Un verano mortal para la democracia estadounidense
¿En qué momento preciso podremos finalmente creer que ha sucedido lo inimaginable? Por ejemplo, ¿que la democracia estadounidense, bajo el segundo mandato de Donald Trump, ha dado un giro hacia el autoritarismo?
Antes de que los historiadores se hagan cargo de esta cuestión dentro de unos años para intentar resolverla, los contemporáneos se ven obligados a luchar con la realidad, atrapados en los acontecimientos y la actualidad como un conejo ante las luces de un coche, esforzándose por ver los signos de una posible debacle política, mientras el país se prepara para celebrar los 250 años de la revolución contra la monarquía británica.
“La destrucción de las normas democráticas se produce rápidamente en el contexto de la historia de los Estados Unidos, pero sigue siendo lenta en comparación con nuestra capacidad cotidiana, distraída, para comprender lo que está sucediendo ante nuestros ojos”, opina John Avlon, experiodista de CNN.
En un texto titulado "Estados Unidos se inclina hacia el fascismo", el periodista Garrett Graff también considera que el país se despertó el lunes en otro mundo. “Todo lo demás, a partir de ahora, es solo una cuestión de grado, y de saber hasta qué punto empeorará la situación y hasta dónde llegará”, escribe. “¿Acabaremos ‘simplemente’ como Hungría o iremos hasta el final, hacia un Reich americano? Por el momento, después de haber estudiado durante años la Segunda Guerra Mundial, me temo que la trayectoria de Estados Unidos se parece más a la de Berlín en 1933 que a la de Budapest en 2015”.
Para respaldar esta visión distópica, destaca que, desde hace varios días, militares de la Guardia Nacional, procedentes de Estados gobernados por republicanos, están desplegados en las calles de Washington. Los soldados van incluso armados. ¿La justificación? Luchar contra la delincuencia y los delitos.
Militarización e instrumentalización
El lunes 25 de agosto, el “amo” de la Casa Blanca fue aún más lejos al firmar una orden ejecutiva en el que ordenaba a su ministro de Defensa, Pete Hegseth, crear “unidades especializadas” dentro de la Guardia Nacional que se encargarían de mantener el orden. El texto no especifica bajo qué autoridad actuarán. Hasta ahora, esta fuerza militar de reserva se movilizaba a petición de los gobernadores de los Estados.
Pero Trump ha demostrado que se trata sobre todo de utilizarla con fines políticos e imponer su voluntad en los Estados o ciudades controlados por la oposición demócrata, como en California en junio, incluso sin el visto bueno de los gobernadores. Afirmó que quería enviarla a Chicago, Illinois, o a Baltimore, en Maryland.
El gobernador de este último Estado, Wes Moore, dijo que se negaría, al considerar que la medida no era “sostenible” debido a su coste, además de “inconstitucional”. “Esto desvía la atención del hecho de que las desastrosas políticas económicas del presidente encarecen todo para los americanos de a pie”, añadió el político demócrata.
Si eso ocurriera en cualquier otro país, no tendríamos ningún problema en calificarlo de peligrosa toma de poder
En el Despacho Oval, durante la firma de la orden ejecutiva, Donald Trump respondió a los periodistas que a muchos americanos “les gustaría tener un dictador”. “Mucha gente dice: ‘Quizás nos gustaría tener un dictador’. A mí no me gustan los dictadores. Yo no soy un dictador. Soy un hombre con mucho sentido común e inteligente”, explicó. Pero, como siempre con Trump, hay que juzgarlo por sus actos y no por sus palabras.
Eso es lo que llevó a J. B. Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, a calificarlo de “dictador”. El lunes, en Chicago, Pritzker denunció la decisión de Trump de “utilizar al ejército para ocupar una ciudad americana, castigar a sus disidentes y ganar puntos políticamente”. “Si eso ocurriera en cualquier otro país, no tendríamos ningún problema en calificarlo de peligrosa toma de poder”, afirmó, y añadió dirigiéndose al presidente: “No venga a Chicago. Aquí no es usted deseado ni necesario”.
Esta militarización al servicio de la política autoritaria de la Casa Blanca no puede sino reforzar las certezas de quienes llevan meses alertando sobre la deriva actual.
En este contexto, el cese de varios altos cargos del ejército no ha pasado desapercibido. El teniente general Jeffrey Kruse, que dirigía la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), ha sido destituido. No se ha dado ninguna explicación, pero el presidente había expresado su descontento con un informe de la DIA que, en contra de lo que él afirmaba, estimaba que los ataques llevados a cabo en junio por Estados Unidos en Irán no habían destruido totalmente los objetivos.
Antes del despliegue de la Guardia Nacional en la capital federal, el presidente también otorgó más medios y poderes a la policía de inmigración (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Sus agentes, que, con el rostro oculto, detienen en plena calle a quienes les parecen sospechosos, se han convertido en el símbolo más aterrador de la represión que se está viviendo.
El presupuesto aprobado antes del verano —la "gran y hermosa ley", como la ha denominado Trump— dedica más de 175.000 millones de dólares a la lucha contra la inmigración, mientras que la Administración se ha comprometido a llevar a cabo una expulsión masiva de inmigrantes indocumentados. De ellos, 75.000 millones de dólares adicionales van exclusivamente al ICE, lo que la convierte en la agencia mejor dotada del gobierno federal.
La oposición demócrata y sus apoyos, en el punto de mira
Como destaca la revista The Atlantic, estos 175.000 millones de dólares “superan el presupuesto militar anual de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y China”. Todo ello sin ningún tipo de control sobre el gasto, lo que puede llevar a que las empresas privadas cercanas a la Administración, encargadas de gestionar las prisiones, se llenen los bolsillos.
Al igual que durante el primer mandato de Trump, no faltan los conflictos de intereses.
