INVESTIGACIÓN
Un excandidato presidencial libio usó dinero de un fondo soberano para dar la entrada de un piso en Madrid
En 2021, Abdelhakim Baayo acaparó titulares cuando los medios libios informaron de que había sido la primera persona en registrarse para las primeras elecciones presidenciales del país.
En ese momento, Baayo también era empresario y trabajaba como director de una empresa española propiedad del fondo soberano de Libia, la Autoridad Libia de Inversión (LIA, por sus siglas en inglés).
La empresa, Alhammra Company Spain SL, fue constituida en España en 2015, después de que las sanciones impuestas durante el levantamiento contra Muamar el Gadafi provocaran dificultades administrativas a una empresa anterior en Gibraltar. El objeto social de la nueva sociedad era amplio e incluía actividades tan diversas como la adquisición de cables y alambres, y el comercio de leche y atún.
Para cuando Baayo decidió presentarse a la presidencia, múltiples organismos oficiales libios lo habían acusado de apropiarse indebidamente de fondos de Alhammra, así como de haber usado dinero de la empresa para realizar el pago inicial de un apartamento registrado a su nombre, según muestran documentos filtrados obtenidos por OCCRP.
Aunque algunas de las acusaciones se hicieron públicas en un informe de auditoría y en redes sociales, las pruebas que las sustentaban no se difundieron. OCCRP ha obtenido ahora documentos internos —incluidas facturas, correos electrónicos y notificaciones de pago— que corroboran muchas de las principales afirmaciones.
Los archivos muestran que Alhammra realizó un pago inicial para un apartamento en Madrid del que Baayo es propietario. También se usó dinero de la compañía para cubrir gastos médicos o educativos que no encajaban claramente dentro del mandato de Alhammra, según los registros internos vistos por OCCRP.
Baayo nunca se ha enfrentado a cargos legales en Libia por estas acusaciones. Alhammra presentó acusaciones similares contra él en una denuncia en España en 2020, pero fue retirada por motivos que siguen sin estar claros.
Cuando fue contactado para recoger su punto de vista, Baayo respondió a OCCRP, a través de un antiguo colega, que las acusaciones eran falsas.
El supuesto uso indebido de fondos coincidió con un periodo de caos para el fondo soberano de Libia, marcado por divisiones políticas y acusaciones de corrupción, robo y mala gestión tras la caída de Gadafi en 2011.
Tarek Megerisi, investigador principal en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que desde la caída de Gadafi, la cantidad de fraude en las filiales del fondo se había “disparado”.
“Antes, él [Gadafi] utilizaba la corrupción políticamente. Cuando desapareció, su sistema permaneció, pero su papel como freno desapareció”, dijo Megerisi.
Los activos de LIA han sido valorados en más de 68.000 millones de dólares, repartidos en una abrumadora red de más de 550 filiales en África, Europa, Asia y Norteamérica. El fondo no respondió a las preguntas que se le trasladaron.
Acusaciones contra Baayo
Alhammra se creó en 2015 como sucesora de una empresa con sede en Gibraltar llamada Al Hammra Limited. En aquel momento, las órdenes de congelación de activos libios habían dificultado que la empresa en Gibraltar pudiera realizar tareas administrativas básicas, según documentos de la compañía.
La nueva empresa con sede en España heredó los contratos de su predecesora, específicamente para suministrar materiales como cables y alambres a la empresa estatal de energía de Libia. También incluía contratos para suministrar productos alimentarios como atún y queso.
Las acusaciones contra Baayo comenzaron a finales de 2018, cuando la empresa matriz de Alhammra y el brazo inversor de LIA, la Compañía Libia de Inversión Exterior (LAFICO), enviaron auditores para revisar los documentos y los estados financieros de Alhammra correspondientes a los tres años anteriores.
Posteriormente, LAFICO envió una carta al fiscal general acusando a Baayo de haber cometido “varios actos que causaron un grave daño a la empresa, tanto material como moralmente”, y de actuar de una forma que “expuso los fondos de la compañía matriz al despilfarro”.
Seis funcionarios de un comité creado por LAFICO recomendaron en un informe que Baayo fuera remitido a un comité de investigación, aunque no está claro si eso llegó a suceder. Baayo negó las acusaciones en aquel momento, según un informe interno de LAFICO basado en una reunión con él. LAFICO no respondió a las preguntas de los reporteros.
La Oficina de Auditoría de Libia, el organismo estatal de supervisión, afirmó en su informe anual de 2020 que Baayo había “ocultado deliberadamente los documentos que revelaban sus transgresiones y manipulaciones”, y lo acusó de esconder los ordenadores de la empresa, borrar correos electrónicos y ocultar retiradas de efectivo de una cuenta bancaria de la compañía.
Baayo dijo a OCCRP que estas acusaciones eran falsas.
En noviembre de 2020, Alhammra, ya bajo un nuevo director, presentó una denuncia contra Baayo en España, pero el caso fue posteriormente archivado tras la retirada de la denuncia por parte de los demandantes, según informó a OCCRP un juzgado de Madrid. Cuando los periodistas lo contactaron, Baayo respondió que “cuatro denuncias” contra él habían sido examinadas por la justicia española y desestimadas por falta de pruebas.
