EEUU veta a las mujeres trans en el deporte escolar y se suma a la ofensiva contra los derechos LGTBIQ+

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde a la exclusión de las mujeres transgénero del deporte femenino escolar y universitario, en un fallo que se suma a la actual embestida internacional contra los derechos de las personas LGTBIQ+. Con una mayoría conservadora de seis frente a tres, los magistrados blindaron este martes las leyes estatales que limitan la participación deportiva en función del género asignado al nacer. La sentencia, que legitima las prohibiciones vigentes en más de una veintena de Estados amparadas en el llamado “género biológico”, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la agresiva agenda de la nueva Administración de Donald Trump y refleja una ola global de retrocesos institucionales que amenaza con desmantelar décadas de avances sociales.

El caso llegó al Supremo de la mano de Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas atletas trans demandaron a sus respectivos Estados al considerar que su exclusión de las competiciones femeninas resultaba inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, el Alto Tribunal ha dictaminado que estas normativas son plenamente compatibles con la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos financiados con fondos públicos. La decisión tiene un efecto cascada inmediato en el país, ya que afecta tanto a competiciones escolares como universitarias y respalda normativas idénticas ya aprobadas en otros 25 Estados.

La cruzada de la Administración Trump

Este aval judicial apuntala la ofensiva sistemática desplegada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Uno de sus primeros pasos, fue la firma de una orden ejecutiva que acabó con el reconocimiento legal de las identidades no binarias, estableciendo que únicamente existen “dos sexos” e imponiendo que los documentos oficiales reflejen exclusivamente el género asignado al nacer. Esta directriz vino acompañada de medidas drásticas, como la retirada de los pasaportes con el marcador de género 'X' y una nueva exclusión de las personas trans de las Fuerzas Armadas.

La hostilidad institucional también se ha trasladado al terreno simbólico. Uno de los episodios más tensos se vivió el pasado mes de febrero, cuando la Administración Trump ordenó retirar la bandera arcoíris del Monumento Nacional Stonewall, el mítico enclave de Nueva York donde comenzó la liberación homosexual en 1969. El Gobierno se escudó en unas directrices del Departamento de Interior relativas a la exhibición de banderas no oficiales en terrenos de Parques Nacionales. “Nueva York es el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+, y ningún acto de borrado cambiará jamás, ni silenciará, esa historia”, escribió aquel día en redes sociales el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. La rápida movilización ciudadana y la oposición de varios cargos públicos obligaron a Washington a dar marcha atrás y reinstalar la bandera. 

A nivel global, se constata una reacción organizada contra el avance de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y la diversidad sexual. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino una respuesta reactiva y coordinada con profundos vínculos institucionales e ideológicos. Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la ofensiva contra la llamada “ideología de género”, un concepto construido políticamente para desacreditar y deslegitimar las luchas de los movimientos de mujeres y personas LGBTIQ+. En España, esta retórica ya ha sido impuesta por Vox. El ejemplo más reciente resonó hace unos días en la Asamblea Regional de Murcia durante el debate de una moción de Podemos que exigía aplicar protocolos de atención a alumnos trans. El diputado de extrema derecha Antonio Martínez Nieto llegó a afirmar que “el mayor logro del comunismo ha sido sacar estas conductas del catálogo de trastornos e incluirlas en el de los derechos humanos”.

Al otro lado del Atlántico, en Argentina, el presidente Javier Milei ha llegado a asegurar que estos colectivos buscan imponer que “las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”, criticando una supuesta inacción cuando “un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”. Esta escalada discursiva alcanzó su punto culminante en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, cuando el mandatario cruzó una peligrosa línea roja al afirmar que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.

Ofensiva Institucional

Las palabras de Milei en la cumbre suiza no fueron una mera declaración de intenciones, sino la punta visible de una ofensiva institucional que arrancó apenas semanas después de su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, advierte de las consecuencias de esta escalada: "Hay una correlación absoluta entre los discursos de odio que provoca el propio Estado y la violencia que nuestra comunidad vive en la vida diaria".

En este sentido, Rachid denuncia que "el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de diversidad sexual fue absoluto". El asedio institucional se ha materializado en decisiones drásticas como el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo clave para la protección de las minorías. A esto se suma el impacto de normativas como la 'Ley de Bases', impulsada en los primeros pasos del Gobierno de Milei, que ha debilitado sustancialmente la protección laboral del colectivo al reformar artículos que amparaban a los trabajadores. "Ahora una empresa si quiere despedir a alguien por discriminación, lo puede hacer pagando la indemnización por despido", alerta la dirigente.

