Miles de causas abiertas en Francia por violencia sexual infantil y cada vez más cortinas de humo
Más de un mes después de que estallara el “caso Lyhanna”, sigue en pleno apogeo la batalla de la comunicación. Gérald Darmanin, al dar a conocer el miércoles 15 de julio el balance de la “revisión” de los procedimientos relativos a los delitos de abuso sexual contra menores —iniciada con carácter de urgencia el 8 de junio—, se otorgó a sí mismo un satisfecit muy oportuno. “Esta iniciativa permite, por primera vez, disponer de una visión consolidada de la situación”, con “resultados que demuestran la utilidad de una gestión nacional rigurosa”, se lee en un comunicado del Ministerio de Justicia. Aunque algunos magistrados habían puesto en duda la utilidad o la viabilidad de realizar dicho inventario en cinco semanas, el ministro de Justicia se alegra al “demostrar que se equivocaban”.
De entre todas las estadísticas facilitadas por las diferentes jurisdicciones, el ministro querría que el público en general recordara sobre todo esta cifra: desde el 8 de junio, se han abierto 1.350 investigaciones judiciales (es decir, se ha recurrido a un juez de instrucción) por delitos sexuales contra menores, “lo que supone un aumento del +309 %” con respecto al mismo periodo de 2025. Esto ha conllevado un aumento vertiginoso de las prisiones preventivas: han sido encarceladas 675 personas, “lo que supone un aumento del 173 %”, afirma el ministro de Justicia. En otras palabras: la lucha contra los delitos sexuales contra menores estaría experimentando una aceleración excepcional que habría que atribuirle a él.
En realidad, aunque esta “revisión de los procedimientos” es sin duda algo sin precedentes y devuelve la esperanza a miles de víctimas que ven cómo se desbloquean investigaciones preliminares que llevaban años estancadas, confirma sobre todo el carácter sistémico de las deficiencias de la justicia, así como la magnitud del trabajo que queda por realizar, sin los medios adecuados. Lejos de exculpar a Gérald Darmanin, más bien pone de relieve su responsabilidad política, así como la del ministro del Interior, Laurent Nuñez, de quien dependen los servicios de policía y gendarmería encargados de las investigaciones.
“No sé cómo vamos a poder salir de esto, es un pozo sin fondo”, confiesa una fiscal. “Este ‘minucioso’ reexamen de los procedimientos es una broma”, dice un agente de una brigada especializada, que habla de una “falta de respeto organizada”. Lo que sigue es un análisis de una “operación verdad” cuyas conclusiones son, en realidad, alarmantes y cuyos efectos secundarios resultan preocupantes.
Una “cifra oculta”
A principios de junio, cuando Gérald Darmanin convocó a los 36 fiscales generales de Francia (superiores de los fiscales de los tribunales de apelación), cuatro días después del hallazgo del cadáver de Lyhanna, les advirtió: ni se les ocurra irse de vacaciones antes de haber revisado las “70.000” investigaciones preliminares abiertas a raíz de denuncias por abusos sexuales a menores. Esta cifra es, pues, una estimación, ya que el Ministerio de Justicia no dispone de datos concretos.
En sí misma, esta falta de estadísticas —herramienta indispensable para una política pública transparente— constituye un primer escándalo. Pero ahora surge un segundo: en realidad hay 85.047 procedimientos en curso en todo el territorio, es decir, un 21 % más de lo anunciado. “Se han descubierto 15.000 denuncias, si se me permite decirlo”, reconoció Gérald Darmanin el miércoles ante la Asamblea Nacional.
La explicación resulta impactante: muchos de los procedimientos se abrieron en comisarías y gendarmerías sin haber sido registrados nunca en fiscalía. Aunque se supone que los funcionarios que recogen las denuncias deben informar a los servicios de la fiscalía y recabar instrucciones sobre las investigaciones que deben llevarse a cabo, algunos expedientes acaban acumulando polvo sin que ningún magistrado intervenga. “Entre las cifras iniciales y las reales, tengo un aumento del 70 %”, declara, por ejemplo, un fiscal general a Mediapart.