Compra del apartamento en Madrid
En el mismo informe anual, la Oficina de Auditoría libia señaló otros pagos inexplicados en Alhammra, incluido dinero de la empresa utilizado para pagar un anticipo de un apartamento en Madrid.
El informe de auditoría mencionaba específicamente una transferencia de unos 164.000 euros de los fondos de Alhammra. Registros incluidos en los documentos filtrados muestran que Alhammra envió esa cantidad el 10 de octubre de 2018 a un promotor inmobiliario de Madrid a través del Banco Santander.
El informe señalaba que se utilizaron facturas de una empresa tunecina poco conocida llamada Transatlantic International Trade, o TITCO, para crear la impresión de que los pagos correspondían a un préstamo. Una nota de TITCO fechada el 12 de diciembre de 2018 —obtenida por OCCRP— confirmaba que la empresa había recibido 164.000 euros de Alhammra por lo que decía que eran facturas de octubre y noviembre de ese año.
Un correo electrónico filtrado de enero de 2019 aporta más credibilidad a la afirmación del informe de auditoría. En el mensaje, el remitente —identificado como miembro del “departamento financiero” de Alhammra— pedía a un destinatario en una consultora española que “arreglara” tres facturas de TITCO con el pago del Santander de octubre.
TITCO era una empresa de Túnez fundada en diciembre de 2013 por dos ciudadanos libios, Esam Abouzriba y El Makki Meelad Mohamed Ibrahim. La compañía fue cerrada en 2017, un año antes de que se emitieran las facturas. Los informes financieros anuales de la empresa, obligatorios por ley, no figuran en el registro tunecino.
“M. Baayo” sigue apareciendo como propietario del apartamento en cuestión, así como de dos plazas de garaje cercanas, según registros públicos españoles. El apartamento, ubicado en Madrid, está valorado actualmente en más de 750.000 euros.
En su respuesta a OCCRP, Baayo afirmó que la empresa contrajo un préstamo legal y que varias autoridades libias confirmaron la validez del procedimiento. Describió la acusación de que las facturas de TITCO se usaron para ocultar la compra del apartamento como “falsa y engañosa”, y aseguró que la denuncia había sido desestimada.
Abouzriba, Ibrahim y la Oficina de Auditoría de Libia no respondieron a las preguntas de OCCRP.
Otros gastos sospechosos de Alhammra
Entre 2016 y 2017, Alhammra también gastó más de 145.000 euros en viajes, servicios médicos y gastos relacionados con educación, según registros internos de la compañía vistos por OCCRP.
Baayo afirmó a OCCRP que los reglamentos internos para empleados de LAFICO autorizaban a la empresa a cubrir las matrículas escolares de los hijos de los empleados. No respondió específicamente a las preguntas sobre los gastos de viajes y médicos.
Entre ellos figuraban 9.745 euros utilizados para cubrir gastos médicos de la madre de un empleado, según el informe de LAFICO. El informe también señalaba múltiples pagos de “tasas de matrícula” para los hijos de otro empleado.
Alhammra también realizó varios pagos de alquiler entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 en nombre de Ahmed Maiteeq, que era vicepresidente del Gobierno de Libia en ese momento, y de una mujer que, según publicaciones en redes sociales, parece ser su esposa. Los pagos —también por un apartamento en Madrid— ascendieron a 8.000 euros, según facturas de la inmobiliaria y registros bancarios de Alhammra. No está claro por qué Alhammra realizó estos pagos, que no se mencionan en los informes oficiales libios.
Baayo describió la interpretación de OCCRP sobre estas transacciones como engañosa en términos fácticos y dijo que había sido absuelto de esta acusación, sin aportar más explicaciones.
Maiteeq no respondió a las preguntas.
En otra operación —que tampoco aparece en los informes oficiales libios— Alhammra pagó más de 250.000 euros en 2016 para comprar una fábrica cuya dirección bancaria es la misma dirección en Túnez utilizada por TITCO.
Según los registros de transferencias de pago obtenidos por OCCRP, el dinero se ingresó en una cuenta bancaria tunecina con dos beneficiarios, entre ellos Al Makki, uno de los fundadores de TITCO.
Cuando los periodistas visitaron el lugar en 2023, no había rastro de la fábrica. Tampoco había ninguna pista de ella en el registro mercantil de Túnez.
Baayo dijo que el proyecto de la fábrica fue finalmente cancelado y que el dinero se redirigió para la compra de un camión. No proporcionó pruebas.
Alhammra entró en liquidación en España en 2022, aunque no fue hasta el año siguiente cuando Baayo anunció en una publicación en Facebook que había renunciado a su puesto.
Para entonces, Baayo ya había hecho públicas sus aspiraciones presidenciales. Pero nunca tuvo ocasión de ponerlas a prueba: las elecciones de Libia se retrasaron repetidamente y aún no se han celebrado.
