La Administración Trump pone en peligro un programa alimentario del que dependen 42 millones de personas

“No sé qué haremos": 40 millones de estadounidenses, en vilo por subsidios alimentarios

Estados Unidos se asoma al precipicio de batir un nuevo récord en el cierre de su Administración por el choque entre demócratas y republicanos en el Senado para aprobar unos nuevos presupuestos que reabran el Gobierno. Hoy se cumplen 31 días de shutdown pero todo apunta a que, llegarán a los 34 días, dado que en fin de semana, los senadores, parece improbable que aprueben unas cuentas que supongan la vuelta a la normalidad. El cierre más largo de la historia estadounidense fue de 34 días y fue también con Donald Trump al frente de la Administración.

Las demócratas exigen que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar una partida presupuestaria provisional, se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año, mientras que los conservadores piden reabrir primero la Administración y negociar después sobre los subsidios.

El cierre que se está viviendo ya ha provocado que muchos de los funcionarios esenciales no hayan podido cobrar la nómina en plazo y que no haya fondos para liberar 5.000 millones de dólares para prorrogar los subsidios a la compra de alimentos para las familias vulnerables (SNAP). Esto contrasta con el dinero que desde el Gobierno estadounidense se gasta en demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir el salón de baile de Trump, para contratar más agentes de inmigración o para que Trump anuncie un rescate a Argentina de 20.000 millones de dólares.

Del SNAP dependen más de 42 millones de estadounidenses y su futuro inmediato está en el aire, mientras el presidente estadounidense ha asegurado que está tratando de buscar una solución al problema. Una solución que no llega pese a la decisión de dos jueces que han ordenado buscar la manera de financiar este programa de ayudas, como informa Politico.

La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, manifestó su inclinación a ordenar que el gobierno de Donald Trump active los fondos de contingencia disponibles para estos subsidios. La jueza consideró que el caso constituye una emergencia nacional, ya que el programa se quedará sin recursos en cuestión de días si no se aprueba una medida de urgencia.

“Es difícil comprender cómo esto no es una emergencia cuando no hay dinero y millones de personas dependen de sus beneficios alimentarios”, expresó Talwani durante la audiencia. Esto no solo afecta a personas vulnerables, también comienza a afectar a funcionarios que cobran semanal o quincenalmente, y ya están haciendo cola para recibir alimentos de diferentes ONG.

También el juez de distrito de Rhode Island, John McConnell Jr. se pronunció de la misma manera que su colega de Massachusetts e instó al Gobierno a trabajar para buscar fondos para apoyar la ayuda alimentaria durante el tiempo que dure el cierre del gobierno.

Así las cosas, Donald Trump, desde su red social, Truth Social, aseguró que ya ha dado instrucciones a la Fiscalía General "que soliciten al tribunal que aclare cómo podemos financiar legalmente el programa SNAP lo antes posible". A los periodistas que le acompañaron a Mar-a-Lago les dijo que aunque no existen pruebas de ello, los principales beneficiados del SNAP son “demócratas”. “Yo quiero ayudar tanto a demócratas como a republicanos” y culpó a sus rivales políticos “están perjudicando a su propia gente”. El Departamento de Justicia, en representación del Ejecutivo, argumentó que los fondos de contingencia estaban reservados para desastres naturales y no son suficientes para cubrir los gastos que implica el SNAP.

El no poder contar con los beneficios del SNAP ha causado una enorme preocupación entre los beneficiarios, que incluyen a 10 millones de latinos, mientras que al menos una docena de estados, muchos de ellos demócratas, desde California a Misuri, han transferido ya sus fondos de emergencia a bancos de alimentos para tratar de atajar temporalmente la falta de acceso de sus habitantes a productos básicos.

De hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, encabezó la ofensiva judicial al presentar una demanda contra el Departamento de Agricultura (USDA) y la Oficina de Administración y Presupuesto, ambas dirigidas por funcionarios designados por Trump. El escrito acusa al gobierno federal de haber actuado “de manera injustificada, arbitraria y contraria a la ley”.

La mayoría de expertos, según EFE, considera que independientemente de la decisión del Gobierno o los tribunales parece claro que habrá retrasos en la próxima entrega de cupones para alimentos.

Reiniciar el complejo sistema que envía pagarés a los beneficiarios de SNAP puede llevar varios días, lo que significa que las medidas provisionales de los Gobiernos locales van a ser cruciales para aquellos con dificultades para comprar alimentos.

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