La persona que nombró ministra de Justicia, Pam Bondi, que fue fiscal general de Florida, trabajó hasta 2019 como lobbista para el grupo GEO, gestor de prisiones privadas que ya había invertido 70 millones de dólares en previsión de un aumento de su capacidad incluso antes de la elección del candidato republicano. Su “zar de las fronteras”, Tom Homan, fue consultor de GEO durante la Administración de Joe Biden.
Esta ola represiva no solo se dirige contra los indocumentados, sino también contra quienes se atreven a interponerse en el camino de Trump, tanto demócratas como algunos republicanos.
Convencido de que fue víctima de una caza de brujas con Joe Biden y de que le robaron las elecciones de 2020, Trump decidió presentarse de nuevo a las elecciones para llevar a cabo una operación de venganza contra sus enemigos reales o supuestos, como relata el periodista Michael Wolff en su libro All or Nothing (Todo o nada, edit. Penguin Random House), publicado en marzo.
Trump decidió presentarse de nuevo a las elecciones para llevar a cabo una operación de venganza contra sus enemigos reales o supuestos
Sus allegados nombrados al frente de las fuerzas policiales y del ministerio de Justicia no necesitan que se les recuerde su misión. El viernes 22 de agosto, el FBI llevó a cabo un registro en el domicilio y la oficina del neoconservador John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, convertido en uno de sus críticos más feroces.
Se ha dado muy poca información sobre los motivos de esta medida. Donald Trump había reprochado a su exasesor haber utilizado información clasificada en un libro publicado en 2020. La investigación abierta a raíz de ello se abandonó en 2021, tras la victoria de Joe Biden.
En un editorial, el Wall Street Journal evoca una “vendetta” contra el exasesor, estimando que “cada vez parece más claro que la venganza ocupa un lugar importante, incluso preponderante, en la forma en que definirá el éxito de su segundo mandato”.
“Quizás el presidente también espera que el registro del FBI silencie a Bolton, pero conociéndolo, nos cuesta imaginar que eso vaya a funcionar. El verdadero culpable aquí es un presidente que parece creer que puede utilizar los poderes de su cargo para llevar a cabo venganzas. Dijimos que este era uno de los riesgos de un segundo mandato de Trump, y está resultando peor de lo que imaginábamos”, concluye el diario conservador.
Anteriormente se habían abierto investigaciones sobre cuatro antiguos responsables de la Administración Trump durante su primer mandato: James Comey, que fue director del FBI, John Brennan, que dirigió la CIA, Miles Taylor, exjefe de seguridad interior, y el teniente coronel Alexander Vindman.
Aunque, oficialmente, la Administración Trump quiere destapar la “instrumentalización de la justicia” bajo la Administración Biden, utiliza los medios del Estado federal para ajustar cuentas. Hay otras dos figuras demócratas en el punto de mira: Letitia James y Adam Schiff. La primera, fiscal general de Nueva York, había llevado a cabo la investigación contra la Organización Trump y sus dirigentes, acusados de haber inflado el valor de los activos para negociar préstamos ventajosos con los bancos. El segundo era miembro de la comisión de investigación sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio.
Las autoridades federales han iniciado de este modo investigaciones penales sobre transacciones financieras personales que parecen ser ahora el sello distintivo de la venganza de Donald Trump.
La última víctima de esta “vendetta” es Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal (Fed) y la primera mujer negra en ocupar este cargo. Trump anunció su destitución en una carta publicada en su red social, Truth Social, en la que la acusa de fraude por un préstamo hipotecario personal. Se trata de algo inédito en la historia de la Fed.
Lisa Cook respondió que no se iría: “El presidente Trump ha invocado un ‘motivo válido’ para despedirme, cuando no existe según la ley, y no tiene poder para hacerlo. No voy a dimitir. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía americana, como lo vengo haciendo desde 2022.” Una nueva ilustración de la “toma autoritaria del poder”, según la senadora demócrata Elizabeth Warren.
Para Garrett Graff, autor de America Plunges into Fascism (Estados Unidos se hunde en el fascismo), “la situación sin duda va a empeorar: Trump busca claramente aferrarse al poder de forma ilegítima”. “Aún no sabemos si podremos recuperarnos de este momento”, continúa. “Pero hoy está claro que Estados Unidos es diferente y, aunque luchemos, nunca volverá a ser el mismo”.
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Pena de muerte para cualquier asesinato en Washington
Trump prometió el martes que se solicitaría la pena de muerte para cualquier asesinato cometido en Washington, a pesar de que esta pena fue abolida en la capital federal en 1981. “Si alguien mata a alguien en la capital, Washington D.C., pediremos la pena de muerte. Y eso es fuertemente disuasorio”, declaró el presidente americano durante un consejo de ministros en la Casa Blanca.
La Administración Trump podrá solicitar esa pena en los casos de asesinato que puedan ser juzgados a nivel federal, pero no en los que se juzguen a nivel local. Sin embargo, el presidente republicano, ferviente partidario de la pena de muerte, podría intentar modificar la legislación vigente en la capital, bastión tradicionalmente demócrata. Washington no forma parte de ningún Estado y tiene un estatus especial, ya que el Congreso tiene derecho a supervisar los asuntos de la ciudad.
En 1992, tras el asesinato de un asistente parlamentario, el Congreso impuso la celebración de un referéndum para restablecer la pena de muerte en Washington, pero dos tercios de los habitantes la rechazaron.
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A su regreso a la Casa Blanca a finales de enero, el republicano firmó una orden ejecutiva en la que pedía que se ampliara su uso “para los delitos más viles" y daba instrucciones a los fiscales federales para que interpusieran este tipo de acusaciones con mayor frecuencia.
Traducción de Miguel López
