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La reinserción de las FARC es el obstáculo principal para la paz

La reinserción de las FARC es el obstáculo principal para alcanzar la paz en Colombia (1/3)

Es un castillo de naipes, construido minuciosamente, que puede venirse abajo en cualquier momento. Las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –que cuentan con unos 8.000 efectivos armados– y el Gobierno se iniciaron oficialmente el 18 de octubre de 2012.

Negociaciones ha habido otras, como la tentativa iniciada bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-86), saboteada por grupos paramilitares, que concluyó con un clamoroso fracaso. Tampoco faltan los detractores. El expresidente conservador Álvaro Uribe no deja de lanzar dardos contra este proceso, mientras niega a las FARC la posibilidad de convertirse en interlocutores válidos. La mayoría de los colombianos se muestra escéptica porque muchos de esos ciudadanos solo han conocido la guerra, que hace ya más de medio siglo que empezó. Muertos de un bando, del otro, la llegada a la capital de refugiados que huyen del conflicto que ha convertido a Colombia en el segundo país del mundo en número de desplazados (hay más de seis millones de personas afectadas), las noticias del asesinato de un sindicalista, de un amerindio, de un miembro de una asociación por hablar alto y claro y que caen pronto en el olvido… Todo forma parte de la cotidianeidad.

Pese a todo, las negociaciones prosiguen. “Nunca hemos estado tan cerca de alcanzar un acuerdo”, quiere pensar el senador de izquierdas Iván Cepeda. “En la historia de las conversaciones de paz en Colombia, por primera vez se mantiene un diálogo de paz con la intención explícita, desde un primer momento, de poner fin al conflicto armado interno y poner las bases necesarias para que la sociedad construya la paz con una justicia social”, asegura el excomandante del Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla del país, Carlos Arturo Velandia.

La construcción del castillo de naipes sigue adelante a pesar de que el soplido del conflicto no cesa. Cada vez que surge una novedad, hay miedo a que todo se venga abajo. Los puntos de convergencia alcanzados solo entrarán en vigor cuando se firme el acuerdo final. Miedo cuando, el lunes 8 de junio de 2015, las FARC interceptaron camiones cisterna y forzaron el vertido de 740.000 litros de petróleo en plena naturaleza. Miedo también cuando, el 22 de mayo de 2015, las FARC levantaron la tregua “unilateral e indefinida” decretada en diciembre pasado. Esta decisión no era sino la continuación de un bombardeo armado, ocurrido la víspera, en el departamento de Cauca, al suroeste del país, que había causado la muerto de 26 guerrilleros. El Ejército reaccionaba así a la emboscada que había acabado con la vida de 11 soldados, el 11 de abril y que conmocionó a la opinión pública. Desde el 21 de mayo, la guerrilla ha perdido a tres de sus jefes, dos de los cuales participaban en las negociaciones de paz: Jairo Marínez y Román Ruiz. Más tarde llegaría el alivio, el 8 de julio, cuando las FARC anunciaban su “disposición” a decretar un alto el fuego durante un mes. La decisión llegaba precedida de la liberación la víspera, el domingo 19, de un militar retenido en cautividad durante casi dos semanas.

De los cinco aspectos sobre los que se articulan las negociaciones, en tres ya se ha alcanzado un acuerdo, a saber: la reforma del mundo rural para conseguir un reparto más justo de las tierras en manos de una minoría, reivindicación ésta que dio origen a las FARC; acuerdo para reducir la producción de coca; garantías relativas a la participación en la vida democrática. De forma paralela, el Gobierno y los guerrilleros han iniciado conjuntamente un proceso de desminado. En este punto, las conversaciones se centran en la espinosa cuestión de las víctimas. ¿Cómo juzgar los delitos cometidos? ¿A quién sentar en el banquillo de los acusados? ¿Cuáles serán las reparaciones?

