácter responsable con diligencia profesional. No es justo sancionar al deudor por endeudamiento irresponsable privándole de la segunda oportunidad y que el prestamista, que con toda probabilidad ha concedido préstamo irresponsable, no padezca ninguna consecuencia. Esperemos que los jueces apliquen esta norma con la mesura que requiere. Nadie gasta sin control si no hay un prestamista que concede esa financiación”, critica la catedrática.