“Una investigación puede quedarse estancada en una comisaría sin registrarse en Cassiopée [el programa informático de los magistrados —ndr], ya sea porque es compleja, porque el investigador está ausente o porque es un holgazán”, comenta. En cualquier caso, se ha constatado una dificultad de trazabilidad que ahora hay que resolver.”
Además del “impacto digital” prometido por Darmanin, este alto magistrado señala que “el primer ministro anunció [tras el caso Lyhanna] que la ley establecería un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo ‘las diligencias de investigación esenciales’ en estos casos. Pero, a día de hoy, las fiscalías ni siquiera disponen de un programa informático de seguimiento de expedientes que les avise cuando se supere un plazo determinado”.
Revisada solo una parte de los expedientes
De los 85.000 casos registrados, han sido “revisados” 69.626, según el Ministerio, es decir, que los equipos de los fiscales han evaluado el tratamiento dado al expediente y lo han ajustado si era necesario (solicitando declaraciones o peritajes, recurriendo a un juez de instrucción, etc.). En otras palabras: en cinco semanas, no se ha podido examinar en profundidad el 12 % de los expedientes.
Al principio, “además, había cierta ambigüedad en la solicitud del ministro: ¿había que censar o tramitar los expedientes?”, se pregunta aún una fiscal. En cualquier caso, en su ámbito de competencia, no lo oculta: “Por falta de tiempo solo hemos conseguido tramitar 400 expedientes de los aproximadamente mil censados”.
Entre las sorpresas desagradables destaca estas: “La comisaría encontró veinte procedimientos urgentes que no avanzaban”. Y en el Palacio de Justicia, “un caso bastante grave para el que se había solicitado el traslado a otro tribunal llevaba varios meses bloqueado en la oficina de registro penal”, un servicio administrativo encargado del registro de los procedimientos.
A nivel nacional, se definieron así 970 expedientes como “prioritarios”, cuando los autores estaban identificados, tenían antecedentes penales y las víctimas eran siempre menores de edad.
Aunque algunos tribunales de apelación registran tasas de “revisión” del 100 % de los procedimientos censados, como los de Colmar, Douai, Nîmes o incluso Rennes, otras tienen dificultades, como es el caso de Cayenne (12,3 %), Orléans (51 %), Dijon (57,8 %) o incluso París (63,3 %).
Delitos sexuales contra menores: de los 85.047 casos pendientes a nivel nacional, se han revisado 69.616 procedimientos, lo que supone un 82 %
Datos por tribunal de apelación. Pasa el cursor por los puntos para obtener más información.
Porcentaje de procedimientos revisados
Número de casos pendientes
Mapa: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creado con Datawrapper
Infografía de Mediapart
Pero este inventario parcial ya pone de manifiesto un dato no muy loable: solo el 50 % de las investigaciones preliminares tienen una antigüedad inferior a doce meses, mientras que el 20 % alcanza al menos los dos años de antigüedad, sin que se haya tomado ninguna decisión sobre su tramitación (archivo, juicio, remisión a un juez de instrucción…).
Por el momento, en cualquier caso, resulta imposible predecir si la presión ejercida por el ministro dará lugar a una disminución de la tasa de archivos, o todo lo contrario.