De firmarse el acuerdo, Colombia hará historia y tendrá que acabar con verdades que a veces suponen un tabú. Las investigaciones versarán sobre las exacciones cometidas por las FARC, pero también sobre las actuaciones del Ejército y del Gobierno. El 24 de junio de 2015, la ONG en defensa de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) publicaba un informe que cuestionaba el alto número de ejecuciones “generalizadas y sistemáticas” de civiles entre 2002 y 2008. Según la ONG, los oficiales “sabían o habrían debido saber” que los soldados se entregaban a estos homicidios “extrajudiciales”, un escándalo al que se conoce como el de losfalsos positivos”. El método, sencillo y sórdido, consistía en llevarse a personas procedentes de los entornos más desfavorecidos, marginales, y disfrazarlas de guerrilleros, antes de abatirlas. Y todo para hacer negocio, lograr una prima o un aumento. A día de hoy, la justicia colombiana investiga más de 3.000 casos de “falsos positivos”. Los hechos ocurrieron bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) y con el jefe de Estado actual Juan Manuel Santos como ministro de Defensa (2006-2009). Dos semanas más tarde, el 6 de julio, el presidente anunció la destitución del jefe de la Marina, del almirante Hernando Wills, del jefe del Ejército del Aire el general Guillermo León y el jefe del Ejército de Tierra el general Jaime Alfonso Lasprilla. La organización HRW subraya que la 9ª Brigada cometió “al menos 48 ejecuciones extrajudiciales” cuando Lasprilla dirigía la brigada. ¿Se trata de un gesto a favor de las negociaciones de paz y de las FARC? Poco probable. Aún no se ha reconocido públicamente la responsabilidad del Estado.

Mientras se alcanza una solución, los colombianos elucubran sobre cómo será la Colombia de mañana. El liberal Juan Manuel Santos estima que se trata de una oportunidad de oro para la economía del país, anima a los inversores extranjeros a invertir y no pierde de vista las tierras pacificadas. La izquierda cree que las negociaciones alumbrarán una nueva Constitución; los desplazados esperan regresar a sus tierras o, simplemente, la mayoría, aspira a encontrar un trabajo estable, un techo. De alcanzarse la paz entre las FARC y el Gobierno, los esfuerzos destinados a hacer la guerra pueden destinarse a educación o a permitir la integración de los desplazados. Esta es la primera entrega de varios reportajes sobre la situación de Colombia.

La difícil integración de las FARC

En las sedes de los partidos políticos o de los sindicatos de izquierda, se recuerda al visitante los militantes muertos o encarcelados. En el Partido Comunista Colombiano (PCC), en Bogotá, los vigilantes se entretienen con sus smartphones bajo una estela erigida en memoria de Leonardo Posada, responsable comunista asesinado por paramilitares el 3 de agosto de 1986. Se levantan con brusquedad. El secretario general, Jaime Caycedo, de bigote poblado, entra por la puerta. Intercambia unas palabras con los afiliados. Se hace un corrillo en la planta. Acaba de recibir una carta de los Águilas Negras, un grupo paramilitar. Otra amenaza de muerte. Jaime Caycedo no parece inmutarse mucho. “Nada nuevo”, advierte, mientras hace un gesto con los hombros quien ya ha logrado escapar a dos atentados, uno de ellos perpetrado contra su apartamento con un bazoka.

Hay grupos de paramilitares que siguen activos a pesar del plan de desmovilización puesto en marcha en 2005 con la llamada Ley de Justicia y Paz y cuentan con influir, a su manera, en las negociaciones de paz iniciadas el 18 de octubre de 2012 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Vivimos una guerra de baja intensidad, el objetivo no es exterminar al contrario, sino hacerle cambiar de opinión mediante el terror”, explica Jaime Caycedo en su despacho, donde pende un retrato de Lenin y se adivina, detrás de un armario, las primeras líneas del Manifiesto del Partido Comunista, escritas en francés.

Por más que las negociaciones de paz prosigan en La Habana, las fuerzas de izquierda siguen siendo víctimas colaterales del conflicto en Colombia. Las presiones mortales ejercidas contra movimientos y partidos suponen una forma de asfixiar la vía pacífica de la política. En este contexto, resulta difícil imaginar que se pueda llevar a cabo, sin sobresaltos, una reconversión de las FARC.

