El #MeToo ha forzado a Japón a reconocer las violencias ejercidas contra las mujeres
Diciembre de 2025. El ambiente en la sala de prensa es tenso. La invitada de hoy es la periodista Shiori Itō, que viene a presentar su película Black Box Diaries. Tras publicar un libro, la joven narra en la gran pantalla el calvario que supuso reconocer que había sido violada en el marco del juicio contra su agresor, el periodista Noriyuki Yamaguchi, cercano al ex primer ministro Shinzō Abe (asesinado en 2022).
La trayectoria de Shiori Itō es única en la historia del archipiélago, donde presentar este tipo de acusaciones a cara descubierta es algo muy poco habitual. Se necesita un valor extraordinario para plantar cara y hacer valer sus derechos en un contexto social y político así: “Solo quería decir la verdad”, afirma Shiori Itō en su película.
Su historia, su valentía y su tenacidad —ampliamente respaldadas por las feministas que llevan décadas luchando por una mejor protección de las víctimas de violencia sexual— darán lugar a una modificación de la ley en 2017 (ver último apartado). Shiori Itō consigue que Noriyuki Yamaguchi sea condenado en un juicio civil que tuvo gran repercusión mediática.
En 2018, las mujeres salieron a la calle para denunciar la violencia sexual que habían sufrido, con una flor en la mano: las Flower Demo (manifestaciones de las flores) fueron un momento de intensa catarsis y sumamente conmovedor, tanto en Tokio como en el resto de Japón. Muchas mujeres se atrevieron entonces a hablar de su violación por primera vez. El movimiento #MeToo en Japón parecía haberse puesto en marcha. “En Japón, #MeToo se convirtió en WithYou para hacer hincapié en el colectivo”, destaca la historiadora Chelsea Szendi Schieder.
Pero nueve años después, ¿en qué punto nos encontramos realmente? En la época de Shiori Itō, la justicia exigía a la víctima que demostrara que había sido agredida, que demostrara que no había dado su consentimiento y que justificara por qué no había podido resistirse. En 2017, la ley se modificó por primera vez desde 1907, redefiniendo los conceptos de violación y agresión sexual, y ofreciendo una mayor protección a las menores. Pero, según una encuesta gubernamental de 2020, una de cada catorce japonesas sigue declarando haber sufrido alguna vez una relación sexual forzada.
Abrumadas por la vergüenza y desanimadas por el proceso judicial, muchas mujeres no presentan denuncia. Los casos judiciales difundidos por los medios de comunicación también les dan la impresión de que la denuncia puede no servir de nada.
En diciembre de 2024, un juez del tribunal de Osaka absolvió a dos estudiantes de medicina que habían violado a una compañera de clase: el juez consideró que las imágenes de la violación, que había sido grabada y en las que se veía a la joven decir “No”, “Parad, por favor” y “No puedo respirar”, no constituían pruebas suficientes de la expresión de su falta de consentimiento. “¿Qué más hace falta?”, gritaron al unísono las activistas feministas, que se movilizaron de inmediato bajo la pancarta “No Means No” (no significa no).
Cultura de la violación
Las activistas insisten en otro problema importante relacionado con este caso: la cultura de la violación está tan arraigada que llega incluso a los tribunales. En este caso, el dolor de las mujeres, el grito de una mujer que dice “no”, es considerado por algunos hombres como un factor de excitación. De hecho, el término yamete (basta) se utiliza mucho en la pornografía japonesa, especialmente propensa a difundir la cultura de la violación. En el vídeo del delito, los agresores de la joven, de 27 y 28 años, llegan incluso a afirmar: “Se supone que a las mujeres les gusta el dolor” y “A los hombres les gusta más cuando les dicen que no lo hagan”.
El 29 de mayo, una mujer presentó una denuncia contra un fiscal del tribunal de Tokio, alegando que su estado psíquico se había deteriorado después de que se le acusara de haber realizado declaraciones falsas durante una vista celebrada en 2023, según una solicitud facilitada a la AFP. En su declaración, la denunciante, cuya identidad no se ha revelado, afirmó que el fiscal le había dicho que el acto se había cometido “simplemente con el dedo y en la boca” y que ella “no había mantenido relaciones sexuales”. Eso hizo caer a la víctima en un estado de enorme desesperación.
