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GESTIÓN PÚBLICA

Los trabajadores del Tribunal de Cuentas piden la dimisión de la mano derecha de su presidente por el nepotismo

La junta de personal del Tribunal de Cuentas ha pedido al pleno del órgano la destitución de Ana Puy Fernández, secretaria general y mano derecha del presidente, Ramón Álvarez de Miranda. Los representantes de la plantilla de funcionarios lo justifican por el “desempeño inadecuado” de Puy Fernández en el ejercicio de sus funciones. Aseguran que no es la persona “idónea” para el puesto al carecer del “perfil profesional” requerido: no es jurista, sino auditora. Y la hacen responsable tanto de las seis sentencias en que el Tribunal Supremo ha condenado al Tribunal de Cuentas por nepotismo, como de los problemas que afectan al edificio histórico donde tiene su sede y de los que han surgido con su mudanza provisional mientras se realizan unas obras que aún no han comenzado.

El escrito, aprobado por la junta de personal el pasado viernes, es una expresión más del malestar que cunde entre la plantilla del Tribunal de Cuentas desde que se hicieron públicos los casos de nepotismo, con un elevado número de empleados emparentados con altos cargos y representantes sindicales. La junta de personal acusa a la secretaria general de la “mala imagen” del Tribunal de Cuentas y de los “niveles históricos de desmotivación y descontento de los empleados”. Ana Puy, destacan, “no ha sido capaz de atajar el torrente de noticias negativas que se han publicado [sobre el órgano fiscalizador] en estos cuatro años.

Los representantes de la plantilla también explican que la secretaria general ha “incumplido sistemáticamente” las recomendaciones en materia de personal recogidas en un informe elaborado en julio de 2015 por el Tribunal de Cuentas Europeo junto con el Tribunal de Cuentas portugués, una auditoría externa realizada según el método de la revisión entre pares. Entre esas recomendaciones figura la de convocar oposiciones y concursos de méritos para ocupar vacantes, “reservando la libre designación para casos excepcionales y debidamente justificados”.

Seis sentencias por adjudicar plazas a dedo

En el último año y medio el Tribunal Supremo ha condenado al órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda hasta en seis ocasiones por su política de personal. Según fuentes consultadas por infoLibre, el Alto Tribunal aún tiene pendientes de resolver hasta cuatro recursos por las mismas irregularidades. Según aseguraba el sindicato UGT en un escrito dirigido a la plantilla este verano, el sistema de libre designación es “casi el único sistema utilizado desde hace años por el Tribunal de Cuentas para cubrir plazas del Grupo A1 [el más elevado dentro de la Administración]”.

De hecho, las sentencias del Supremo han anulado la adjudicación de plazas en el Tribunal de Cuentas por modificar los requisitos establecidos en las convocatorias para conceder los puestos a determinadas personas, entre ellas el hermano de un consejero, Javier Medina. También se impidió que alguna plaza fuera solicitada por los letrados y auditores de la institución, se suprimieron requisitos –como saber inglés y francés, y otros de carácter técnico–, se contrató previamente en comisión de servicios a la persona a la que se quería dar la plaza… En conjunto, el Alto Tribunal ha condenado al Tribunal de Cuentas a pagar un total de 47.000 euros en costas por las seis sentencias condenatorias.

El más reciente motivo de conflicto de los trabajadores con los responsables de la institución son las cámaras de vigilancia que se han instalado en la sede provisional de la calle de Ortega y Gasset de Madrid. Según la Junta de Personal, esas cámaras tienen como finalidad controlar a los empleados, no vigilar los accesos por motivos de seguridad. “Ya existen otros medios de control horario” de la plantilla, protestan los representantes sindicales en su escrito. Según las fuentes antes citadas, la secretaria general justificó la medida, meses después de haber instalado las cámaras, con un escrito enviado a la Agencia de Protección de Datos.

Polémico traslado de sede por unas obras sin ejecutar

El pasado mes de enero la plantilla del Tribunal de Cuentas fue trasladada de su sede histórica, un palacio del siglo XIX, a un edificio propiedad de Inmobiliaria Colonial, cuyo principal accionista es el Grupo Villar Mir. El alquiler de la sede provisional le cuesta a la institución 1,8 millones de euros al año. En principio, 550 trabajadores del Tribunal de Cuentas van a permanecer allí este año y el próximo. Pero las obras de rehabilitación del palacio, construido en 1860 según un diseño del arquitecto Francisco Jareño y Alarcón, aún no han dado comienzo. Aunque recibieron el pasado julio la licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid, según han confirmado a este periódico tanto el consistorio como la Dirección General de Patrimonio, los trabajos siguen sin ser ejecutados.

Apenas dos años antes, en 2014, la institución se gastó tres millones de euros, indica el escrito de la Junta de Personal, en arreglar el sótano del palacio, en un procedimiento que tacha de poco transparente. En el sótano tenía previsto la dirección instalar a 150 trabajadores, pero finalmente no pudieron ser más que la mitad por una “mala planificación”.

Con todo, los primeros meses de estancia de los trabajadores en la nueve sede del barrio de Salamanca tampoco fueron pacíficos. Llegaron a pedir a gritos la dimisión del presidente a la salida del edificio en una protesta improvisada. Se quejaban de la falta de espacio, de forma que hubo empleados que se encontraron sin puesto de trabajo al llegar allí, de soportar temperaturas de hasta 29 grados por problemas en los sistemas de climatización y hasta de los escasos tornos de acceso, que producían aglomeraciones a las horas de salida. Todo ello lo achacan los representantes de los trabajadores a la “absoluta falta de planificación y de negociación” por parte de la secretaria general, a quien acusan de carecer de un “perfil dialogante y negociador”.

Un portavoz del Tribunal de Cuentas se limitó a calificar el contenido del escrito de “cuestiones internas” que resolverá en su momento el pleno del órgano. Lo integran 12 consejeros –uno de ellos es el presidente– y el fiscal. La secretaria general tiene voz, pero no voto. Una de las funciones del pleno es, precisamente “elegir y remover libremente” al secretario general de la institución. Se reúne una vez al mes. El próximo está previsto para el día 24.

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