Las FARC tienen ante sí varios escenarios: integrarse en alguno de los partidos políticos existentes o crear su propia formación, solución por la que parece decantarse la organización que se define como “partido político armado”. Para el excomandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Carlos Arturo Velandia, exguerrillero conocido como Felipe Torres: “Las FARC pueden hacer la transición entre la guerra y la política en las estructuras construidas a lo largo de 15 años como el Partido Comunista Clandestino, más conocido como PC3, el Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia (MBNC) o a partir de nueva estructura emergente”.

El senador de izquierdas Iván Cepeda en un pleno para la negociación de paz con las FARC | EFE

Los guerrilleros disponen de las herramientas necesarias. Pueden apoyarse en “su fuerza organizacional”, como subraya el asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis. También están implantados en algunas regiones del país (sobre todo en la costa del Pacífico) donde les resultará más fácil desarrollarse políticamente. Sin embargo, su entrada en el panorama político no provocará un bing bang político: “Las FARC son una minoría. En estos veinte años, no cuentan con más de un 4% de apoyo en los sondeos. En el mundo urbano se les rechaza porque nunca se ha entendido las razones por las que se sublevaron”, explica este especialista en conflictos colombianos.

Su consolidación política pasa por alcanzar alianzas, ententes con otras formaciones. Eso sí, sus eventuales aliados son blanco de todos los ataques a día de hoy, lo que estrangula la posible reconversión de las FARC. Es el caso de la Marcha Patriótica, organización política ecléctica creada en 2012, que reagrupa a diferentes organizaciones sociales, en particular agrícolas, y a figuras de izquierdas como Piedad Córdoba. Uno de sus portavoces, Andrés Gil, recordaba en mayo: “La muerte de 92 militantes desde el año 2012”. Una investigación llevada a cabo por la Fundación Paz y Reconciliación argumenta que esta violencia puede hacer desaparecer el movimiento.

Experiencias pasadas ponen de manifiesto el riesgo que corren los insurgentes que entregan las armas y crean nuevas estructuras políticas. El rotundo fracaso del proceso de paz de Belisario Betancur (1982-85) costó caro a los desmovilizados. En 1984, los Acuerdos de La Uribe desembocaron en un alto el fuego bilateral. Un año después, las FARC y el Partido Comunista crearon el partido Unión Patriótica (UP). Miembros del UP o simples simpatizantes pasaron a convertirse en objetivos preferentes de los paramilitares. Durante esta “guerra sucia”, entre 3.000 y 5.000 militantes fueron asesinados, según algunas fuentes, de ellos 550 dirigentes, dos candidatos a las elecciones presidenciales, cuatro parlamentarios y una cincuentena de representantes políticos locales. Entre ellos, Leonardo Posada, el diputado cuyo nombre figura en la estela de la sede del Partido Comunista. Las FARC no entregaron las armas.

Las organizaciones de izquierdas son las que respaldan las negociaciones

Uno de los desafíos consiste en conocer si las negociaciones proporcionarán protección suficiente a los futuros guerrilleros desmovilizados. En noviembre de 2013, se ofrecieron garantías de seguridad. En un comunicado se aludía a “un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política” […] “especialmente” para las FARC, pero precisaba que estas condiciones “particulares” se discutirían a posteriori. El comunicado añadía que el acuerdo final implicaba el fin de la violencia “como método de acción política para todos los colombianos”. Solo se llevará a cabo una vez firmado el acuerdo final.

Nada de satisfacer a los partidos de izquierda, todavía atemorizados, y que esperan medidas concretas. “Este miedo no debe llevar a los insurgentes a crear un escenario de paz armado, es decir firmar una paz pero no entregar las armas. Los acuerdos deben implicar el desmantelamiento comprobado de los grupos paramilitares y de otras organizaciones criminales”, dice Carlos Arturo Velandía.

Las FARC no entregarán las armas, según Luis Eduardo Celis: “Creo que el 20% de las FARC se negarán a entregar las armas y creo que serán sobre todo las FARC de la costa pacífica. En ningún proceso de paz de ninguna parte del mundo participa el 100% de la organización”. Las razones serán de carácter ideológico o para no perder “los ingresos del narcotráfico y de las minas ilegales”.

