Javier Pérez Royo: "Si Estrasburgo le ha dado amparo a Otegi, a los presos del 'procés' ni te cuento. El juicio es una temeridad"

A la primera pregunta de la entrevista, que pretendía ser de tanteo y aproximación, Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944), catedrático de Derecho Constitucional, ya responde en tropel, sin guardarse nada ni dar rodeos: "Hay una distancia enorme entre la celebración oficial y la realidad de crisis constitucional". No tiene ganas de balances acaramelados por el 40º aniversario –"ha sido la mejor Constitución de nuestra historia", concede–, sino de diagnosticar "problemas gravísimos" para los que además no ve solución a la vista. Estos problemas se resumen así: la Corona, las Cortes y Cataluña.

La de Javier Pérez Royo es la cuarta de una serie de entrevistas en profundidad realizadas por infoLibre con seis prestigiosos juristas españoles con motivo del 40º aniversario de la Constitución. Mañana se publicará la conversación con María Emilia Casas.

PEGUNTA: ¿Por qué es tan grave la crisis?
RESPUESTA: El sistema político español no funciona de acuerdo a lo que prevé la Constitución. Desde 2015 hay una parálisis y el Parlamento, que es representante del pueblo español, donde se proyecta el principio de legitimidad, no cumple ninguna de sus funciones constitucionales.

P: ¿Qué significa que no cumple?
R: No se hacen leyes. Se legisla por decreto ley, el Parlamento es incapaz de hacer una ley siguiendo el procedimiento legislativo, que tiene una cantidad de recovecos que no se pueden recorrer. Se acude al decreto ley y luego a un voto de convalidación. Tampoco se hacen presupuestos. Como no se legisla y no se hacen presupuestos, no hay acción de gobierno susceptible de ser controlada. La función de control queda en una cuestión anecdótica, ridícula. Así que las tres grandes funciones que asigna la Constitución al Parlamento, legislativa, presupuestaria y de control, se incumplen. Y ahí seguimos. Hubo que repetir elecciones, fuimos el primer país de Europa occidental en repetir. Luego hubo una abstención con [Mariano] Rajoy, pero fue para la investidura, no para gobernar. Y después la moción de censura, que es un mecanismo que sí ha funcionado, pero deja un Gobierno con 84 escaños que puede hacer lo que puede hacer...

P: Describe usted una crisis política. ¿Por qué dice crisis constitucional?
R: Lo que la Constitución prevé no se cumple, no se aplica. Con los resultados electorales desde 2015, el órgano que expresa la soberanía popular no puede cumplir las funciones que tiene encomendadas. La Constitución dice una cosa y en la realidad ocurre algo distinto. Ya no es lo que fue hasta 2015, una Constitución normativa. Y no hay indicio de que se vaya a corregir, al contrario.

P: ¿En qué convierte esta situación a la Constitución? ¿Deja de ser una Constitución como tal?
R: Está en la antesala del desmoronamiento, de la descomposición. Tal y como está, no sé si puede ser el marco que haga posible el proceso de dirección política en España.

P: ¿Propone reformarla o sustituirla?
R: Debería haberse reformado hace muchísimo tiempo. Una Constitución tiene que estar reformándose desde que empieza a funcionar. Introduciendo reformas a medida que se identifican problemas. Si no, los problemas se acumulan. Y cuando se quiere reformar ya es muy difícil, ya son muchos los vicios acumulados, no se sabe cómo activar el mecanismo porque no se ha hecho nunca, ha caído en desuso el título dedicado a la reforma. Las reformas tienen que ser puntuales. Por ejemplo, el Senado se debía haber reformado ya en los 80. El Senado es un aborto, es materialmente anticonstitucional. Supone una desviación brutal del principio de igualdad.

P: ¿Es tarde entonces para reformarla?
R: Nunca es tarde. El problema es que para hacer una reforma, tiene que haber una condición: que los partidos con representación parlamentaria tengan predisposición a sentarse para discutir un diagnóstico de buena fe y decidir en qué puntos actuar y cómo se construyen las mayorías cualificadas.

P: ¿Lo ve posible?
R: No. No veo condiciones ni predisposición. Lo intentó [José Luis Rodríguez] Zapatero en 2004 en una situación menos deteriorada, en un momento en que económicamente el país funcionaba como un tiro, sin crisis territorial, y fue imposible que el PP y el PSOE se sentaran simplemente a discutir. Imagine ahora, cuando vamos a un pentapartidismo [PSOE, PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Vox] más los nacionalistas. Y con esa puja en la derecha a ver cuál es más españolista y anticatalanista.

P: Así que la crisis constitucional se traduce en que el Parlamento no funciona.
R: Ese es el reflejo. Esto es una democracia parlamentaria y el Parlamento no funciona.

P: Pero una cosa es el reflejo y otra la causa. ¿La causa es la crisis catalana?
R: Para mí la crisis constitucional tiene varios factores, no sólo uno. Está la gran herencia del régimen de Franco, que es la monarquía y la composición de las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado. Todo esto viene de la Ley para la Reforma Política [de 1977], de una decisión de Franco de restaurar la monarquía. Luego esa monarquía restaurada, con el Gobierno de [Adolfo] Suárez, hizo la transición de las leyes fundamentales [del franquismo] a la Constitución. Y eso se hizo a través de la Ley para la Reforma Política, donde se define la composición de las Cortes, y mediante el decreto ley [de marzo de 1977] que establece el sistema electoral. Todo eso, la composición del Congreso y del Senado y el sistema electoral, pasa a la Constitución tal cual. Es preconstitucional. Aunque formalmente lo aprobaran las Cortes constituyentes, la decisión no es suya, sino de las Cortes franquistas. Esa herencia provoca una crisis de legitimidad, porque tenemos una monarquía restaurada y reintroducida por un dictador.

P: ¿Qué problemas presenta la composición del Congreso y el Senado?
R: Hay una desviación calculada del principio de igualdad, pensada para un bipartidismo con tendencia a escorarse a la derecha.

P: Pero de 1982 a 1996 gobierna el PSOE de Felipe González...
R: Sí, claro. Pero hablo de la tendencia. Por supuesto que gobernó González. Cuando saca en el 82 casi el 50% del voto, ahí no hay nada que hablar. Pero la intención es la que digo: una desviación para favorecer a la derecha. Y de hecho, con la misma diferencia de 3 o 4 puntos a favor del PP, el escoramiento hacia la derecha es mayor que con una diferencia de 3 o 4 puntos a favor del PSOE.

P: ¿Por el mayor peso electoral comparado de las provincias menos pobladas?
R: Claro, por todo eso: por la circunscripción provincial, por el mínimo de dos diputados por provincia, por la fórmula d'Hont, por todos los elementos del sistema electoral... Bueno, y ya el Senado, con cuatro senadores por provincia, es una locura. Y la prueba la tenemos en esta legislatura. El PP, con poco más del 30% de los votos, tiene una mayoría súper absoluta.

P: Esos son los dos factores de la crisis: monarquía y Cortes Generales.
R: Es decir, todo el mecanismo del poder. En España, el mecanismo del poder es anterior a la Constitución. Es una herencia del régimen de Franco. Eso es un límite tremendo para que la sociedad española pueda expresarse tal cual es. El bipartidismo dinástico ha funcionado hasta 2015, cuando se han podido sustituir el PP y el PSOE. Ya no pueden y entonces no saben cuál va a ser la operativa.

P: ¿La crisis de la Constitución se debe entonces al fin del bipartidismo?
R: Obedece al cambio de composición del Congreso y el Senado, que precisamente son los que tienen que hacer la reforma de la Constitución.

P: ¿Y qué deberían, a su juicio, hacer las Cortes?
R: El Senado directamente debe hacerse un harakiri. Y el Congreso tendría que cambiar sensiblemente para que el principio de igualdad se expresara en el Congreso y reflejase la sociedad española tal cual es.

P: Aún no hemos hablado del problema territorial.
R: La fórmula de integración de las nacionalidades y regiones ha saltado por los aires en Cataluña con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Y por lo tanto, estamos sin constitución territorial. Son las tres cosas: monarquía, composición de las Cortes y sistema electoral, y constitución territorial del poder. Esos son los grandes problemas a los que tiene que enfrentarse la sociedad. Y la Constitución ya no le vale para hacerlo.

