Verso Libre
Modos de perder la vergüenza
Casi siempre se piensa en delitos y asuntos ilegales al hablar de un sinvergüenza. El robo, el dinero negro, las comisiones y las estafas están a la orden del día en el panorama triste de la administración y la política española. En la cárcel viven el tesorero todopoderoso del partido del Gobierno, el cacique del Partido Popular en Castellón, un exministro y cargos muy significativos de la red política de Esperanza Aguirre. Incluso se intuye que dentro de poco las puertas del Palacio de las Rejas se van a abrir para dar la bienvenida al marido de doña Cristina de Borbón.
Perder la vergüenza conduce a la ilegalidad. Pero nos equivocaríamos al olvidar que existen muchas formas legales de perder la vergüenza en política. En una sociedad como la nuestra, a veces resulta mucho más grave la legalidad que la ilegalidad.
Dentro de las disputas electorales es un ejercicio legal echarle la culpa al adversario y pintar de rosa el resultado de las gestiones propias. Pero hace falta perder la vergüenza para afirmar como presidente del Gobierno de España que “la crisis es historia del pasado”. El triunfalismo mentiroso supone un desprecio inadmisible al deterioro de la vida cotidiana de millones de desempleados y de millones de trabajadores a los que no les llega el salario para salir de la pobreza.
Es legal que un ministro del Interior tenga su ideología sobre el trato que merecen los inmigrantes. No es legal favorecer devoluciones en caliente que violan las leyes del país. Y sea legal o no, es una forma de perder la vergüenza ponerse chulo con los derechos humanos y el deber de asilo. El ministro Jorge Fernández Díaz se comporta con un impudor cínico y alarmante cuando desprecia a las instituciones europeas comprometidas con el cumplimiento de los derechos humanos en una frontera. El ministro del interior es un sin papeles, porque los pierde, al llamar hipócritas a los ciudadanos con preocupaciones humanitarias y al pedir domicilios para enviar inmigrantes. ¿Qué idea tiene el ministro de las obligaciones de un Estado?
Es legal que la diputada Andrea Fabra tenga sus ideas sobre la riqueza y la pobreza, el orden social y los derechos cívicos. Pero perdió la vergüenza –tanto como su padre con los trapicheos de dinero público–, cuando gritó que “se jodan” en un debate parlamentario sobre los parados.
Es legal que haya diversas opiniones sobre la historia de la Guerra Civil española y los silencios y los pactos asumidos en la Transición. Pero Rafael Hernando perdió la vergüenza al decir en nombre del Partido Popular que “las víctimas del franquismo sólo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones”.
Hasta aquí esta breve historia de la infamia. Existen muchos modos legales de perder la vergüenza y los casos abundan en un país falto de educación ciudadana y de vida democrática.
Vivos los queremos
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Pero las ideologías políticas tienen formas más graves de perder la vergüenza dentro de la legalidad. Sin duda parece legal que a ACS se le haya pagado una indemnización de 1.350 millones de euros por el fracaso del proyecto Castor, el famoso almacén de gas submarino frente a Vinarós. Sin duda parece legal que el pago se haya hecho de forma vertiginosa, acelerando los ritmos lentos de la administración y desatendiendo otras prioridades humanitarias en época de crisis. Y sin duda parecerá legal que los consumidores paguemos 4.731 euros en nuestras facturas, por un negocio fallido, a lo largo de los años. Pero tampoco hay duda de que este traspaso salvaje del dinero público a los negocios privados es una forma de perder la vergüenza.
También es legal que desde 1984 los españoles hayamos pagado en el recibo de la luz 4.383 millones de euros por la moratoria que suspendió la construcción de tres centrales nucleares. Un acto propio de la soberanía nacional se convirtió en obligación de pagos millonarios a Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa. Será sin duda legal lo aprobado por el Gobierno de Felipe González, pero también parece una vergüenza. La broma ha marcado nuestros recibos durante 30 años.
Aquí ya no se trata de infamias personales, sino de un sistema injusto que ha perdido la vergüenza democrática. Lo peor de nuestra sociedad es que la ilegalidad es menos cruel y avariciosa que la legalidad vigente. El dinero de la delincuencia es el chocolate del loro si se compara con los impudores de la legalidad. Los ciudadanos somos lo que somos y, además, pagamos la cama.