A día de hoy, la supuesta vinculación con las FARC y la posible resinserción de sus combatientes en tiempos de paz, todavía es tabú. “Para algunos, solo se puede lograr la paz con la desaparición de un enemigo interior. Para nosotros, la paz significa el fin de la utilización del término enemigo. Frente a la guerra, la solución es política y pasa por el diálogo”, explica Jaime Caycedo. El Partido Comunista Colombiano, germen de las FARC, se apartó de la lucha armada en los años 80. La ruptura con las FARC quedó formalizada en su XVI congreso, en 1991. Sin embargo, sigue siendo “sospechoso” a los ojos de la extrema derecha y percibido como la puerta trasera de la guerrilla.

Para Andrés Gil, el hecho de que se recuerde a diario los vínculos entre la Marcha Patriótica y la guerrilla es una “forma de estigmatizar y deslegitimar el movimiento”. “Si las FARC crean un partido político, no mostraremos ningún interés”, asegura el portavoz. Según la Fundación Paz y Reconciliación, la relación entre la Marcha Patriótica y las FARC es neutra, pero actúa en “zonas donde hay presencia de la organización armada ilegal sin que esto implique la existencia de vinculaciones directas, aunque haya similitudes en las reivindicaciones del movimiento agrario y en la agenda de las soluciones políticas al conflicto armado”.

En la práctica son sobre todo las organizaciones de izquierdas las que apoyan las negociaciones. Un apoyo que a menudo da muestras de una cierta simpatía. El domingo 10 de mayo de 2015, por ejemplo, los estudiantes rodearon la Universidad Pedagógica Nacional, con el acuerdo de la dirección. La tendencia política de la universidad no deja lugar a dudas: pintado a la entrada hay un retrato, en rojo y blanco, de un Lenin que lleva a un pueblo a la revolución, otro fresco representa la bandera cubana con los líderes de la revolución, todos los rincones están llenas de eslóganes y carteles revolucionarios. En el interior, en el gimnasio, se han montado tiendas en el campo de balonmano. Los estudiantes se escuchan a sus compañeros sentados en las tribunas. Un grupo de amigos habla en las gradas. “La mayoría de los colombianos ven en las FARC a terroristas con los que no se puede negociar. Los medios de comunicación tienen parte de responsabilidad”, señala David Pinzon. “Vengo de una localidad, en el Cauca, que está en manos de las FARC. En mi casa, no hay comercio de droga, nadie quiere marcharse del pueblo. Los desplazamientos a otras regiones tenían su origen en las fumigaciones de los campos de coca llevadas a cabo por el Gobierno”, insiste Marta Gómez.

Las reiteradas sospechas de las posibles vinculaciones entre los partidos de izquierdas y las FARC molestan al senador de izquierdas (Polo Democrático Alternativo) Iván Cepeda, cuyo padre, miembro del UP fue asesinado en 1994. En su pequeño despacho del congreso, en el Capitolio, varios de sus jóvenes colaboradores se afanan. “Nunca hablamos de los asuntos que afectan a la derecha. Sin embargo, algunos de sus miembros están ahí, en el Parlamento, sin ser objeto de actuaciones judiciales”, dice este hombre que aboga por el reconocimiento de los crímenes perpetrados por el Estado, sobre todo con Álvaro Uribe.

Ver a las FARC salir de la cárcel no gusta a los colombianos

La justicia está en el centro de las negociaciones en marcha ahora en La Habana. De esta justicia resultará después la reinserción de las FARC en la vida colombiana. Mientras que el Gobierno insiste en que los jefes de la guerrilla deben ir a prisión, los negociadores han alcanzado un acuerdo para crear “una comisión de la verdad” que determine las responsabilidades de las partes, del Gobierno a la guerrilla. Las FARC descartan pagar con penas firmes de prisión los crímenes cometidos, pero un negociador de las FARC, Pastor Alape no descarta otras sanciones más suaves.

