La Fiscalía abre una vía jurídica para que quien robe agua de Doñana pague las reparaciones del acuífero
La persecución del robo de agua en Doñana ha adquirido una nueva dimensión que permitirá exigir a los culpables nuevas responsabilidades. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya si en el entorno del parque nacional se han cometido daños contra el medioambiente por la extracción de agua ilegal del acuífero, una actividad más que demostrada que ocurre desde hace décadas. El Ministerio Fiscal reclama además aplicar sobre estos casos la Ley de Responsabilidad Medioambiental, una norma hasta ahora no empleada contra las extracciones ilegales de agua en Doñana y que contempla que el causante debe reparar los daños en el entorno, tanto en el acuífero como en la naturaleza del parque.
Juanjo Carmona, jurista y representante de la organización ecologista WWF en esta reserva, explica que se trata de un paso clave que "abre una dimensión muy interesante" a la hora de luchar contra el robo de agua. "Hasta ahora delinquir salía barato porque le podía costar al empresario 10.000 o 20.000 euros robar agua durante años, pero somos todos los demás los que tenemos que pagar después los millones que cuesta reparar el daño sobre el parque", afirma Carmona. Además, los procesos administrativos habituales para cerrar pozos se extienden unos siete años, lo que hace que favorece que se siga delinquiendo.
Hasta ahora, era la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Fiscalía de Huelva las que se ocupaban de estos delitos, pero en junio de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por incumplir la Directiva de Aguas en Doñana. Esto provocó que el pasado 8 de mayo entrase el Ministerio Fiscal a investigar la situación, aunque la decisión se hizo pública este jueves. Por ahora, se han abierto diligencias preprocésales —una investigación preliminar— y el fiscal ha pedido registros sobre el robo de agua al Seprona. Después, será la Fiscalía quien decida si hay evidencias de delitos penales o infracciones administrativas.
El fiscal Jesús Alonso Cristóbal justifica la apertura de la investigación basándose en la Ley de Responsabilidad Medioambiental, una figura jurídica que llegó a España en 2007, precisamente por la trasposición de la directiva europea de reparación ambiental. Esta ley no se ha usado todavía para combatir el regadío ilegal en Doñana y la clave, como recoge el fiscal, es que esta establece una relación entre “los daños medioambientales que hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales” a las reservas subterráneas de agua y el impacto que hayan tenido sobre la naturaleza que se nutre de esos acuíferos.
El escrito del fiscal también recuerda que la Ley de Responsabilidad Medioambiental permite a las administraciones que exijan de oficio la adopción de "medidas de prevención y reparación de daños medioambientales" a los culpables. Juanjo Carmona añade que estos daños ambientales prescriben a los 30 años, por lo que incluso fincas que ya fueron multadas en el pasado por extraer agua podrían ser investigadas bajo la nueva ley. Además, esta ley también recoge que esa reparación económica es compatible con un castigo penal, por lo que los responsables podrían tener igualmente pena de cárcel.
La lucha contra la extracción de aguas ilegales del subsuelo de la reserva comenzó en 2007 con el cierre de las grandes fincas de riego ilegal, que podían llegar a superar cada una las 200 hectáreas de terreno, unos 280 campos de fútbol. En 2014, se aprobó el Plan de la Corona Norte de Doñana que acotó con exactitud qué fincas podían regarse y cuáles no, lo que facilitó el trabajo de persecución de los pozos ilegales.
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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la que tiene las competencias sobre el reparto del agua en la zona, inició entonces una guerra contra el robo de agua que por la lentitud del proceso administrativo continúa a día de hoy. Se calcula que todavía alrededor del 2% de las fincas siguen extrayendo ilegalmente agua del acuífero, principalmente sobre la masa de agua de La Rocina, en Huelva. Hasta la fecha, la Confederación ha cerrado unos 500 pozos legales y 200 ilegales, y quedan otros 500 en total. El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica es cerrarlos todos entre 2024 y 2025.
El problema a la hora de enfrentarse a este robo es que la Confederación solo puede aplicar la Ley de Aguas para denunciar a los empresarios agricultores y sus sanciones son administrativas, con multas habitualmente leves por el pequeño tamaño de las explotaciones, lo que anima a reincidir una y otra vez. Por ejemplo, una sanción de 2016 en la que se extrajo agua por valor de 128.000 euros tuvo una multa de apenas 9.000 euros. La Fiscalía de Huelva también han investigado decenas de casos que han acabado en 49 condenas, algunas de ellas por la vía penal, aunque hasta nadie ha ido a la cárcel por sacar agua de Doñana.
La actuación de la Fiscalía se conoce precisamente días antes de que el Parlamento andaluz vote la proposición de ley para aumentar los regadíos alrededor de Doñana, una reforma del Plan de la Corona Norte que amplía en 700 las hectáreas regables, aunque por ahora no está claro de dónde saldrá el agua, ya que esa competencia es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es decir, del Gobierno central. La semana pasada, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco aprobó una declaración que pide acabar con el continuo descenso del acuífero de Doñana con medidas urgentes y efectivas. En caso contrario, la reserva entrará en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.
