La extrema derecha brasileña convierte la agenda antitrans en una nueva bandera electoral

“Los hombres que se ponen faldas y se mutilan no son mujeres. ¡Una mujer nace mujer, y punto! ¡Que os den!” Encaramada a un camión coronado por enormes altavoces que escupen decibelios, una oradora arenga a las cerca de 400 personas reunidas para la primera “Marcha por el lugar de las mujeres” en la avenida Paulista, en el corazón de São Paulo, a finales de mayo de 2026.

Lejos de las grandes concentraciones bolsonaristas del pasado, las filas están poco nutridas, pero han acudido figuras destacadas, entre parlamentarios y blogueros del bando conservador. Lo más importante es retransmitir el acto en las redes sociales.

Para guardar las apariencias, se invita a “un travesti de derechas” a tomar la palabra. Los oradores se suceden ante el micrófono; algunos abuchean profusamente a Erika Hilton, diputada federal trans que concentra todas las iras desde que fue elegida en marzo presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Cámara de Diputados.

“Por miedo a ser estigmatizadas, hemos guardado silencio durante demasiado tiempo, hasta llegar a este tipo de situaciones absurdas, ¡pero se acabó! No estoy en contra de las personas trans, pero que busquen su propio espacio, ¡no tienen por qué robarnos el nuestro!”, vocifera Valéria Bolsonaro, diputada del Estado de São Paulo y prima política del expresidente Jair Bolsonaro. Como el resto de manifestantes, considera a las mujeres trans como hombres y se refiere a ellas en masculino. “Las personas trans son menos del 2% de la población, nosotras somos el 50%, ¡tienen que respetarnos!”

El bando conservador, ya muy movilizado en torno a este asunto, se ha sumado a la ofensiva contra Erika Hilton lanzada por un presentador de televisión muy influyente. “No es una mujer, es una trans. Una mujer, para ser mujer, debe tener útero, debe ponerse insoportable tres o cuatro días a la semana”, soltó en directo a mediados de marzo.

El tono quedó marcado y la derecha aprovechó enseguida la ocasión. Una diputada del Estado de São Paulo llegó a hacer blackface, una práctica racista que consiste en pintarse la cara de negro, en plena sesión plenaria, y preguntó: “Ahora que soy negra, ¿por qué no podría presidir la comisión antirracista?”

Las demás reacciones de los diputados siguen el mismo tono y la tensión es palpable durante la primera sesión de la comisión. Las reacciones virulentas en las redes sociales alimentan los algoritmos, que amplifican los cruces de acusaciones más acalorados.

La extrema derecha ve en ello una oportunidad para llegar a un nuevo público, sobre todo al electorado femenino, ligeramente más numeroso pero tradicionalmente menos afín al bolsonarismo, reconoce Barbara Hannelore, organizadora de la marcha celebrada a finales de mayo: “Es una oportunidad para unirnos. Yo voy a votar a Flávio Bolsonaro [el hijo mayor de Jair y candidato a las presidenciales de octubre de 2026], pero esta historia ha conmovido a la población, tanto a hombres como a mujeres, tanto de la derecha como de la izquierda”.

Lazos más estrechos con el mundo evangélico

Además de tratar de ampliar su base, el movimiento aprovecha para estrechar los lazos con el mundo evangélico antes de las elecciones. William Douglas, un juez federal evangélico que en su momento fue considerado por Jair Bolsonaro para el Tribunal Supremo Federal, destaca la diversidad de doctrinas, pero resume: “Para el fiel, dios creó al hombre y a la mujer. Por eso le cuesta aceptar la ideología de género [término conservador para referirse a los estudios de género]. Sobre todo porque el wokismo no busca la igualdad, sino imponer sus normas por la fuerza. Y eso genera reacciones”.

Las preocupaciones en torno a las cuestiones LGTBI+ ya habían motivado la entrada de los evangélicos en la política en la década de 1980, y el expresidente Bolsonaro logró forjarse una base fiel entre ellos acercándose a sus líderes desde principios de la década de 2010. Esos vínculos persisten y esta lucha también moviliza a los católicos.

En uno de sus vídeos, un influyente bloguero bolsonarista explica, en medio de una amalgama de teorías y conspiraciones, que, en el marco de la guerra cultural, la cuestión de la identidad transgénero es estratégica para la izquierda y tiene como objetivo traspasar los límites de lo aceptable: “Si aceptas que un hombre sea una mujer, puedes aceptar cualquier verdad que te impongan”.

En definita, las personas trans, en su mayoría aisladas, pobres y mal representadas, son el chivo expiatorio ideal, admite Dani Balbi, diputada del Estado de Río de Janeiro por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), con quien se reunió Mediapart mientras un aguacero la obligaba a hacer una breve pausa en su campaña para la reelección.

“En épocas de estabilidad económica, la sociedad tiende a aceptar la ampliación de los derechos a grupos históricamente marginados. Pero con la recesión, crece el resentimiento y, con él, el rechazo hacia cualquier grupo que pueda competir por unos recursos cada vez más escasos”, explica.