P: En cuanto a la jefatura del Estado, ¿la salida democrática a esa crisis sería un referéndum monarquía-república?
R: Claro. Si la Constitución se hubiera ido reformando periódicamente, y se hubiera reformado el Senado, si tuviéramos un Estado de las autonomías distinto... Si se hubieran ido haciendo cambios, a lo mejor el tema de la monarquía lo podríamos dejar... Pero como no se han ido haciendo reformas, ahora ya nos encontramos con un sistema político que está viciado. Se ha puesto de manifiesto que esto fue un restauración monárquica disfrazada de transición a la democracia, donde la monarquía condicionó el principio de legitimación democrática, que está condicionado al principio monárquico. Porque es la monarquía la que hace y dirige la Transición. De ahí viene la incapacidad de reforma del sistema, que acaba poniendo de manifiesto que la monarquía es un obstáculo.

P: ¿Referéndum, entonces?
R: Es la única manera. Pero la resistencia va a ser absoluta.

P: ¿La Corona ha faltado a su deber de ejemplaridad?
R: Y no sólo eso. El discurso del 3 de octubre, ¿qué monarca puede hacerlo? Bajar a la arena política y entrar en ese terreno.... Pero, ¿usted quién es? [en referencia a Felipe VI] ¿Qué monarca parlamentario hace eso?

P: Tras el referéndum fustrado del 1 de octubre, ¿era posible otro discurso del jefe del Estado? ¿O no debió dar ninguno?
R: ¡Ninguno! Pero, ¿usted quién es? Y la responsabilidad aquí es de Rajoy. Le tenía que haber dicho al rey: "Usted no sale. Y si sale, aquí tiene mi dimisión". O, en todo caso, si sale que sea en las Cortes Generales, reunidas las dos cámaras, para leer un discurso del Gobierno.

P: ¿Cree que el rey buscaba popularidad?
R: No sé qué buscaba, pero cometió un error. Bajó a la arena política y desde entonces no puede ir a Cataluña.

P: ¿Corre el riesgo de convertirse en el rey de una parte de España?
R: Bueno, ya ha estado a punto de convertirse en el rey del 155. Y escuche a [José María] Aznar. Ya saca al PSOE del constitucionalismo y sitúa al rey como pieza clave. Y lo que dice [Pablo] Casado: "Cuando se pagan pensiones, viva el rey; cuando se abre un hospital, viva el rey".

P: Según el PP, Vox es constitucionalista y Podemos no.
R: Claro. Pero es que el PSOE tampoco. El PSOE está fuera también. El intento de apropiación de la Constitución y del rey por parte del PP está clarísimo. "Si usted no está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con el rey". Ese discurso para la Casa Real es un problema y no sé cómo lo va a combatir. Este problema de la monarquía hay que resolverlo. Si vamos a tener una monarquía, ¿qué monarquía va a ser? Porque es inaceptable cómo se hizo la abdicación, de forma anticonstitucional.

P: ¿Anticonstitucional?
R: Totalmente. Se hicieron dos abdicaciones. Por la mañana se hace la abdicación del poder militar. El rey transmite en el Palacio de la Zarzuela el mando supremo de las Fuerzas Armadas a su hijo, como si fuera un asunto familiar. Y el hijo, ya con el uniforme de capitán general, se presenta por la tarde en las Cortes. El desprecio a la soberanía popular es brutal. Eso no se puede tolerar. Y luego el estatus jurídico del rey emérito se decide mediante una reforma legal que se introduce en enmienda a una ley de medidas económicas que estaba en tramitación en el Congreso. ¿Pero esto que es? Esto es un fraude de Constitución como la copa de un pino. Cosas como estas hacen que no sea una monarquía parlamentaria. ¿Cómo que ahora cojo y aparezco en televisión y pronuncio el discurso que me da la gana? Es que el rey va a Davos a hablar de España y la UE. ¿Qué monarca va a Davos? Van los monarcas árabes, el de Marruecos, Arabia Saudí, Jordania... Los monarcas europeos no van. Ni tampoco aparecen en los papeles de Wikileaks [en referencia al rey emérito, Juan Carlos I]. Hay que hace un referéndum, y si gana la monarquía, ver qué monarquía se quiere.