Frente a "la violencia y discriminación que vienen del propio Estado", desde la Federación reclaman "la recreación de un organismo como era el INADI y una ley integral trans" que blinde al colectivo. Un retroceso que, advierten, trasciende las fronteras argentinas. En su rol como presidenta de OLA (Orgullo Latinoamericano), Rachid constata una preocupante tendencia global al señalar que "en muchos países del mundo y también de Latinoamérica donde gobierna la derecha hubo recortes de derechos humanos".

La ofensiva discursiva ha cruzado de nuevo el océano para instalarse en el corazón de Europa, encontrando su principal laboratorio político en Italia. Allí, Giorgia Meloni llegó al poder en 2022 como la cara visible de una coalición conservadora que prometió en campaña defender los “valores familiares tradicionales” y combatir frontalmente lo que su círculo denomina “lobby LGBT”. Una postura que no se ha quedado en meras declaraciones de intenciones, sino que se ha traducido en un bloqueo sistemático al avance de los derechos del colectivo.

Las parejas homosexuales italianas tienen prohibido acceder a la fecundación in vitro y ante la inacción estatal, los ayuntamientos de corte progresista como los de Milán o Turín habían habilitado registros municipales para dar amparo legal a las cerca de 150.000 familias diversas que residen en Italia. Este parche administrativo resultaba vital para que el progenitor no biológico pudiera ejercer derechos básicos sobre el menor, tales como viajar al extranjero, inscribirlo en la escuela, autorizar vacunaciones o disponer de su custodia en caso de fallecimiento de la pareja. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni ordenó a todos los delegados del Gobierno en las regiones que prohibieran estos registros.

La cruzada institucional también se libra en el terreno educativo. En marzo de 2025, el Ministerio de Educación y Mérito de Italia prohibió a todos los centros educativos “el uso de símbolos gráficos de género neutro”. La medida se justificó bajo el argumento de que estos caracteres infringen las normas de la lengua italiana y “comprometen la claridad de las comunicaciones institucionales”.

Pese al asfixiante cerco gubernamental, los tribunales han comenzado a erigirse como el último dique de contención. En mayo de 2025, la justicia italiana marcó un importante hito al emitir un fallo que reconoce legalmente como madres a las parejas lesbianas que han recurrido a la fecundación in vitro en el extranjero, abriendo una grieta de esperanza frente a esta ola reaccionaria.

El cambio de ciclo en Hungría

Frente al retroceso en Estados Unidos y la hostilidad institucional en Italia o Argentina, el mapa europeo arroja un símbolo de resistencia y cambio de ciclo político. Tras 16 años en el poder, la derrota electoral del ultranacionalista Viktor Orbán ha cerrado una de las etapas más oscuras para los derechos LGTBIQ+ en Hungría. Durante década y media, el colectivo fue el blanco prioritario de las políticas de Estado, enfrentándose a la prohibición de la adopción homoparental y a la aprobación de leyes que vinculaban la homosexualidad con la pedofilia. El intento fallido de Orbán de vetar la Marcha del Orgullo provocó un efecto boomerang que sacó a la calle a cerca de 380.000 personas.

Ese clima de represión institucional parece haber llegado a su fin. Este fin de semana, la 31ª Marcha del Orgullo de Budapest se celebró en una atmósfera radicalmente distinta. Pese a un calor extremo que rozó los 38º, decenas de miles de personas cruzaron el centro de la capital hasta el parque Vérmező sin enfrentarse a las trabas legales ni policiales de la época Orbán. “La situación es diferente a la del año pasado en el sentido de que ahora la policía tomó nota del evento de una manera legal. Lo que no ha habido en absoluto este año es miedo”, reivindicó Ede Balogh, portavoz de la organización. La marcha contó además con un importante respaldo, incluyendo la presencia de la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, y del alcalde progresista de la capital, Gergely Karácsony.

Esta profunda brecha política y social queda retratada en el Rainbow Map 2026 de ILGA Europa, que ilustra cómo el escudo legal del colectivo depende drásticamente de la voluntad de los Estados. Mientras España lidera el ranking continental de protección con un 89%, los estragos de las políticas restrictivas hunden a la Italia de Meloni (24%) y a la propia Hungría (23%) en la franja de mayor vulnerabilidad. Un mapa que sirve de recordatorio de que los derechos conquistados son frágiles y que la diversidad sigue siendo castigada a escasos miles de kilómetros, con regímenes como Rusia y Azerbaiyán ocupando el último lugar de la tabla al garantizar apenas un 2% de los derechos humanos.