Madrid ultima la fusión de su red de igualdad y violencia machista pese a las protestas de las trabajadoras

Verano de 2025. Las trabajadoras de la red municipal contra la violencia machista de Madrid se concentran frente al Ayuntamiento. Protestan por las condiciones, la precariedad y la falta de recursos materiales, como habían venido haciendo hasta entonces, pero esta vez lo hacen también por la anunciada pretensión de la corporación local de fusionar los servicios de igualdad y los de atención a víctimas. Siempre con la mirada puesta en las mujeres, aquello les alarma profundamente. Un año después, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ultima el plan de unificación de los recursos, a pesar de las protestas de las profesionales.

Esta semana el Ayuntamiento de Madrid ha convocado el concurso para externalizar la gestión de los nuevos Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM). Y la justificación que plantea sigue sin convencer a las trabajadoras. En los documentos oficiales, el consistorio expone que la creación de los espacios "conlleva la reorganización e integración en un único modelo de intervención de diversos recursos municipales actualmente existentes". Los centros se configuran así como "los recursos municipales de referencia", integrando en una única red "las actuaciones que actualmente se desarrollan de manera diferenciada". 

Siguiendo esta línea, los centros se perfilan como herramientas pensadas para "promover la autonomía y participación de las mujeres a través de su empoderamiento integral", pero también para "prevenir, detectar y atender de manera integral a mujeres víctimas de género y sus hijos". Los pliegos del contrato público detallan las condiciones para la gestión de dieciocho centros por un presupuesto estimado de 22 millones de euros. El contrato se iniciará en enero del año que viene y tendrá una duración de dos años. 

"Esto no tiene ningún tipo de sentido", expresan las trabajadoras que llevan días examinando la licitación. "La motivación del Ayuntamiento para crear los centros se cae por su propio peso", asegura en conversación con este diario una de las profesionales, quien mantiene que la intención consistorial pasa por "desmantelar" la red. Así llevan expresándolo las trabajadoras desde hace meses, primero a través de concentraciones periódicas y después haciendo uso de la huelga. Entienden que fusionar ambos recursos no conlleva un refuerzo real, sino al contrario: renunciar a tener dos redes diferenciadas tendrá un impacto negativo en el trabajo ya consolidado. 

Con este paso se pierde, a su juicio, el modelo organizativo actual, con equipos, identidad y proyectos propios. Fuentes especializadas en políticas públicas de igualdad y violencia machista explican que esta decisión "lo que hace es debilitar el modelo, porque la clave es que nadie tenga que llegar a los recursos de violencia, sino que la igualdad y la prevención vayan por otro carril".

Esa línea precisamente buscaba explorar, hace una década, el Institut Català de les Dones. El organismo encargó una evaluación sobre el funcionamiento en suelo catalán de los espacios municipales de información y atención a las mujeres, servicios dedicados a la promoción de la igualdad pero que también venían detectando situaciones de violencia y realizando labores de acompañamiento a víctimas. Entre sus conclusiones, el diagnóstico advirtió de una circunstancia: la presión derivada de la atención a víctimas tiende a relegar el trabajo de las profesionales dedicadas a la igualdad. Es decir, allí donde conviven ambas labores en un mismo espacio, es habitual que se priorice el abordaje de la violencia machista, desatendiendo el otro eje. 

Las conclusiones fueron expuestas en 2015 en el Parlamento de Cataluña por Míriam Sol, directora de proyectos de la cooperativa Spora Sinergies: "Ante la presión de la violencia machista, estos servicios dejan de lado otras tareas que les son asignadas, como son las políticas de igualdad o la intervención comunitaria", asentía la experta ante los parlamentarios. Aquellas reflexiones volvieron a quedar plasmadas, más recientemente, en el Plan estratégico de políticas de igualdad de género del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (2019-2022): "Al centrarse en la atención a la violencia machista, se descuida el trabajo por la igualdad y los derechos de las mujeres, quedando relegado como consecuencia de la carencia de recursos especializados". Es, precisamente, una de las cuestiones que denuncian las trabajadoras madrileñas.

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En octubre abrirá el primer centro mixto, en el distrito de Puente de Vallecas, pese a las protestas escenificadas también por los vecinos. La implantación del nuevo modelo será progresiva, tal y como afirman fuentes consistoriales. Otros dieciocho abrirán en enero del año que viene y los dos restantes –los del distrito Centro y Moncloa-Aravaca– lo harán "más adelante", aunque "todavía no se ha concretado fecha". Los centros, aclaran las mismas fuentes, atenderán a todas las mujeres de la ciudad, con independencia del distrito del que sean. En añadido, se creará una puerta única de entrada que "coordinará el acceso a recursos especializados en situaciones de urgencia y, en su caso, podrá valorar la necesidad de ofrecer alojamiento protegido a la víctima". 

El Ayuntamiento argumenta que la integración de los dos recursos "permitirá avanzar hacia un modelo de intervención más eficaz, coordinado y accesible", mejorando la calidad de la intervención "gracias a procesos únicos y en un mismo espacio que facilitarán la coordinación entre departamentos y profesionales". Las fuentes consultadas aseguran además que se incrementará la plantilla, incorporando otros 44 trabajadores con respecto a los que prestan servicio ahora mismo.

Madrid no será el único territorio en el que los recursos estarán integrados en una misma red, pero la capital sí es pionera a la hora de decidir fusionar dos prestaciones que originalmente habían sido diseñadas como herramientas autónomas. En ciudades como A Coruña, Sevilla o València, un mismo espacio puede dedicarse a la promoción de la igualdad y atender situaciones de violencia machista. En el extremo opuesto, ciudades como Barcelona, Málaga o Donostia apuestan por una atención coordinada pero diferenciada.