Cómo fue la compra del ático, quién la pidió y para qué: lo que busca tapar el "chao pescao" de Ayuso

Las crisis suelen terminar marcadas por una frase que persigue a sus protagonistas. Lo sabe bien Esperanza Aguirre. "Solo dos altos cargos me han salido rana", decía acorralada por la corrupción del PP de Madrid. O Cristina Cifuentes, que en plena polémica por su máster universitario lanzó aquel "no me voy, me quedo". Estas palabras se quedaron como irónico epitafio político. Ahora, ocho años después, habrá que ver si ocurre lo mismo con el "chao pescao" de Isabel Díaz Ayuso. Una frase que amenaza con convertirse en un potente eslogan electoral para la oposición y con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid trata de cerrar la crisis del ático que, un mes después de su inicio, acumula una montaña de preguntas sin respuesta.

El pasado 14 de abril el Gobierno de la Comunidad de Madrid compró un imponente ático en Chamberí, uno de los barrios más caros de la capital y que ha visto crecer a la líder del Ejecutivo regional. La operación, que se hizo a través de la empresa pública Planifica Madrid, se cerró en 6,3 millones de euros. El inmueble cuenta con 485 metros cuadrados, con más de 200 de terraza. Y está ubicado justo frente al edificio en el que se encuentra el piso que los padres de Díaz Ayuso donaron a su hija apenas dos meses antes de que la empresa de la que formaban parte no pudiera hacer frente al primer pago de un préstamo que habían solicitado a la entidad semipública Avalmadrid. Un dato que levantó no pocas suspicacias.

La compra del inmueble se mantuvo en secreto durante meses. En los presupuestos para el año 2026 de la empresa pública no se hizo constar la intención de adquirir una propiedad de estas características, a diferencia de la publicidad que se dio en su día a la compra de Velintonia, casa del poeta y Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre. El ático, además, se escapaba de lo habitual en relación a las propiedades en poder de Planifica Madrid, cuya cartera inmobiliaria suele estar integrada por oficinas y naves industriales. Pero la publicación de la operación en El País hizo que saltara todo por los aires. Y desató una profunda crisis que creció al calor de las erráticas explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo madrileño.

Al diario se le dijo, en un primer momento, que el inmueble sería utilizado como "oficina" temporal de la presidenta y "un mínimo equipo" mientras se acometía una reforma en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. Lo mismo que el 8 de abril, seis días antes de la formalización de la compra, se trasladó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión "informal" que mantuvo en la Puerta del Sol con el Ejecutivo de Ayuso. Luego, matizaron que la decisión aún no estaba tomada. "No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá", resaltó la presidenta, que llegó a decir que el inmueble serviría para "reuniones institucionales".

El problema es que ese ático no puede utilizarse como oficina. En Planifica Madrid conocen perfectamente los límites que establece la normativa municipal, ya que en el último año han puesto a la venta algún inmueble alegando, entre otras cosas, la imposibilidad de obtener licencia para ello. Sí es posible, sin embargo, destinar el inmueble a uso residencial. Sin embargo, Ayuso negó tajantemente que fuera a utilizarlo como vivienda. "No es mi casa, no es mi residencia. No le han comprado a Ayuso nada", ha repetido una y otra vez. La normativa urbanística también pone en cuestión, según han expuesto algunos expertos en la materia, que el ático pueda ser utilizado como residencia oficial.

¿Por qué buscar áticos y no oficinas? ¿Por qué el más caro? ¿Quién ejecutó la operación?

A las pocas horas de conocerse la compra, y en un movimiento desesperado por taponar cuanto antes la herida, el Ejecutivo autonómico anunció que vendía el inmueble. "Está en venta, chao pescao", zanjaba la presidenta, que insistía en que ya estaba "todo" dicho sobre la operación. Pero lo cierto es que las preguntas sin respuesta se acumulan sobre la mesa. ¿Para qué se adquirió el piso si no podía destinarse a oficinas y, supuestamente, tampoco iba a ser utilizado como vivienda por Ayuso? ¿Por qué sólo se encargó a una inmobiliaria de lujo buscar pisos grandes y con terraza en Chamberí o alrededores y no locales u oficinas? ¿Por qué no se optó por un alquiler o por algún otro espacio que ya fuera propiedad de la Comunidad de Madrid, como hizo Alberto Ruiz-Gallardón a finales de los noventa?

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La respuesta a algunas preguntas puede encontrarse en la documentación relativa a la compra. Papeles que deberían detallar al milímetro cómo fue la operación y que también podrían aclarar, entre otras cosas, por qué motivo se decantaron por el ático de 6,3 millones y no por otro inmueble con similares características pero fuera de Chamberí que, según El País, se les ofreció por 4 millones. Más Madrid ya ha solicitado desde el informe económico-financiero o análisis de viabilidad hasta la tasación o escritura pública del inmueble. Pero la empresa pública, por el momento, ha ampliado el plazo para responder a la petición de transparencia escudándose en el "elevado número de solicitudes" sobre este asunto.

Otra cuestión que aún no está clara es quién dio la orden de buscar y adquirir un inmueble de esas características. Y quién la ejecutó. El consejero delegado, Pedro Corbalán, tiene entre sus facultades "realizar actos y contratos sobre bienes o derechos, mediante los pactos o condiciones que juzgue convenientes, pudiendo adquirir, gravar y enajenar por cualquier título bienes muebles en el precio y demás condiciones de presente y de futuro que libremente se convengan la compra". La oposición ya ha solicitado la comparecencia de Corbalán en la Asamblea de Madrid.

También el Consejo de Administración puede, según los estatutos de la empresa pública, "comprar y vender bienes muebles, inmuebles, derechos y valores por el precio y las condiciones que libremente estipule". Además de Corbalán, este órgano colegiado está compuesto por otras ocho personas, entre ellas varios altos cargos del Ejecutivo madrileño y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, que deberá dar explicaciones en el Parlamento regional cuando se reanude el curso político. Conocer quién aprobó la compra es importante de cara a las denuncias que se acumulan en la mesa del Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid.