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Desalmados

¿Si la madre de Isabel Díaz Ayuso hubiese muerto abandonada en una residencia, ahogada en su propia tos, sin recibir atención médica, se negaría a investigar lo ocurrido? ¿Si el padre de Pere Aragonès se hubiese consumido en un geriátrico, llagado, desnutrido, deshidratado, rechazaría investigar lo sucedido?

PP y Vox en la Asamblea de Madrid, PSC, ERC y Junts en el Parlament de Catalunya, todos ellos han cometido esta semana la misma indignidad. Sus votos han servido para impedir que sendas comisiones de investigación parlamentaria analicen qué ha ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia.

Hay que ser un desalmado para no buscar la verdad, para despreciar a los muertos, para añadir más dolor a sus familiares.

En Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, fallecieron en total 9.470 personas en las residencias de la región. De ellas, 7.291 lo hicieron en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital para recibir asistencia. Es decir, el 77% del total. Son datos oficiales facilitados por el Gobierno de Ayuso a infoLibre en respuesta a una pregunta planteada al amparo de la Ley de Transparencia.

En Cataluña, en el mismo periodo de tiempo, murieron 3.891 mayores con covid confirmado o con síntomas compatibles en los geriátricos de la comunidad. De ellos, 2.797 lo hicieron en el propio centro, sin ser trasladados a un hospital para recibir asistencia. Es decir, el 72% del total. Son datos oficiales facilitados por el Gobierno de Quim Torra a infoLibre en respuesta a una pregunta planteada al amparo de la Ley de Transparencia.

Hay que ser un desalmado para que no te salten las lágrimas al pensar en esos 10.088 mayores que fallecieron en Madrid y Cataluña sin recibir ni siquiera atención hospitalaria. Todas las víctimas de la pandemia merecen el respeto de la sociedad española, por supuesto, pero da una rabia especial imaginar los últimos días de esas personas a quienes dejó tiradas el Estado del bienestar que ellas mismas construyeron. Personas en su mayoría dependientes, muchas con deterioro cognitivo, que a veces no entendían por qué sus familiares habían dejado de visitarlas (obligados por el estado de alarma). Mayores a los que encerraron en sus habitaciones, donde solo entraban un par de veces al día unas gerocultoras a las que no siempre reconocían con sus equipos de protección.

Hay que ser un desalmado para pensar en esos mayores y que, si eres un político, no consideres que tu prioridad máxima durante el resto de los días que sigas siendo representante público es conseguir que se sepa la verdad y se haga justicia con esas personas y sus familias.

En Madrid, el Gobierno de Ayuso aprobó un Protocolo que prohibía derivar a los hospitales a los residentes que caían enfermos si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Y cuando infoLibre desveló su existencia, Ayuso mintió en la Asamblea diciendo que era un borrador. La aplicación de ese Protocolo de la muerte fue fatídico para muchos mayores.

Hay que ser un desalmado para haber participado en la aprobación o la ejecución de ese Protocolo y no haber pedido aún perdón a las familias de los muertos, para no haberles dado ni siquiera una explicación. ¡Cuánto desprecio, cuánta soberbia! Es probable que intenten aparentar normalidad en sus vidas, pero sobre su conciencia pesará siempre lo que han hecho. Quizá se libren de los tribunales, pero ellos saben perfectamente la atrocidad que cometieron. Cuando se agoten las cañas, cuando se apaguen las luces, ojalá recuerden siempre que son los ejecutores de ese Protocolo indigno.

En Cataluña, el Gobierno de Torra aprobó un Protocolo que recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. Es cierto que el documento no era tan brutal como el de Madrid, pero la verdad es que en la práctica la exclusión hospitalaria de los residentes también se aplicó durante semanas en Cataluña, como demuestra el porcentaje de fallecidos en los propios centros.

Hay que ser un desalmado para haber impedido, por acción o por omisión, que todos esos mayores recibiesen la atención sanitaria a la que tenían derecho y no haber pedido aún perdón a las familias de los muertos, para no haberles dado ni siquiera una explicación. ¡Cuánto desprecio, cuánta soberbia!

Clàudia Garcia trabajaba como terapeuta ocupacional en la residencia Bertrán i Oriola de Barcelona cuando estalló la pandemia. Los diputados de PSC, ERC y Junts deberían haber hablado con ella antes de dinamitar con su voto la comisión de residencias. Les habría contado lo siguiente:

Al haber muchas personas con demencia, tienes que contarles las mismas cosas todos los días. «¿No ha venido mi hija hoy?», te preguntaban. Y tú les intentabas explicar que los familiares no iban porque no podían, no porque no quisieran. Al principio pensamos que podríamos realizar actividades con ellos, pero en cuanto empezaron las bajas, fue imposible. Los mayores no podían hacer nada, estaban todo el día en su habitación. No podían socializar con nadie. Y no entendían lo que pasaba. Muchos salían a pasear todos los días con sus familiares y de repente pasaron a estar encerrados. Las trabajadoras a lo único que llegábamos era a darles la comida, la medicación y a cambiarles los pañales. Según iban pasando los días, algunos comenzaron a enfermar y no querían comer, se resistían. O no podían, porque tenían dificultades respiratorias, tos o dolor de garganta, y les costaba mucho masticar o incluso tomar líquidos. Llegados a este extremo, el sentimiento de impotencia entre las trabajadoras se hace muy grande, ya que empezamos a ser conscientes de que, de haberlos podido derivar a un hospital, la situación de estas personas no hubiera llegado a empeorar por causas de deshidratación o desnutrición, ya que se les habría podido poner un suero.

 

Si después de escuchar a Clàudia, esos diputados hubiesen enterrado la comisión, no hay duda de que serían unos desalmados.

Puri Prieto perdió a su padre, que estaba en la residencia Adolfo Suárez de Madrid. Los diputados de PP y Vox deberían haber hablado con ella antes de dinamitar con su voto la comisión de residencias. Les habría contado lo siguiente:

A finales de marzo, me hicieron una videollamada. Mi padre solamente me dijo: «Ven, hija, ven, hija». Se estaba muriendo. Mejor dicho: estaban dejando que se muriese. Poco después me comunicaron que le iban a poner mórficos. «No sufrirá, le vamos a ayudar a morir», me dijeron. «No, no tienes que ayudarle a morir. Ayúdale a vivir», contesté. No tenían oxígeno suficiente para darles, pero mórficos no faltaban. Les ponían mórficos y los dejaban dormidos. Murió el 2 de abril. Yo le dije a la doctora: «Os habéis cargado a todos los mayores». Ella respondió que las órdenes eran que no se podía derivar a nadie, que los hospitales estaban colapsados. Pero yo me pregunto: «¿Dónde está su ética profesional para dejar que la gente se muera así? Si fuera su padre, ¿habría hecho lo mismo?». Que una médico sea capaz de asumir eso… La única conclusión posible es que los mayores no les importaban nada. Como son mayores, se van a morir igual.

 

Si después de escuchar a Puri, esos diputados hubiesen enterrado la comisión, no hay duda de que serían unos desalmados.

Claro que, en realidad, son unos desalmados por haber sepultado la investigación parlamentaria sin escuchar a Clàudia y a Puri. Sin preocuparse por el dolor de miles de personas. Sin ocuparse del derecho a conocer la verdad de los familiares de los muertos. Irán a misa diaria, o peregrinarán a Waterloo, pero no podrán mirar a los ojos a las miles de Clàudias y Puris, por la sencilla razón de que han perdido la dignidad para mirar a los ojos a las personas dignas.

Hay que ser un desalmado, por supuesto, para ofrecer en público argumentos absurdos que buscan justificar la liquidación de las comisiones de investigación.

¿De verdad creen los diputados catalanes de PSC, ERC y Junts que el mecanismo adecuado para conocer la verdad es un grupo de expertos? En una comisión de investigación pueden convocar a todos los expertos que quieran y además a cualquier otra persona, que tiene la obligación legal de acudir. Respétense un poco a sí mismos, por dios, no insulten así a la inteligencia de los ciudadanos.

¿De verdad creen los diputados madrileños de PP y Vox que es la oposición quien “juega con el dolor de las familias”? Si es así, ¿por qué no han tenido el coraje de reunirse con esas familias? ¿Por qué llevan año y medio escondidos en su cobardía sin atreverse a preguntar a esas familias en cuyo nombre tienen la desfachatez de hablar? Respétense un poco a sí mismos, por dios, no insulten así a la inteligencia de los ciudadanos.

Las víctimas y sus familiares tienen derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad. Con sus votos en la Asamblea y en el Parlament, los diputados de PP, Vox, PSC, ERC y Junts buscan sepultar bajo paladas de olvido a los fallecidos, pero hay muchas personas que se declaran dispuestas a seguir luchando. Ojalá no desfallezcan. Y ojalá encuentren el apoyo de una sociedad que también ha mirado a veces para otro lado.

El único antídoto contra el olvido es la memoria. Así que debemos recordar quiénes han sido los sepultureros de las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid y en el Parlament de Catalunya. Estos son sus nombres:

Partido Popular: Isabel Díaz Ayuso, María Paloma Adrados Gautier, José María Arribas del Barrio, Álvaro Ballarín Valcárcel, María del Mar Blanco Garrido, Sergio Brabezo Carballo, Miriam Bravo Sánchez, Tomás Pedro Burgos Beteta, Ana Camíns Martínez, Eugenia Carballedo Berlanga, María del Carmen Castell Díaz, Ignacio Catalá Martínez, Orlando Chacón Tabares, Ana Collado Jiménez, Pedro María Corral Corral, Mirina Cortés Ortega, Ana Dávila-Ponce de León Municio, Jaime Miguel de los Santos González, Alberto Escribano García, María Yolanda Estrada Madrid, Lucía Soledad Fernández Alonso, Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Francisco Galeote Perea, Carlos González Maestre, Carlos González Pereira, Carla Isabel Greciano Barrado, Lorena Heras Sedano, Carlos Izquierdo Torres, Enrique López López, Marta Marbán de Frutos, Paloma Martín Martín, José Virgilio Menéndez Medrano, Álvaro Moraga Valiente, Pedro Muñoz Abrines, Almudena Negro Konrad, María del Mar Nicolás Robledo, Janette Novo Castillo, Noelia Núñez González, José Enrique Núñez Guijarro, Enrique Matías Ossorio Crespo, Juan Antonio Peña Ochoa, Juana Beatriz Pérez Abraham, David Pérez García, Ignacio José Pezuela Cabañes, Judit Piquet Flores, Esther Platero San Román, Daniel Portero de la Torre, Miriam Rabaneda Gudiel, Eduardo Raboso García-Baquero, Ángel Ramos Sánchez, Miguel Ángel Recuenco Checa, María Isabel Redondo Alcaide, Encarnación Rivero Flor, Jorge Rodrigo Domínguez, Enrique Ruiz Escudero, Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diego Sanjuanbenito Bonal, Carlos Segura Gutiérrez, Alejandra Serrano Fernández, Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque, Juan Soler-Espiauba Gallo, Paloma Tejero Toledo, Elisa Adela Vigil González, José Manuel Zarzoso Revenga.

Vox: Rocío Monasterio San Martín, José Ignacio Arias Moreno, Gonzalo Babé Romero, Mariano Calabuig Martínez, Ana María Cuartero Lorenzo, Jorge Arturo Cutillas Cordón, Jaime María de Berenguer de Santiago, Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, Íñigo Henríquez de Luna Losada, Gádor Pilar Joya Verde, Javier Pérez Gallardo, Alicia Verónica Rubio Calle, José Luis Ruiz Bartolomé.

PSC: Salvador Illa i Roca, Alícia Romero Llano, Raúl Moreno Montaña, Judit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa, Helena Bayo Delgado, Eva Candela López, Dolors Carreras Casany, Elena Díaz Torrevejano, Mireia Dionisio Calé, Assumpta Escarp Gibert, Ramon Espadaler Parcerisas, Rocio García Pérez, Mario García Gómez, Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, David González Chanca, Rosa María Ibarra Ollé, Gemma Lienas Massot, Marta Moreta Rovira, Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, Joaquim Paladella Curto, Silvia Paneque Sureda, Ferran Pedret i Santos, David Pérez Ibáñez, Jordi Riba Colom, Mónica Ríos García, Sílvia Romero Galera, Juan Luis Ruiz López, Beatriz Silva Gallardo, Jordi Terrades Santacreu, Rubén Viñuales Elías.

ERC: Pere Aragonès Garcia, Josep M. Jové Lladó, Marta Vilalta i Torres, Meritxell Serret i Aleu, Jordi Albert i Caballero, Irene Aragonès Gràcia, Ana Balsera i Marín, Jaume Butinyà i Sitjà, Alba Camps i Roca, Carles Castillo Rosique, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Ferran Estruch i Torrents, Juli Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca, Jordina Freixanet i Pardo, Chakir el Homrani Lesfar, Ángeles Llive Cruz, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest Maragall i Mira, Engelbert Montalà i Pla, Pau Morales i Romero, Jordi Orobitg i Solé, Mònica Palacín i París, Núria Picas Albets, Lluís Salvadó Tenesa, Raquel Sans Guerra, Anna Torrentà Costa, Alba Vergés i Bosch, Eugeni Villalbí Godes, Maria Jesús Viña i Ariño, Ruben Wagensberg Ramon.

Junts per Catalunya: Albert Batet i Canadell, Mònica Sales de la Cruz, Josep Rius i Alcaraz, Pere Albó Marlés, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Elsa Artadi i Vila, Maria Antònia Battle i Andreu, Laura Borràs i Castanyer, Joaquim Calatayud Casals, Joan Canadell i Bruguera, Cristina Casol Segués, Francesc de Dalmases i Thió, Anna Maria Erra i Solà, Mercè Esteve i Pi, Jordi Fàbrega i Sabaté, Anna Feliu Moragues, Glòria Freixa i Vilardell, Joan Carles Garcia Guillamon, Assumpció Laïlla Jou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i Garcia, Irene Negre i Estorach, Lluís Puig Gordi, Josep Riera i Font, Ferran Roquer i Padrosa, David Saldoni i de Tena, Francesc Ten i Costa, Judith Toronjo Nofuentes, Ramon Tremosa Balcells, Ester Vallès Pelay, Salvador Vergés i Tejero. 

Los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales

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