Sobre todo porque los prejuicios tránsfobos están profundamente arraigados en la sociedad y constituyen una base común. “Entre la población predomina la incomprensión y la ignorancia, pero nuestro papel es hacer sofisticado el debate. Aunque sea difícil, no podemos eludirlo”.

Todo esto responde también a cálculos políticos, asegura. “Desde el punto de vista electoral, la extrema derecha necesita identificar una amenaza común para movilizar a sus militantes. Alimentar el pánico moral funciona muy bien. La transfobia resulta, por tanto, rentable”.

Para Marco Prado, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y autor de un estudio sobre la ofensiva antigénero durante el mandato de Jair Bolsonaro, aquellos cuatro años han dejado huella. “Se produjo tanto el desmantelamiento de las escasas políticas existentes como una nueva forma de considerar los derechos de las minorías”, explica.

Y añade que, en lugar de la supresión brutal, se ha optado por una estrategia de erosión gradual: “Una ley escandalosa puede dar lugar a una fuerte movilización. Cambiar una resolución menor es más discreto. Además, es más rápido y resulta imposible impugnarlo todo ante el Tribunal Supremo. Hoy en día es un rompecabezas burocrático que hay que desenmarañar.”

La escalada no tiene fin

En el ámbito nacional, todos los avances en los derechos de las personas trans han sido garantizados por el poder judicial, nunca por el poder legislativo. El Tribunal Supremo, la jurisprudencia internacional y la labor del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) —encargado de controlar la aplicación de las leyes— han suplido la falta de acción del legislador, que prefiere ignorar el tema. William Douglas sostiene que esta ausencia de textos normativos importantes es intencionada por parte de la representación nacional y denuncia un “activismo judicial que pretende imponer la tiranía de la minoría”.

Pero desde que está en la oposición, el bolsonarismo ha convertido el tema en una prioridad de su agenda legislativa, aunque centrándose en el ámbito local. El diario brasileño Folha de S. Paulo contabilizó en 2024 77 leyes antitrans en 18 estados, de las cuales un tercio entró en vigor en 2023. La escalada continúa desde entonces.

Aprovechando la actualidad reciente, una alcaldesa ha prohibido el uso de los aseos femeninos a las mujeres trans. Con esta nueva lógica, la extrema derecha también ha desarrollado un discurso más moderado. Al igual que en la manifestación de São Paulo, la mayoría de sus políticos evitan demonizar abiertamente a las personas trans, pero defienden una especie de derecho separado.

En el caso de los aseos, la ley permite a las mujeres trans utilizar los de mujeres. Ellos proponen una tercera categoría. “Es más sencillo responder a posiciones extremas que escandalizan a la sociedad. Pero en este caso, la frontera es más difusa para una parte de la población”, explica Marco Prado. Esa ambigüedad hace que esta discriminación resulte más aceptable para la mayoría.

El bando conservador y reaccionario también se adapta a la evolución de la legislación. Tras los ataques contra Benny Briolly, concejala de Niterói, ciudad vecina de Río de Janeiro, un diputado local fue condenado por primera vez, en 2024, en aplicación de una nueva ley contra la violencia de género en la política. Aunque su defensa intentó, sin éxito, alegar que no se trataba de una mujer, la ley se aplica efectivamente a todas las mujeres, tanto cisgénero como transgénero.

“La justicia considera ahora estos ataques una forma de obstaculizar la acción política y la víctima ya ni siquiera tiene que iniciar el procedimiento judicial, ahora es una obligación del Estado”, explica la fiscal del Ministerio Público Federal Raquel Branquinho, coordinadora del grupo de prevención y lucha contra la violencia de género.

“Hoy en día, ciertos discursos ya no son admisibles. No es que haya necesariamente menos violencia, pero se apoya más a las víctimas. Tanto los parlamentarios que son víctimas como los que son agresores son conscientes de ello”, precisa, aunque lamenta que la ley haya llegado tarde en comparación con los países vecinos.

Benny Briolly, concejala de Niterói, ciudad vecina de Río de Janeiro, recibió más de 800 amenazas de muerte y tuvo que huir del país durante un tiempo

Y es que esta violencia política también consume la energía de las víctimas, que pierden tiempo desmintiendo la desinformación, invierten dinero en iniciar acciones judiciales y ven su integridad física puesta en peligro por las amenazas de muerte. “La multiplicación de las fuentes de agresiones también obliga a elegir las batallas”, insiste Raquel Branquinho.

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Por ejemplo, el peso de la ley suele caer sobre los adversarios políticos, que, por lo tanto, se vuelven más cautelosos. En cambio, la masa de odio sigue vertiendo sus horrores. “No es perfecto, pero es una buena base para actuar. Aún así, hay que hacerlo. No siempre es fácil en nuestro inmenso país y sus numerosas jurisdicciones”, concluye la fiscal.

Mientras tanto, persiste la transfobia en la política y los ataques son brutales. Según un estudio de la asociación VoteLGBT, es en el ámbito municipal donde los golpes son más duros. Benny Briolly, en el punto de mira constante de sus colegas, recibió más de 800 amenazas de muerte y tuvo que huir del país durante un tiempo.

Traducción de Miguel López