Ver cómo las FARC evitan la cárcel no es plato de gusto para los colombianos. En la Plaza Bolívar, centro de poder del país, donde se encuentran el Capitolio, el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y la catedral Primada, Wilfran Blanley, operador telefónico, mira con pasividad a los niños que juegan con las palomas. “Las FARC quieren seguir siendo libres y vivir del tráfico. Mira la masacre cometida en el Cauca [el 11 de abril, una emboscada en este departamento acababa con la vida de 11 soldados]. ¿No van a ser juzgados por esto?” pregunta retóricamente el hombre. A unos metros, Jaqueline Canabale, empresaria, asegura que no cree en el proceso. “Estas personas han matado a muchos colombianos y ¿les vamos a dejar que recuperen su vida normal, aquí? Uribe tuvo el valor de enfrentarse a los guerrilleros. Tenía mano dura, dirigía el país con firmeza”.

Tras la emboscada de las FARC, Juan Manuel Santos se desplomó en los sondeos. Solo el 29% de los colombianos tenía, en abril de 2015, una opinión favorable (frente al 57% de Álvaro Uribe, presidente de 2002 a 2010). El 69% piensa que el proceso no concluirá con un acuerdo. El apoyo a las negociaciones procede sobre todo de la izquierda, no del electorado de Juan Manuel Santos, que quiere pasar a la historia como el artífice de la paz.

Las negociaciones también son una manera de dar difusión a las ideas de las FARC. Aunque no están integradas en un partido único, participan en los debates políticos del país. Los partidos de izquierdas desempeñan el papel de portavoces: “Marcha Patriótica puede ser el motor de estas negociaciones. Un acuerdo de paz abrirá el camino a nuevas consciencias, a una nueva Constitución. Para esto, debemos apoyar las negociaciones de los movimientos populares”, explica Alejandro Ramírez, miembro de la Comisión de Paz de la organización.

En la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, se acerca Óscar Londoño, uno de los dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios, de cabello corto, barba y que viste una sudadera de capucha negra: “El Gobierno cree que la paz significa solo la rendición de las FARC, pero no se conseguirá si no va acompañado de grandes cambios políticos y económicos”, explica el joven cuando se ve interrumpido. En el gimnasio se escucha la milonga del fusilado, los puños en alto, los estudiantes se ponen en pie: “Mi voz, la que está gritando,/ mi sueño, el que sigue entero/ y sean que solo muero si ustedes van aflojando”. “Tenemos que reformar el sistema político, acabar con la corrupción, el clientelismo, favorecer la educación, ahora que el 60% de los jóvenes no pueden ir a la universidad…” prosigue.

Las negociaciones han avanzado en algunos aspectos. Ya se ha alcanzado el consenso en tres de los cinco asuntos centrales, en concreto sobre las cuestiones agrarias, por favorecer el acceso a la tierra; en el narcotráfico y el desarrollo de los cultivos y sustitución de la coca y sobre la participación política. El secretario general del Partido Comunista no es tan optimista. “El Gobierno concibe el modelo de paz desde el capital, en función de si la paz puede atraer las inversiones extranjeras. Nosotros pensamos en la soberanía alimentaria, en el acceso al agua, a la reforma agraria…”. Lo que da una idea de la brecha ideológica que separa a los actores de las negociaciones.

Por ese motivo, el M19, que entregó oficialmente las armas en 1990, obtuvo también logros políticos con la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente. Actualmente numerosos excombatientes participan en la vida política del país, representados en la figura del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Para el excomandante del ELN, Carlos Arturo Velandía, Gustavo Pedro es una excepción: “La mayoría de los exguerrilleros de los años 90 se han visto marginados desde el punto de vista económico y social mientras que algunos de sus dirigentes tenían más reconocimiento y acceso a oportunidades”. El alcalde de Bogotá se ha convertido no obstante en un símbolo de reconversión exitosa.

Mientras que la opinión pública se derechiza, Iván Cepeda quiere creer que un acuerdo puede favorecer el acceso de las fuerzas de izquierda al poder: “La deslegitimación sistemática de las fuerzas de izquierda podrá acabar, hemos adquirido cierta madurez dirigiendo, por ejemplo, la vida política de la ciudad de Bogotá y a esto hay que añadir la fuerza del movimiento social”.

Traducción: Mariola Moreno

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