Buzón de Voz

La 'zona cero' (y más indignante) del coronavirus

Jesús Maraña

 Cuando pase todo lo peor (que pasará) habrá que examinar con lupa la gestión política de esta crisis a todos los niveles, no sólo para exigir las responsabilidades oportunas sino, sobre todo, para extraer las lecciones pertinentes. Muy por delante del rencor debería primarse la memoria. Sigamos aplaudiendo cada tarde los sacrificios de quienes batallan en primera línea, a menudo desprotegidos, contra el virus, y hagamos todo lo posible por no caer en la demagogia fácil o en la intoxicación miserable. En infoLibre procuramos siempre preguntarnos qué podemos aportar en el ejercicio de nuestro compromiso con un periodismo fiable y útil para la convivencia. Por eso decidimos poner la lupa y el esfuerzo en lo que mi compañero Manuel Rico denomina hoy (con desgraciado acierto) la ‘zona cero’ de esta pandemia: las residencias de mayores. Estamos investigando a fondo lo ocurrido (ver aquí), pero ya existen elementos suficientemente contrastados para sentir una vergüenza absoluta por el comportamiento de dirigentes políticos cortoplacistas que gritan mucho para silenciar evidencias culpables, y muchos más datos que apuntan a lo que cualquier ciudadano o ciudadana responsable y solidaria podía intuir: ¡ya basta de engaños en esos dogmas neoliberales que santifican el negocio privado sobre el interés público! Incluso cuando hablamos de muertes ocurridas en la opacidad y en la casi absoluta soledad.

Sólo unas pinceladas para situarnos ante la magnitud de esta vergüenza:

  • En España existen un total de 372.985 plazas en residencias de ancianos; de ellas, 271.696 ubicadas en centros privados, de modo que un alto porcentaje de los centros y plazas disponibles están en manos de empresas cuya prioridad es la cuenta de resultados. En las últimas seis semanas se han registrado más de 10.000 fallecimientos en residencias. (No sabemos realmente cuántas serán, puesto que no se siguen criterios homogéneos en el suministro de datos por las comunidades autónomas de las que dependen los centros).
  • Alrededor de 112.000 de esas plazas teóricamente privadas están financiadas con dinero público, mediante conciertos con las administraciones correspondientes o concesiones de las mismas.
  • Un ejemplo concreto y muy relevante: DomusVi, la multinacional líder del sector de residencias en España, mantiene acuerdos con 82 administraciones públicas de distinto nivel, autonómico, municipal o de Diputaciones que sostienen con los impuestos de todos los contribuyentes la gestión privada de los cuidados de decenas de miles de ancianos.
  • Esas adjudicaciones contemplan como baremo fundamental el precio ofertado, de modo que cuanto más gigantesco es el emporio de la propiedad de esas cadenas de residencias más factible es reducir el coste del servicio. ¿Cómo? A través de sueldos bajos, falta de personal, exceso de horas, precariedad laboral…
  • Cabría pensar que esos sonoros capitanes a posteriori y sagaces denunciantes de la supuesta ineptitud del prójimo defenderían un sistema híperexigente en la gestión privada del dinero público. Pero no: la evaluación de ese servicio público en manos privadas es menos que mínima. Baste un ejemplo: en treinta años de existencia del modelo en la comunidad de Madrid, nunca se ha rescindido un solo contrato de gestión de residencias con grupos privados. ¿Acaso porque ha habido un estricto cumplimiento de obligaciones o más bien porque las irregularidades detectadas han sido castigadas con unas sanciones tan ridículas como poco o nada disuasorias?
  • Nadie pone en cuestión (al menos no yo) la libertad de la iniciativa empresarial privada en cualquier esfera económica, siempre que esté sometida a la regulación y los controles que impidan ensanchar el margen de beneficios a costa de poner en riesgo la salud de la gente. No hace falta, por más que insistan los voceros que acompañan a formaciones políticas neoliberales, apoyar ideologías comunistas ni estatalistas ni bolivarianas para deducir que un fondo de inversión global especulativo apuesta por un modelo de negocio cuando lo considera rentable y seguro, por encima de todo lo demás. Que se calcule que España será en 2040 el país más envejecido de Europa no es un detalle ajeno a ese ‘cuaderno de inversión rentable’. Pero lo que garantiza de verdad esa inversión fría es el hecho de que (por ejemplo en el caso de DomusVi) el 65% de los centros se nutran con dinero público. Disparar con pólvora del rey tranquiliza mucho y reduce riesgos en épocas de incertidumbre absoluta.

Para resumir y como advertencia a toda esa tropa dispuesta a disparar desde el anonimato cobarde de las redes sociales: nuestros mayores, nuestros padres, madres, abuelas y abuelos están sufriendo injustamente el azote de un virus desconocido, pero su letalidad tiene relación directa con un modelo de negocio que está en la base del sistema capitalista neoliberal: beneficios privados obtenidos bajo el paraguas público. Y ya basta. Es demasiado hipócrita y vergonzoso que dirigentes políticos de comunidades autónomas que son responsables directos de un modelo de cuidados a los mayores dejado al albur de la especulación privada estén protagonizando ahora mismo una especie de rebelión ética contra la gestión estatal (imperfecta y muy mejorable, seguro) de la crisis de salud más grave que hemos conocido varias generaciones de españoles, europeos y ciudadanos del mundo. No insulten más a la inteligencia, por favor. Cada fallecimiento en una residencia de mayores concebida como puro negocio es la demostración del fracaso de un modelo económico y político de convivencia. No lo olvidemos cuando pase lo peor (que pasará).

  

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