FALLECIDOS POR EL CALOR (IV)

Los sindicatos exigen cambios urgentes para proteger a los trabajadores del calor

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una foto de Archivo.

Un camionero en Burgos, una agricultora en Huelva o un peón de la construcción en Madrid son algunos de los trabajadores que han muerto en el que apunta a ser el verano más cálido de la historia de España. En la última entrega de esta serie sobre cómo el cambio climático está asfixiando el mercado laboral, es el momento de abordar por qué el Gobierno no se toma en serio todavía este problema que cada año va a más y castiga especialmente a las profesiones más empobrecidas. Los sindicatos aseguran que llevan años predicando en el desierto y que el Ministerio de Trabajo no parece preocupado por esta lacra.

La ley de prevención de riesgos laborales se actualizó vagamente en 2023 para introducir que en caso de "fenómenos meteorológicos adversos" o de declaración de un aviso naranja o rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, todos los trabajos de exterior tienen la obligación de adaptar su horario para proteger a los empleados, incluyendo "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas" más extremas. 

Este avance, para los sindicatos, fue muy mejorable porque no aborda el problema de manera seria –el calor puede ser peligroso por mucho que no se alcancen esas condiciones específicas–, y el incumplimiento de esa disposición es extremadamente amplio. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, opina que hacen falta protocolos específicos en cada sector que garanticen la seguridad. "La normativa que hay es insuficiente para proteger a las personas de las altas temperaturas. Se tiene que hacer cumplir la ley, pero también actualizarla", asegura.

En oficios de interior, como fábricas, restaurantes u oficinas, la legislación es muy específica sobre la temperatura, la humedad y la circulación del aire a la que deben estar expuestos los trabajadores, aunque es cierto que muchas veces se incumple. Pero, evidentemente, en exteriores es imposible fijar unas condiciones concretas, de manera que los expertos en salud piden que se estudien las condiciones específicas de cada profesión y se reescriban los convenios.

Sergio Salas, investigador en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas), recuerda sobre este aspecto que en el real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que dice que en la negociación colectiva se debatirán "protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos", un breve añadido que se puede interpretar como una obligación de incorporar medidas frente al calor extremo. Sin embargo, de nuevo, cree que es otro parche ambiguo que debe reforzarse.

"Es un cambio muy lento porque se va incorporando a los convenios actualizados desde entonces, y la mayoría no incorpora todavía las cláusulas por altas temperaturas. Es necesario que esto se haga obligatorio para forzar a actualizar", señala el experto. 

Salas completó el año pasado una investigación de 596 convenios colectivos sectoriales firmados entre 2020 y 2025 en España, "con resultados bastante decepcionantes". Su conclusión es que el calor extremo, que es una amenaza de salud pública en la península debido al cambio climático, es prácticamente inexistente en la negociación colectiva. El 69% no menciona siquiera el estrés por calor, y el 22% del total lo hace, pero solo contempla medidas de vestimenta, que ya se consideran básicas desde la ley de prevención de 1995. Solo 51 acuerdos (8,6 %) incluyen cláusulas organizativas o técnicas en referencia al calor, y apenas ocho (1,3 %) contienen un plan de choque más o menos integral.

De esos ocho, cinco pertenecen a la construcción, dos a la metalurgia y uno a la agricultura. Su resumen es que allí donde los trabajadores más pelean por mejoras, más protegidos están. "Los sectores con una tradición de negociación colectiva son los que tienen convenios más garantistas", opina. También es cierto que la construcción es el grupo profesional con mayor mortalidad, con 10,94 fallecimientos anuales por cada 100.000 trabajadores entre 2015 y 2025, por lo que requiere más precaución.

Qué medidas se pueden tomar 

Revisando estos limitados ejemplos se pueden recoger ideas para futuras negociaciones sectoriales con ejemplos de buenas prácticas. Una de las fundamentales consiste en dejar por escrito, para no recurrir a la improvisación, cómo se organizan los horarios en los días de calor extremo: si se adelanta el momento de entrada para aprovechar las horas más frescas o si hay que trabajar menos tiempo.

También es recomendable aclarar bajo qué circunstancias la jornada de trabajo se cancela y qué remuneración reciben trabajadores de plantilla y subcontratados. Así se evitan situaciones como la de los jornaleros del campo que se vuelven a casa sin cobrar.

Otras recomendaciones son formar a la plantilla en prevención de riesgos por calor para detectar a tiempo un shock térmico, acordar por escrito unas medidas de seguridad (ropa fresca, acceso a agua, descansos obligatorios o aparatos de climatización) y establecer medidas concretas de prevención para trabajadores vulnerables.

En resumen, lo que exigen los expertos es que estas medidas de seguridad estén consensuadas y recogidas en un papel para que no queden al libre albedrío del jefe de turno porque la experiencia de la propia Inspección de Trabajo del ministerio demuestra que falta mucho por hacer. Entre junio y septiembre de 2025, este cuerpo realizó 10.784 visitas, que conllevaron 291 multas, con una sanción total de 1.559.949 euros.

“En interiores, los incumplimientos suelen deberse a problemas y/o averías en los sistemas de climatización y, en ocasiones, por su inexistencia”, aseguran a infoLibre fuentes de Trabajo.

En exteriores, reconocen que es “más complejo” evaluar y sancionar. “La Inspección suele detectar falta de evaluación y prevención del calor extremo y falta de adopción de medidas organizativas que protejan a las/os trabajadores/as en los momentos de temperaturas más elevadas. Por ejemplo, que no se adapten los horarios de trabajo, pausas insuficientes e insuficiente hidratación”, añaden.

Una negociación paralizada

Los sindicatos aseguran estar muy enfadados por la falta de compromiso del Gobierno en este asunto. Si es difícil prevenir los golpes de calor y se sospecha que la mortalidad por altas temperaturas en el trabajo está infracontabilizada, no entienden que la cartera de Yolanda Díaz no haya tomado medidas para abordarlo, especialmente tras las experiencia de 2025, un verano en el que uno de cada tres días es vivió bajo ola de calor.

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En diciembre vencieron los 12 meses que el Gobierno se dio a sí mismo para aprobar “un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Aunque no sería la reforma definitiva que necesita el reglamento, sería un avance considerable, pero todavía no hay ni un borrador disponible de ese reglamento. 

El gran trabajo que tiene por delante la ministra de Sumar es la reforma de la Ley de Riesgos Laborales de 1995, que lleva en elaboración desde febrero de 2024. En noviembre de 2025 los empresarios abandonaron la negociación y Trabajo publicó en marzo el anteproyecto de ley, solo respaldado por los sindicatos, y fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero todavía tiene que superar el examen del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado, antes de llegar al Congreso. De todas formas, nadie espera que llegue a aprobarse porque necesita el apoyo de la oposición, sobre todo del PP, que ya ha anunciado que no respaldará una reforma que no cuente con el aval de las organizaciones empresariales. 

Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), opina que esperar a que la ley se reforme en el Congreso es una utopía, y presiona para que se apruebe al menos el reglamento. “Nuestra principal demanda es cumplir con el real decreto 8/2024, que obliga al Gobierno a elaborar un reglamento. Ahí no hace falta ir al Congreso, solo depende del ministerio cumplir con ello, y seguir alargándolo es una decisión irresponsable”, asegura. “Yo creo que, en cuanto al calor, estamos en una situación de alarma”, resume.

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