La economía depende cada vez más de los migrantes mientras PP y Vox quieren limitar su entrada y estancia

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha acaparado toda la atención este mes de agosto y ha llevado más allá de España el debate sobre el papel que juegan las personas que vienen a trabajar a Europa. Además de las cuestiones geopolíticas que conlleva esta crisis, el tránsito de personas entre fronteras está siendo uno de los puntos centrales en el diseño de políticas a uno y otro lado del arco político. Mientras PP y Vox critican duramente la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno, piden repatriaciones o solicitan que prevalezca la prioridad nacional, el Ejecutivo ha apostado por un enfoque más abierto a la acogida y a la integración.

El dilema se da en España, pero también se discute de forma acalorada en la Unión Europea. Después de la entrada ilegal de miles de personas en Ceuta, los líderes de 22 países miembros advirtieron que medidas como la regularización de un "número muy elevado" de migrantes pudo operar como "factor de atracción" y apuntaban a la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba unas expulsiones automáticas (devoluciones en caliente) concretas como un posible factor desencadenante. Sin embargo, los números apuntan a que quienes llegan a Europa cada vez tienen un papel más relevante en el desarrollo económico.

En el reverso de esta crisis humanitaria y política también hay una cuestión financiera, y es que los migrantes están empujando las economías de muchos países europeos. A finales del año pasado, el diario económico británico The Financial Times elogió el crecimiento de la economía española y aludió a la migración como factor clave. En aquel momento señalaba que "el mayor motor de España ha sido la migración" y su "enfoque más liberal" para abordarla, aunque advertía de que el impulso que había dado al mercado laboral corría el riesgo de perder efecto si el Gobierno no “brinda el apoyo adecuado” a estas personas en lo relativo a la integración y a la vivienda.

Cortar la entrada de inmigrantes —no hablemos de hacer que regresen a sus lugares de origen— provocaría un colapso de nuestra economía

“Hoy queda fuera de duda que la inmigración es positiva para la economía, es necesaria, es imprescindible”, subraya Juan Antonio Fernández Cordón, economista, demógrafo y miembro de Economistas Frente a la Crisis. “Un aumento de la fecundidad tardaría más de 20 años en incidir sobre el mercado de trabajo. Cortar la entrada de inmigrantes —no hablemos de hacer que regresen a sus lugares de origen— provocaría un colapso de nuestra economía y un encogimiento mortal de nuestra población”, explica. 

Si observamos el empleo, en España trabajan 3,5 millones de personas con nacionalidad extranjera, 420.875 más que hace un año, lo que supone que este colectivo aporta un 15,6% del total de la fuerza laboral. Según un análisis elaborado por BBVA Research titulado Tendencias recientes de la inmigración a la UE, somos uno de los países, junto con Irlanda y Portugal, que “destacan por la fuerte contribución de los extranjeros al crecimiento económico reciente”. “Sin inmigración, la fuerza laboral habría disminuido en casi todos los países de la UE, siendo más crítica la corrección en España, Portugal, Alemania y Austria”, señalan los analistas de BBVA Research.

A nivel económico, la pirámide de población española comienza a ensancharse preocupantemente en el extremo superior y a estrecharse en la base, donde deben aparecer los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que aportan cotizaciones nuevas. De hecho, el informe de BBVA apunta que estos flujos migratorios “han sido fundamentales para compensar el declive demográfico de la población nativa”. Si miramos sectores como la hostelería, se ve que más de un 27% de la mano de obra es extranjera; en construcción rondan el 20%; y en transportes o actividades administrativas superan el 15%.

Otro flanco es la contribución de las personas que llegan a trabajar en el crecimiento del país. El análisis de BBVA subraya que el aumento de la población en edad de trabajar nacida en el extranjero ha compensado con creces la caída de la población nativa, “representando el 40% del crecimiento medio del PIB en la UE entre 2022 y 2025”.

