Miedo al colapso y víctimas en riesgo: los juzgados de violencia machista asumen sin medios delitos sexuales

Algunas dicen que se tienen que llevar el trabajo a casa los fines de semana, porque la falta de recursos hace imposible atender las necesidades de las víctimas con la rigurosidad que precisan. Hablan de una sobrecarga de trabajo "salvaje" que ya está presente en los juzgados de violencia sobre la mujer, y por eso temen que a partir de octubre la situación se haga insostenible. Ellas son las juezas de los juzgados de violencia sobre la mujeres, quienes este lunes han emitido un comunicado denunciando la falta de recursos para asumir los delitos sexuales que aterrizarán a partir de octubre en sus tribunales.

Son claras: no se oponen al abordaje de este tipo de delitos, e incluso defienden fervientemente que son ellas quienes están capacitadas para hacerlo, sino que reclaman medios para poder hacerlo bien. Auxiliadora Díaz, jueza en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Las Palmas de Gran Canaria y una de las firmantes, se esfuerza en subrayarlo. "Es coherente que esto se asuma por parte de los juzgados de violencia. No es por un capricho del legislador, sino porque así lo establece el Convenio de Estambul", abunda en conversación con este diario. "Debemos ser competentes en los otros rostros de la violencia, con independencia del vínculo afectivo", insiste Díaz.

El mismo convenio es citado por Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Getafe (Madrid). "Conforme a nuestra normativa interna, solamente conocemos la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, pero el Convenio de Estambul habla de cualquier violencia que recaiga sobre las mujeres, igual que la ley del ‘sólo sí es sí", expone la jueza. La violencia sexual que pasarán ahora a investigar incluye trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzados, acoso y agresiones a niñas, perfilan las juezas. Temen no estar en condiciones para asumir el mandato, como consecuencia de la falta de recursos materiales y humanos. 

Riesgo para las víctimas

El temor está sobradamente justificado, porque ya parten de una situación de relativo colapso, según indican las magistradas consultadas. "Tenemos ya una carga de trabajo salvaje", asiente Díaz, por lo que una vez asumidas las denuncias de violencia sexual "se produciría una falta de atención a las víctimas". Porque esa atención "lleva tiempo", continúa la jueza, una tarea especialmente sensible cuando se trata de "mujeres vulnerables y situaciones de violencia graves".

En el tiempo en que los magistrados resuelven los asuntos que llegan a sus tribunales, cientos de mujeres tendrán que aguardar a que le concedan una orden de protección y otras tantas convivirán con la incertidumbre de no saber si su maltratador pagará la pensión de los niños. Según los jueces denunciantes, existe evidencia de que los juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones de las víctimas, precisamente por esa sobrecarga que sufren.

Así lo acredita García: "Hablamos de mujeres maltratadas, de sus vidas y las de sus hijos". En ese contexto, el tiempo puede ser clave para su protección y cualquier demora podría tener consecuencias irreversibles. Los efectos, pronostica la jueza, irán en dos direcciones: la renuncia masiva de los jueces especializados e el incremento del riesgo para ellas. 

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El Ministerio de Justicia estima que la carga extra rondará el 20%, aunque las juezas calculan que podría llegar a ser el doble. En el comunicado, los magistrados recalcan la promesa del departamento de Félix Bolaños de reconvertir "las secciones de instrucción en secciones de violencia sobre la mujer", en caso de que fuera necesario, pero lamentan que esta puesta en funcionamiento se produciría, según el dictado de la Ley de eficiencia de la Justicia, a partir de diciembre. Así que se preguntan qué ocurrirá en los tres meses que median entre la asunción de competencias, en octubre del presente año, y la citada reconversión.

"Es necesario que se reconviertan más juzgados", expone Auxiliadora Díaz. Pero además, que se exija formación: "El escalafón por sí solo no es elemento suficiente para estar en un juzgado, hace falta perspectiva de género, conocimiento en victimología y en infancia". No basta, subraya, con un simple "curso de tres días, sino que es necesaria formación adecuada y evaluable".

Cira García invita a hacer memoria, para evidenciar una situación que cataloga como de marginalidad y desprecio: "Con las cláusulas suelo se crearon juzgados específicos. Parece que con otros asuntos no hay problema. Aquí llevamos prácticamente veinte años con los mismos juzgados y quienes más sufren son las víctimas". En esos años se da la circunstancia de que las denuncias no han dejado de crecer y sin embargo un 35,7% de mujeres ni siquiera tienen acceso a juzgados especializados exclusivos, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).