Amnistía documenta la violación de derechos humanos en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) denuncia violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela. El informe presentado la mañana de este martes por la organización, Venezuela: Los derechos en peligro en medio de protestas, documenta violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, a la asistencia judicial y a la presunción de inocencia contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. 

Desde el inicio de las protestas el pasado 4 de febrero, en contra y a favor del Gobierno, Amnistía ha documentado 37 muertes y más de 550 caso de personas heridas, 120 de ellas sufrieron impactos de balas de goma o arma de fuego. Según la información facilitada por el Ministerio Público a la organización, hasta el pasado 12 de marzo, más de 2.100 ciudadanos fueron detenidos, 168 continúan en prisión y 66 fueron liberados de manera incondicional. 

"Tanto la Fiscal General de la Nación como la Defensora del Pueblo, corroboraron que han recibido denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios de la fuerza del orden", señala Nuria García, investigadora de AI sobre Venezuela. La organización ha recopilado denuncias de "torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes" contra los manifestantes por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Sin embargo, a día de hoy, tan sólo 17 funcionarios de la fuerza pública han sido detenidos como responsables de la vulneración de derechos básicos y el uso desmedido de la fuerza. 

La elaboración de este informe se ha llevado a cabo a través de "una investigación sobre el terreno", explica García. Amnistía "llevó a cabo entrevistas con organizaciones y abogados de derechos humanos, se reunió con personas que denunciaron violaciones y abusos a los derechos humanos presuntamente cometidas contra ellas o sus familiares". Además, la organización ha procesado grabaciones, evidencias de denuncias y registros audiovisuales. Las diversas fuentes investigadas por AI han permitido focalizar las principales violaciones de derechos humanos en manos de "grupos armados pro-gobierno, manifestantes y sujetos no identificados". Sin embargo, desde la ONG señalan la dificultad a la hora de "identificar responsabilidades en un contexto de polarización política y social como el que vive el país". 

El informe de Amnistía denuncia el uso excesivo de la fuerza durante las protestas, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ataques contra periodistas y medios de comunicación, así como la detención de líderes de la oposición.

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Bassil Dacosta Frías de 23 años murió el 12 de febrero tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Daniel Quintero, estudiante de 21 años, denunció a AI haber sufrido torturas y malos tratos por participar en una manifestación en contra del Gobierno. Inti Rodríguez, defensor de los derechos humanos de la organización PROVEA, aseguró haber permanecido detenido durante más de dos horas, golpeado y amenazado de muerte por miembros del SEBIN. Se trata de algunos de los casos recogidos por la organización, ejemplos que evidencian que "Venezuela se arriesga a afrontar una de las peores amenazas al estado de derecho de las últimas décadas".

"La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad en la agenda política de Venezuela para frenar la espiral de violencia que vive el país", apunta Estaban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Desde la organización instan al Gobierno de Maduro a "investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos" durante las jornadas de protestas. Amnistía considera indispensable la creación e implantación de un Plan Nacional de Derechos Humanos para "garantizar todos derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales", añade Beltrán. Además, desde la organización piden que se depuren responsabilidades y se lleve a los responsables ante la justicia. Todo ello en un contexto de promoción del diálogo y respeto a la libertad de opinión y expresión.  

Durante la presentación del informe, Alberto Casillas, español de origen venezolano, ha denunciado la persecución que sufren los jóvenes en Venezuela. Las protestas son fruto de "jóvenes que sólo quieren vivir en libertad", puntualizó.