Aunque es difícil estimar el impacto que tendría en la economía una política migratoria mucho más restrictiva, conseguir que haya más trabajadores integrados y que estos puedan reclamar legalmente condiciones laborales adecuadas o salarios dignos mejora también su capacidad de consumo y repercute en el dinamismo de la economía. De ahí que casi todos los informes subrayen los efectos positivos.

El propio Banco de España lo puso de relieve en un análisis. La entidad sostiene que si entre 2022 y 2024 el ritmo medio de avance anual del PIB per cápita en España fue del 2,9%, la aportación media directa de la población extranjera a este crecimiento se situó entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. Además, refuerza la idea de que una mejor integración favorece el crecimiento. Es decir, quienes pueden formarse, reclamar derechos laborales, acceder a un préstamo u optar a puestos cualificados impulsan el consumo interno, uno de los motores del crecimiento económico en España.

En cambio, para quienes se ven obligados a estar en situación irregular, las cosas cambian. Los derechos laborales se ven comprometidos y aflora el empleo irregular. Desde Accem explican a infoLibre que esa es una circunstancia con la que las ONG de ayuda a migrantes lidian habitualmente. Para ellos hay dos realidades, la de un mercado laboral que les reclama mano de obra en sectores como la agricultura o la hostelería y que se encuentra con trabas burocráticas para contratar; y por otro, la de “personas que habían trabajado de forma irregular por la imposibilidad o falta de voluntad de hacerles un contrato y que ahora pasan a situación regular, con la consecuente cotización a la Seguridad Social y el aporte al estado del bienestar”.

El éxito de los discursos antiinmigración, apunta Fernández Cordón, se apoya en dos factores: “El primero es que resulta fácil convencer a los que sufren las penurias que crea el capitalismo desbocado (deterioro de los servicios públicos, vivienda inalcanzable…) de que la culpa es de los que vienen de fuera, con religiones y costumbres distintas. El segundo, es que no interesan unos inmigrantes con derechos, que cobren salarios adecuados y reclamen condiciones de vida dignas”. 

Rechazar la regularización o eliminar el arraigo: las ideas de PP y Vox

Las propuestas de PP y Vox apuntan hacia una política excluyente en lo que tiene que ver con la inmigración. Por un lado, ambas formaciones se han mostrado críticas con el proceso de regularización extraordinaria. Además, proponen limitar el concepto de arraigo, de forma que sean menos quienes puedan solicitar un permiso de residencia por sus vínculos culturales o laborales con España, y esta figura solo se pueda aplicar con “carácter excepcional”.

En cuanto a las devoluciones, proponen flexibilizarlas en el caso de los menores, de forma que estos vuelvan a su país de origen siempre que existan datos familiares, promoviendo, señalan, “el retorno y la reunificación familiar”. También aquellos migrantes que cometan delitos podrán perder automáticamente su residencia o ser retornados aun estando en situación regular.

En el plano económico, tanto PP como Vox apuntan que los flujos migratorios tensionan los servicios públicos. La Fundación Disenso, ligada al partido ultra, apuntaba que la llegada de personas de otros países consumía más servicios sociales de lo que aporta fiscalmente, una información difícil de demostrar a la luz de los datos de empleo, de las estimaciones del Banco de España, de las patronales o el propio informe de BBVA.

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En el lado opuesto a estas propuestas se coloca también el ámbito sindical, que aboga por políticas abiertas y advierte, en un comunicado publicado este jueves, "de los riesgos de situar el control migratorio por encima de la gestión social y laboral", apunta UGT.

La pregunta que surge es si en este contexto —donde quienes llegan de fuera están jugando un papel cada vez más relevante en el crecimiento económico— cabe plantear una política migratoria que dificulte la adquisición de permisos o la integración, poniendo así en peligro el crecimiento o la mano de obra en sectores altamente dependientes de estas personas.

“La lógica exige que se acepte y se organice [el flujo migratorio]. Pero la lógica y el bien común no es lo que caracteriza al capitalismo crepuscular que rige nuestras vidas. Un capitalismo que acabará devorando a todo el que no viva de rentas”, concluye Fernández Cordón.