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El Gobierno amplía las funciones del Observatorio de Violencia contra la Mujer más allá de la de género

Cartel contra la violencia machista.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto por el cual se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y las amplía para, entre otras, ensanchar sus funciones más allá de la violencia de género, es decir, la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, según informa Europa Press.

Esto supone incluir las violencias hacia la mujer previstas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por España en 2014, así como a la atención de la situación de las hijas e hijos menores y de las personas sujetas a tutela, guarda, o custodia de las mujeres víctimas.

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Según ha explicado el Ejecutivo, uno de los objetivos de esta medida es aumentar la composición del Observatorio "con el fin de tener una representación más completa de los diferentes sectores sociales relacionados con la lucha contra la violencia sobre la mujer por razón de género". Se pretende, según ha indicado, impulsar este órgano "como un auténtico foro de debate, análisis y evaluación de las actuaciones que se lleven a cabo en esta materia".

Otros de los objetivos mencionados es el de adecuar las denominaciones de ministerios y órganos a las sucesivas reestructuraciones de los departamentos ministeriales; eliminar las referencias a la División de Estudios e Informes, que fue suprimida por el decreto que se desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad; y adaptar el régimen jurídico del Observatorio a las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se regulan los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, entre ellos, aquellos en los que participen organizaciones representativas de intereses sociales.

Por último, el Gobierno indica que también se pretende revisar el texto para utilizar un lenguaje no sexista tal como establece como criterio de actuación de todos los poderes públicos la Ley de Igualdad.

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