Cuando la sociedad civil grita, la política no puede hacerse la sorda
Quiero pensar que fue por la intensidad informativa de estos últimos días, y no por esa manía de fijarnos sólo en lo que no funciona y dejar de valorar los logros, que el pasado jueves pasó por debajo del radar de buena parte de los medios una noticia de alcance, de esas que desmienten los mantras instalados de la polarización, la imposibilidad de acuerdos y el “España se rompe”: todas las comunidades autónomas, todas, acordaron de forma unánime con el Ministerio de Vivienda el reparto de los 7.000 millones del nuevo Plan de Vivienda Estatal.¿Qué ocurrió para que obrara el milagro?
Como es habitual, no encontraremos un solo motivo, sino varios: la habilidad negociadora del ministerio, el correcto planteamiento del propio plan que permitirá ampliar el parque de vivienda asequible —especialmente la vivienda pública y protegida—, movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades… Pero más allá de todo esto, hay algo incuestionable: el papel que ha tenido la sociedad civil poniendo en el top de sus preocupaciones y sus movilizaciones la cuestión de la vivienda.
La vivienda volvió a ser objeto de enorme preocupación en los años posteriores a la crisis de 2008
No es la primera vez que ocurre. De hecho, un recorrido que estudie la preocupación por la vivienda en los últimos años nos dice que ya en 1995 se encontraba —según el CIS— en el tercer puesto (por delante estaba el terrorismo de ETA y la crisis económica que golpeó con fuerza en 1992). Ya entrados en el siglo XXI, la vivienda volvió a ser objeto de enorme preocupación en los años posteriores a la crisis de 2008. De hecho, aunque ha desaparecido de la memoria colectiva, fue uno de los asuntos que hizo estallar la indignación el 15M, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos similares. A partir de 2013 va bajando en el listado de prioridades y en la primavera de 2023 empieza a repuntar.
Hoy, es un clamor: Oxfam analiza cómo la condición de inquilino es una brecha de desigualdad que atrapa en la “trampa del alquiler”, haciendo que, aun con mayores ingresos que los propietarios, los inquilinos tengan menor capacidad de ahorro; el Observatorio de la Emancipación acaba de publicar un informe en el que dice que la edad media de emancipación se ha elevado a los 30,2 años debido, fundamentalmente, al problema de poder hacer frente a un alquiler…. Los informes se suceden y las cifras no dejan lugar a dudas.
El clamor ha llegado a la calle en forma de una gran movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas, a la que se han sumado los sindicatos CCOO y UGT, además de otros colectivos sociales. Sin duda, el consenso político en torno al plan de vivienda no es ajeno a este clamor social. Luego podrán discutirse modelos de políticas de vivienda; habrá quien pondrá más el acento en la construcción de nuevos pisos y quién en el hecho de que sean públicos y/o asequibles, etc. Pero nadie puede negar que el problema de la vivienda ha entrado en la agenda política gracias a la preocupación y a la movilización social. Quien consiga dar con la tecla de cómo solucionarlo a corto —si es que eso es posible—, medio y largo plazo, contará con la confianza de la ciudadanía.
Mientras tanto, extraigamos la lección y apliquémosla a otras cosas: cuando la sociedad civil se moviliza, la política no puede permanecer quieta.