P: Es partidario de resolver la cuestión monarquía-república en referéndum. ¿Y la de Cataluña?
R: No sé. Cataluña es mucho más complicado. Y venimos avisados. Ya se resaltó en el debate constituyente: el problema por el que se va a juzgar esta Constitución es si es capaz de resolver el problema territorial. Si lo hace, tendrá éxito; si no, no. Para eso se diseñó un mecanismo de nacionalidades pensando en Cataluña, que consistía en el sistema de doble garantía. La nacionalidad no puede imponer al Estado un Estatuto con el que el Estado no está de acuerdo. Es decir, el Parlamento de la nacionalidad aprueba un proyecto de Estatuto y tiene que entrar en una negociación con las Cortes. Esa es una garantía a favor del Estado. El ejercicio del derecho a la autonomía no puede imponerse al principio de unidad política del Estado. Eso por un lado. En segundo lugar, una vez hecha la negociación entre los dos parlamentos [el autonómico y el estatal], la última palabra la tienen los ciudadanos de la nacionalidad en referéndum. Esa es la constitución territorial de 1978. Acuerdo y referéndum. Y eso es lo que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 desbarata.

P: ¿Por qué?
R: Porque desautoriza el pacto entre el Parlamento [catalán] y las Cortes y desconoce el resultado del referéndum. Ahí te has quedado sin Constitución. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña, que no hay Constitución, y donde no hay Constitución hay desorden.

P: Un desorden que se proyecta sobre todo el Estado.
R: Porque Cataluña es mucha Cataluña. Y está dominando la vida política española. Lo hemos visto en Andalucía, donde ha tenido más presencia Cataluña que la propia Andalucía. Los que han intentado dar mayor protagonismo a Andalucía, el PSOE y Adelante, no han conectado [con el electorado]. Pero los que lo han planteado en torno al nacionalismo español sí han conectado. El tema de Cataluña lo envenena todo. Y verás en mayo, la que viene. Verás Vox en mayo.

P: ¿Se atreve con alguna propuesta para la crisis catalana?
R: Cataluña ahora mismo no tiene solución. Ahora mismo, digo, porque en algún momento habrá que verlo, claro. Antes tienen que pasar los juicios. Mientras no haya juicios, no hay negociación política posible. Y dependiendo de cómo terminen.

P: ¿Contempla la celebración de un referéndum?
R: Que tendrá que haber un referéndum, seguro.

P: ¿De autodeterminación?
R: No, eso no se va a aceptar por los partidos estatales. Por Podemos sí. Los demás no. Ahora mismo todo está empantanado. Con gente en la cárcel. ¡Estamos celebrando el 40º aniversario de la Constitución con políticos en la cárcel! ¡Con gente en huelga de hambre! Oye, que no son del Grapo, ni del IRA, ni de la Baader Meinhof. Han sido miembros de un Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma. Esto no pensé que fuera a verlo yo. Una huelga de hambre de políticos, joder...

P: Ante un referéndum y una declaración de independencia unilateral, ¿qué podía hacer el Estado?
R: Es que no se tenía que haber llegado nunca al 1 de octubre. Es que el Tribunal Constitucional no debió nunca dictar esa sentencia, que fue una monstruosidad. Un Estatuto que había respetado la Constitución, que no planteaba ningún problema de aplicación, que estuvo cuatro años en vigor y no pasó nada, al contrario, bajó la conflictividad... Pero se produjo esa humillación. Se les dijo: "Ustedes han pactado y han aprobado un Estatuto, pero no. Ustedes no caben en la Constitución".

P: ¿Ese es el mensaje de esa sentencia?
R: Sí, o sea, nosotros [poniéndose en el lugar de los catalanes] manifestamos nuestra voluntad, aceptamos una corrección en el Parlamento y, a pesar de todo, en el Constitucional, zas, más todavía. O sea que no cabemos dentro de la Constitución. Usted me dirá. Luego la cosa no acaba ahí. De 2010 a 2017 Rajoy no movió un dedo para intentar nada. No, esto es un suflé, un suflé... Pues ahí lo tienes. El problema cada vez más enconado, más envenenado. Con un divorcio electoral tremendo. El PP casi ha desaparecido y el PSOE ha bajado muchísimo en Cataluña.

P: Bien, ese es un relato de cómo hemos llegado aquí. Pero, una vez aquí, en el 1 de octubre y tras la declaración de independencia, ¿cómo reaccionar desde el Estado?
R: Ya era muy difícil. Lo primero que se tenía que haber hecho, una vez convocadas las elecciones, era no meter la justicia de por medio. El PSOE debería haber dicho: "Yo apoyo el 155 pero a condición de que usted le diga al fiscal general del Estado que no ponga en marcha ningún proceso".