Tanto los tribunales como los servicios policiales siguen fallando a la hora de ayudar a las mujeres víctimas de violencia. En diciembre de 2024, una joven murió en Kawasaki a manos de su expareja, tras haber denunciado a la policía nueve episodios de acoso en quince días. “Su familia tenía registro de las llamadas”, explica Elif Erdogan, feminista turca que dirige la web Japan Femicide Tracker junto a Kazuna Yamamoto y otras activistas japonesas. “La policía no podía decir que no lo sabía.”
Hoy en día, Japón debe afrontar seriamente el tema de los feminicidios
Al día siguiente de este feminicidio, la policía puso en marcha un sistema de vigilancia para las mujeres que quisieran denunciar acoso, “pero aún no es eficaz”, lamenta Elif Erdogan, quien añade: “Desde entonces se ha producido el feminicidio del Pokémon Center, y la policía, aunque acudió en ayuda de la víctima, no pudo impedir el asesinato”. En marzo, una joven empleada del Pokémon Center de Tokio fue apuñalada hasta la muerte por su exnovio, quien se suicidó tras el asesinato. Tenía unos veinte años y se encontraba bajo protección policial.
“Hoy en día, Japón debe afrontar seriamente el tema de los feminicidios, por eso pedimos que se proteja más a las mujeres de la violencia en la Constitución”, explica Elif Erdogan. Sus datos recogen 122 feminicidios en 2024, 141 en 2023, 122 en 2022 y 151 en 2021. En el 55,6% de los casos se trata de un feminicidio cometido por una expareja. “Se ha producido un claro aumento desde la época del covid-19”, observa. Una violencia rampante contra las mujeres ante la cual a Japón le cuesta abrir los ojos.
Hoy en día no existen datos ni estadísticas oficiales sobre los feminicidios. Los medios de comunicación califican algunos casos de asesinatos misóginos, es cierto, pero sin establecer realmente un vínculo con la violencia sistémica. En 2021, el atentado en la línea Odakyū sumió a Japón en el pánico: un hombre de 36 años, Yusuke Tsushima, apuñaló a varias mujeres en el metro porque “parecían felices”. Unas jóvenes feministas querían denunciar la violencia sistémica de género, pero ninguna mujer murió a causa de sus heridas en el metro ese día, a pesar de que utilizaron el término “feminicidio”. Por este motivo, "se ignoraron sus voces. Sin embargo, habían puesto el dedo en la llaga de algo fundamental", observa Elif Erdogan.
Discriminación y acoso
“Japón no cambia. Siguen produciéndose las mismas discriminaciones”. A finales de la década de 1990, fue un feminicidio lo que inspiró Monstruoso, el thriller de la famosa escritora Natsuo Kirino. Estamos en 1997 y la novelista quedó marcada por el asesinato de Yasuko Watanabe, de 39 años, directiva de Tepco. El caso conmociona a todo el archipiélago: licenciada por una prestigiosa universidad, Yasuko Watanabe consigue un puesto directivo en una gran empresa. “Era una ‘mujer de carrera’, un perfil poco habitual en aquella época. Se implicaba mucho en su empresa, hasta el punto de ponerse enferma. Pero, por ser mujer, a menudo se le asignaban tareas que no le correspondían, como encargarse de los bentos”.
Una noche, la encontraron muerta en una calle. “Nunca se supo quién la había asesinado. Pero se supo que por las noches, tras su jornada laboral, se dedicaba a la prostitución.” La percepción que se tiene de ella cambia por completo y borra sus dificultades profesionales. Natsuo Kirino continúa: “La cuestión del acoso se ha tomado en serio, pero las leyes contra el acoso no protegen lo suficiente a las mujeres en el ejercicio de sus funciones”, una vez más, “no se tiene suficientemente en cuenta la cuestión de género, cuando son las mujeres las que más lo sufren”.
Aunque el acoso sexual está prohibido en la empresa, se sancionan los comportamientos de los hombres que utilizan un lenguaje o adoptan conductas de carácter sexual no deseadas. Pero no se sanciona la presión para aumentar el rendimiento, por ejemplo, subraya la investigadora Swee-Lin Ho en un artículo titulado “La nueva ley japonesa contra el acoso y la paradójica legitimación del acoso laboral hacia las mujeres ejecutivas”, publicado en 2024.