Tratamiento a medias
Mientras tanto, las brigadas de menores y otros servicios especializados, que ya suelen estar desbordados, han recibido refuerzos a partir del 8 de junio para hacer frente a la situación, pero estos no siempre son los adecuados. “Cundió el pánico”, señala un fiscal general. “Han puesto a trabajar a gente de la brigada financiera. Bueno, imagino que no les han asignado los casos más complicados…”
“Para aliviar la carga de la brigada de menores, los casos de poca importancia se han encomendado a las comisarías [que cuentan con pocos funcionarios y que, por lo general, se limitan a tomar denuncias —ndr], señala una fiscal, “como los de agresiones sexuales entre menores. Pero ya están desbordados… “
En declaraciones a Mediapart, un oficial de policía judicial (OPJ), con veinte años de experiencia en investigaciones a sus espaldas, lamenta el caos que viene observando desde hace varias semanas. En la ciudad de tamaño medio que conoce bien, “se han repartido un centenar de expedientes” entre compañeros de servicios tan variados como “la brigada financiera, la brigada antidroga, la brigada de delitos contra la propiedad, el grupo de delitos graves y la brigada de policía administrativa”.
“A todos se les han asignado expedientes ‘delicados’ que deben tratar con prioridad”, subraya. “Pero es que no tienen ningún conocimiento de las particularidades de la materia. ¿Cómo va a abordar un especialista en montajes financieros o un experto en la normativa de los establecimientos de bebidas a una niña de 8 años durante un interrogatorio o cómo va a interpretar las investigaciones forenses?”
“El objetivo es dar salida a los casos acumulados. Poder decir a los magistrados que todo está bajo control. Tranquilizar a la opinión pública. Los sindicatos policiales hacen la vista gorda. Pero ¿qué hay del interés por las víctimas? ¿De la calidad del procedimiento iniciado? ¿Cuántos autores se escabullirán por las rendijas debido a que un investigador no haya sabido detectar al depredador que tenía delante?”, dice indignado el policía.
Perspectivas aún sombrías
De aquí a finales de julio, Gérald Darmanin ha previsto mantener encuentros individuales con los 36 jefes de las fiscalías generales, con el fin de “identificar las dificultades locales, definir las prioridades operativas y poner en marcha los medios necesarios para acelerar de forma sostenible la tramitación de esos procedimientos”.
“Habrá que tramitar todos esos procedimientos al tiempo que se gestionan los casos que vayan llegando”, dice uno de ellos. “Pero tenemos un gran problema con el volumen de casos acumulados por parte de la policía. Habría que crear brigadas de menores con una dotación de personal adecuada. Tal y como están las cosas, ¿se están cumpliendo nuestras instrucciones? ¿Se pueden absorber los casos que llegan? Tengo mis dudas.”
Delitos sexuales contra menores: la justicia tiene 124 casos pendientes por cada 100.000 habitantes, con grandes disparidades territoriales
Tabla: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creada con Datawrapper
Infografía de Mediapart
“Una vez reanudados los procedimientos en las comisarías, hay que escuchar a las víctimas y a los testigos, y realizar los peritajes”, añade la fiscal ya citada. “¡Eso lleva meses, no se traduce en una detención preventiva al día siguiente! Desbloquear un smartphone de alta gama puede llevar un año. Y no podemos recurrir a un laboratorio privado porque se nos pide que no gastemos dinero”.
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“No podremos hacerlo todo”, explica un fiscal general. “Lo siento, pero creo que los litigios económicos y financieros tendrán que esperar; los casos de estafa se juzgarán más lentamente. También habrá que reflexionar sobre los litigios de tráfico. Pero si mañana un conductor ebrio mata a tres jóvenes, habrá una circular y eso también se convertirá en prioritario…”
Uno de sus colegas ya se muestra irritado por la reunión que le espera con el ministro. “Sobre todo porque inicialmente estaba prevista para durar una hora y media, y ahora nos hablan de treinta minutos”, señala este alto magistrado. “¡Esto es como un haiku!”. Además de la falta de personal (tanto en la justicia como en la policía y la gendarmería), además de la necesidad de expertos (sobre todo psiquiatras), además de la falta de formación de los investigadores, él podría, por su parte, plantear un “tema propio de la policía”: “una falta de supervisión por parte de la jerarquía intermedia”. “Pero me imagino que los dos ministros volverán a hablar del tema mientras se toman un pastis…”, comenta con ironía.
Traducción de Miguel López
