El juicio da la razón al fiscal general
El juicio al fiscal general del Estado no debió producirse nunca. Ya metidos en la tercera sesión, al menos está sirviendo para destapar una larga cadena de manipulaciones con las que se ha llegado hasta aquí. Si la vista debía confirmar algún indicio en contra de Álvaro García Ortiz, está destapando las filtraciones previas hasta el desmentido oficial de la fiscalía general. Fue Alberto González Amador quien metió su correo electrónico en el circuito político y mediático. Quien decidió difundir sus comunicaciones reservadas y, por tanto, dejaron de serlo y de estar seguras. Por eso la denuncia está viciada de origen más allá de la estrategia política de Miguel Ángel Rodríguez. Las comunicaciones entre la defensa y la Fiscalía son secretas en el procedimiento. Ponerlas en circulación pensando que MAR le protegería fue su error.
Como ha reconocido en el juicio, González Amador decidió enviarlo a un cargo público, el jefe de Gabinete de su pareja y presidenta de Madrid. Ahí perdió su condición de ciudadano particular por decisión propia. Ya lo había hecho Ayuso antes. Enviar el correo a MAR con sus datos personales derivó en el bulo publicado. Lo que le revolvió y “arruinó la vida” no fueron sus datos publicados en El Mundo, sino la difusión de la verdad.
El juicio confirma una cronología donde el correo había circulado por decenas de personas. Previo al comunicado, un día y medio antes de que llegara a García Ortiz, el fiscal Julián Salto lo había compartido. Lo tenía la fiscal Adriana Lastra y decenas de fiscales de Sala. Lo tenían también los medios. La instrucción del juez Hurtado, basada en la falsa acusación de MAR, no investigó a nadie más. Por eso es lícito pensar que la causa se abrió con la única intención de hacer dimitir al fiscal general. Si Alberto González es una víctima, lo es de Miguel Ángel Rodríguez y la torpeza de amplificar su estrategia judicial hasta el infinito. Hay dos bulos de MAR reconocidos en la sala del Supremo: la información falsa y acusar a Álvaro García Ortiz en base a nada. “Es una deducción”, reconoció. No hay más. Allá el Supremo y su imagen si decide tratar mejor a quien difunde falsedades que a los seis periodistas que aseguran —incluso ante notario— haber tenido antes el correo.
Según va el juicio, van a necesitar mucha imaginación procesal para condenar al fiscal general
El sentido común llevaría a que con este reconocimiento, el juez Ángel Hurtado le hubiera dicho: “Si envió usted su correo privado a la jefatura de gabinete de la Comunidad de Madrid y éste a varios medios, ¿cómo puede denunciar después su difusión?”. Pero aquí estamos. Lo que ha “destrozado la vida” de González Amador fue no darse cuenta de que no podía intentar defraudar a Hacienda siendo pareja de Ayuso. Debió pensar antes en manos de quién dejaba su defensa. Y sobre todo, no pasar de ingresar 300.000 euros en 2019 a más de 2,3 millones por un pelotazo de mascarillas en plena pandemia y defraudar a Hacienda. “Como tenía muchos beneficios, hizo muchas facturas falsas”, dijo la inspectora a la juez de su caso por fraude. En concreto, una red que va de Sevilla a México para ocultar los beneficios. No fue un despiste, según el informe, fue toda una estrategia defraudatoria. Si pretendía ablandar a alguien con el “O me voy de España o me suicido. Si esto va a ser siempre así, me escapo”, le salió al revés. Hasta el presidente de la Sala le recomendó discutir esa estrategia con su abogado.
Álvaro García Ortiz ha dicho siempre que no le queda otra que seguir confiando en la Justicia. Al resto le queda prestar atención a la decisión de los jueces de Sala. Según va el juicio, van a necesitar mucha imaginación procesal para condenar al fiscal general.
