Sánchez rechaza revelar el paradero del emérito por "la confidencialidad debida" a Felipe VI y lo deja en manos de la Casa Real o "el afectado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó este miércoles revelar el paradero de Juan Carlos I.Han pasado diez días desde que la Casa del Rey emitió el comunicado informando de que el monarca había decidido abandonar España, pero el destino que tomó después de atravesar la frontera continúa siendo una incógnita que, según Sánchez, no desvelará el Ejecutivo. "Las conversaciones que tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida", ha respondido a los periodistas en la rueda de prensa posterior al despacho que ha mantenido este miércoles con Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Según añadió, corresponde dar esa información a la propia casa real o, en su defecto, al "afectado".

Hace poco más de una semana, el pasado 4 de agosto, la respuesta que dio Sánchez a los periodistas durante otra rueda de prensa —esta en la Moncloa— fue diferente. Preguntado por el paradero del emérito, el presidente del Gobierno aseguró desconocerlo. Este miércoles, en cambio, trasladó la responsabilidad de responder a la Jefatura del Estado o al propio Juan Carlos I. "Somos instituciones diferentes", dijo, refiriéndose al Ejecutivo y a la Casa del Rey. 

Además de sobre la monarquía, Sánchez también evitó pronunciarse sobre otro de los asuntos que marcaron la actualidad de este miércoles: la imputación de Podemos por posibles delitos de malversación y administración desleal. "La actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada. Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de Derecho y que hay una independencia del poder judicial, y está investigación está en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en muchos otros que nada tienen que ver con la política", dijo ante los periodistas. 

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Este martes, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputó a Podemos —socios de Gobierno de Sánchez— como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido. Lo hizo tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos. Además, el juez también extendió la imputación a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de la formación y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, y al tesorero y a la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente. El próximo 20 de noviembre tendrán que acudir a declarar. 

Por último,el presidente del Gobierno se mostró dispuesto a seguir negociando con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas de distintos municipios y partidos políticos. Tal y como publicó infoLibre, el Partido Popular ha ordenado a sus alcaldes —los conservadores gobiernan en 2.860 de los 8.131 ayuntamiento españoles— renunciar al fondo de 5.000 millones de euros de su propio superávit, algo que autorizó el Gobierno el pasado mes de julio. El Gobierno, dijo Sánchez este miércoles, tiene la "mano tendida" para seguir negociando con los consistorios. 

Según expresó al inicio de su comparecencia, Sánchez y Felipe VI trataron asuntos como la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, su evolución en el mundo y en España, la afectación que tiene sobre sectores importantes y "otras cuestiones vinculadas a la política internacional", entre las que mencionó la situación que vive el Líbano tras las explosiones ocurridas en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto. Sobre el encuentro, el líder del Ejecutivo quiso lanzar el "mensaje" de que "cuanto más compleja es la situación derivada de la emergencia sanitaria, más importante es el normal funcionamiento de las instituciones públicas", que deben "dar soluciones, ofrecer un horizonte de confianza" y "garantizar estabilidad institucional".