“Las activistas japonesas se han movilizado mucho en torno al #MeToo y también han hecho todo lo posible en estas cuestiones”, añade Natsuo Kirino. “La joven periodista Shiori Itō también ha luchado mucho. [Pero] en Japón, los grupos de activistas se fragmentan cuando están divididos y no se ponen de acuerdo en un tema: esto ya se observó en la década de 1970, y no solo en los círculos feministas, sino en todos los grupos activistas”.
Volvemos a la sala de prensa de Shiori Itō. Black Box Diaries, nominado a los Óscar en 2025, un reconocimiento sin precedentes para un documental japonés, causa sensación. La sala está llena, pero no por las razones que uno imagina. La polémica está en pleno apogeo y la película de Shiori Itō divide a la opinión pública. El uso de imágenes sin autorización previa ha alcanzado tales proporciones que ha ahuyentado a los distribuidores, ha retrasado el estreno en Japón más de un año y ha llevado a antiguas aliadas a volverse contra la joven periodista, acusándola de falta de ética. “Antes de juzgar, me gustaría que vieran esta película”, implora la directora, mientras le llueven críticas.
“Siento un profundo respeto por la lucha que ha librado Shiori Itō, siempre la he apoyado, pero no hay que olvidar que muchas activistas han luchado a su lado”, explica Akiko Matsuo, activista y editora feminista. Durante su juicio tuvo lugar la revisión del Código Penal, pero también fue, sobre todo, fruto de la lucha de numerosas activistas que se han movilizado durante años, incluso décadas. “No se las ha tenido en cuenta. Esta película también habría sido una bonita forma de poner un poco más de relieve la perspectiva interseccional de la lucha feminista japonesa. Es triste que hayamos llegado a esto.”
Hay mucha división en torno a esta película. Otros temas han sido especialmente polémicos en los últimos años, como el trabajo sexual y el tema de la inclusión de las personas transgénero. Se ha extendido el discurso de odio hacia las mujeres transgénero. Los círculos feministas también se enfrentan al regreso al poder de la política impulsada por Shinzō Abe, de la que Sanae Takaichi se erige en heredera. La primera ministra no hará de los derechos de las mujeres su prioridad.
Y a pesar de su política abiertamente belicosa, muchas jóvenes japonesas ven en su elección y su acceso al cargo de primera ministra una victoria sobre el sistema patriarcal. Según una encuesta de la Nippon Foundation realizada a finales de 2025, el 44,4% de las adolescentes japonesas encuestadas expresaron sus nuevas esperanzas respecto a la elección de Sanae Takaichi. Esta les promete seguridad, manejando los hilos del femonacionalismo con su política excluyente, especialmente en lo que respecta a la inmigración y a las comunidades LGTBIQA+.
En 2025, Japón ocupaba el puesto 118 de 148 países en materia de igualdad de género, según el informe anual del Foro Económico Mundial. El último puesto entre los países del G7.
Revisión del Código Penal
El Código Penal fue revisado parcialmente mediante la Ley 72/2017. Se trataba de la primera revisión en este ámbito en 110 años: las feministas habían luchado durante décadas para conseguirla, una movilización que se aceleró al salir a la luz las deficiencias del Código Penal en el marco del mediático juicio a Itō. La modificación permitió redefinir la violación como una relación sexual forzada, ampliar su definición e incluir la penetración anal y oral (hasta entonces solo se reconocía la violación por penetración vaginal).
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La revisión también elevó la pena mínima prevista por la ley e introdujo nuevos delitos de atentado contra el pudor y de relaciones sexuales cometidas por una persona que tiene la custodia de una víctima menor de 18 años. Las relaciones sexuales forzadas y el atentado contra el pudor por coacción pasaron a ser delitos perseguibles de oficio.
En 2023, el delito de “relaciones sexuales forzadas” se modificó por el de “relaciones sexuales no consentidas”. La edad legal de consentimiento, es decir, la edad por debajo de la cual cualquier relación sexual constituye un delito, se elevó de 13 a 16 años. También en 2023 se modificaron los requisitos para que se consideren agresión la intimidación y la incapacidad para resistirse: ahora se considera que la falta de consentimiento puede expresarse de otras formas.
Traducción de Miguel López