P: ¿Se puede hacer eso?
R: Claro, perfectamente. El Gobierno tiene todo el derecho del mundo a decirle al fiscal general del Estado: "Oiga usted, quieto aquí". Pero no. Así se vició el proceso electoral, se vició la investidura y ahora mismo no hay nada que negociar.

P: ¿Para que haya una solución, a su juicio, el proceso penal debe quedar en nada?
R: Vamos a ver. La solución podría haber sido que la nueva fiscal general del Estado hubiera retirado la acusación por rebelión. Y decir: "A usted se le procesa por malversación, por desobediencia, y va a quedar inhabilitado". Pero no por rebelión. Y traes a [Carles] Puigdemont, y lo juzgas también. Pero no esta barbarie. Todo lo que se está haciendo es de una anticonstitucionalidad brutal.

P: ¿Por qué?
R: ¿Por qué? Primero, porque no hay delito de rebelión. No se ha podido convencer a ningún juez europeo. La inmensa mayoría de los profesores de derecho penal te dicen que no. Además se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, porque se tenía que haber encargado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Al saltarse este derecho y actuar el Supremo como primera y última instancia, se le quita la segunda instancia, central en el proceso penal. Al no estar Puigdemont no pueden ser procesados los consejeros, porque los consejeros son colaboradores de Puigdemont, y el principio de legitimidad democrática se proyecta de manera jerárquica en el poder ejecutivo, de modo que la posición del presidente del Gobierno es distinta de la de los ministros y consejeros, que son colaboradores del presidente. El único investido por el Parlamento es el presidente, y por eso el único que tiene legitimidad democrática. Y para colmo va a presidir [Manuel] Marchena, cuya imparcialidad está comprometida. Su palabra no vale. Todo esto es un disparate de una monumentalidad extraordinaria.

P: ¿Cree que este proceso le puede valer a España un palo en la justicia europea?
R: Si a [Arnaldo] Otegi el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha otorgado el amparo, con esto ni te cuento. Lo de Otegi era una cosa minúscula. Entiéndame, grave porque cualquier vulneración de un derecho fundamental es grave, pero comparado con esto no es nada. Y para el Estado español encontrarse con que dentro de unos cuantos años nos digan "anule este juicio, porque se ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos", eso sería... Abrir el juicio así es una temeridad extraordinaria. Parece que han decidido dar un escarmiento. Esto tiene muy mala pinta. El tema catalán ha roto la Constitución, que ha desaparecido en Cataluña. Y si desaparece en Cataluña, pues prácticamente desaparece.

P: En su libro junto a Antón Losada La reforma inevitable (Roca Editorial, 2018), usted otorga también notable gravedad al problema de la presencia constitucional de la Iglesia.
R: Lo tiene.

P: Pero, ¿sirve suprimir la alusión a la Iglesia de la Constitución sin tocar los acuerdos del 76-79 con la Santa Sede?
R: No, no, hay que denunciar esos acuerdos, claro. Son anticonstitucionales. Son preconstitucionales, negociados con un Gobierno anterior a la Constitución. Este tema es clave en nuestra historia. La Iglesia ha sido un obstáculo tremendo a todo el proceso de constitucionalización y democratización del Estado. Y bueno, en esta Constitución ha sido donde se ha obtenido el ajuste menos malo, pero sigue siendo una distorsión. Porque no hay que mencionar ninguna Iglesia. Libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado y punto. ¿Por qué tiene que estar la Iglesia en la Constitución?

P: Porque tuvo la fuerza para meterse.
R: Exacto. Nada más. No hay razones. Dijeron "yo quiero estar aquí y con la UCD me puedo meter". Y se metieron. Pero no tiene sentido.

P: ¿Qué otros aspectos de la Constitución reformaría?
R: El título de derechos fundamentales. Algunos derechos sociales deben estar entre los principios rectores de política social y económica. Y bueno, este tema de los aforamientos y algún otro que está saliendo.

P: El Gobierno está impulsando la reforma de aforamientos y Pedro Sánchez afirma que le gustaría suprimir la inviolabilidad del rey.
R: Nada de eso va a salir. Son cosas que se tendrían que ver. Pero no van a salir.