El Gobierno ignora la misión francesa que analiza los bidones nucleares del Atlántico y se desentiende de ellos

A finales de junio, una misión científica francesa analizó el estado de algunos de los miles de bidones con residuos nucleares vertidos por varios países entre 1949 y 1982 en el Atlántico, en aguas internacionales, que no están siendo supervisados ​​periódicamente por España ni por ningún organismo internacional. Tres meses después, el Gobierno español ha respondido oficialmente al Senado, a preguntas del BNG, que las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se limitan al control de la radiactividad en territorio español o en sus aguas territoriales. Una respuesta que ignora las diversas preguntas expresas formuladas al Gobierno sobre si ha llegado a algún acuerdo con Francia u otros organismos internacionales para conocer el estado de los residuos o qué medidas adoptará al respecto.

La respuesta que el Gobierno español da ahora al Senado por las preguntas del BNG es similar a la que, durante el Gobierno del PP, dieron varios ministerios y organismos estatales en 2017 como parte de una amplia investigación de Praza.gal que reveló que nadie supervisaba regularmente los bidones nucleares. En esa respuesta coincidieron, entre otros, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que dependían de los entonces ministerios de Agricultura y Medio Ambiente o de Economía, Industria y Competitividad.

Ahora, como entonces, el Gobierno insiste en que España analiza la radiactividad que llega a la costa, sin detectar hasta la fecha ninguna señal de alerta. Estos análisis están supervisados ​​por la Unión Europea, la última vez en 2021, como informó entonces Praza.gal, con conclusiones favorables para España, aunque con recomendaciones de mejora respecto a la periodicidad de los análisis de los alimentos marinos.

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Pero más allá de eximir al CSN de la responsabilidad de analizar los residuos vertidos en aguas internacionales, el Gobierno español no ha respondido a las diversas preguntas específicas que se le formularon. Entre otras cuestiones, la senadora del BNG, Carme da Silva, preguntó qué información tiene el Gobierno sobre el estado de los depósitos nucleares, si ha tomado alguna medida para conocer la situación actual, si ha solicitado seguimiento a la Unión Europea o al Organismo Internacional de Energía Atómica, si ha establecido canales de comunicación con el Gobierno francés para conocer los detalles de su misión y, en general, qué medidas prevé tomar el Gobierno en este asunto.

El Gobierno no responde a ninguna de estas preguntas en el Senado, ignorando en su respuesta oficial a la Cámara Alta los bidones en aguas internacionales y la reciente misión francesa. Incluso llega a afirmar que "cualquier información de la cual pudiera disponer este organismo, sería informada y comunicada", algo que no hace en su respuesta oficial. Esta postura la adopta no solo en respuesta a la pregunta de la senadora del BNG, sino también después de que el Parlamento gallego exigiera por unanimidad en 2018, tras la investigación de Praza.gal, un mayor interés por los residuos nucleares.

En cuanto a la misión francesa, de la que nada dice ahora el Gobierno español, sus primeras evaluaciones de los residuos revisados ​​—3.355 barriles a unos 650 kilómetros de Galicia, una fracción muy pequeña de todos los residuos vertidos al Atlántico durante décadas— indican que no hay radiactividad significativa en las proximidades de los bidones, algunos de ellos "prácticamente intactos" y otros "extremadamente degradados". Los análisis continuarán en el laboratorio y se realizará una segunda campaña en la zona de los vertederos en uno o dos años.