El Festival de la democracia me ha dejado fría

Hace un par de semanas algunos líderes progresistas se reunieron en Uruguay para, se supone, defender la democracia que reconocen que está en peligro. En esta reunión, los líderes progresistas dijeron muchas cosas, hasta el punto de que denominaron a esta reunión “un festival de la democracia”; ahí es nada. Mientras celebran ese festival, la realidad va por otro lado y lo que vemos es una progresiva dejación de los gobiernos progresistas ante la infiltración del neofascismo en el funcionamiento de los Estados, en los propios aparatos del Estado. En Europa y, desde luego, en España.

Como ya tengo una edad, aún recuerdo que hubo un tiempo en el que existía una verdadera preocupación general porque la Policía y el Ejército (y los jueces) no fueran suficientemente democráticos. Hoy, esa preocupación ha desaparecido y ha sido sustituida por una tolerancia absoluta con ideas y comportamientos antidemocráticos dentro de las instituciones y de los aparatos del Estado. En algunos casos, más que tolerancia es complicidad, como cuando Mazón retira unos cursos de antifascismo de la formación del profesorado alegando que “la ideología deba estar fuera de las aulas”, obviando que cualquier democracia tiene el derecho, pero también la obligación, y la necesidad, de protegerse del fascismo.

Las imágenes de Torrepacheco con policías confraternizando con energúmenos racistas no pueden coger a nadie de sorpresa, es lo mismo que hemos visto en otras manifestaciones de extrema derecha. Son los mismos policías que nos matan a palos (a las personas de izquierdas) cuando vamos a una manifestación pacífica que se desvía ligeramente de su itinerario. Los sucesivos ministros del Interior de los gobiernos del PSOE siempre han dado la impresión de sentirse más cómodos dando órdenes de impedir la entrada de inmigrantes en Melilla (incluso a tiros) que procurando hacer una purga de elementos fascistas; o permitiendo que sea Dani Esteve, el de Desokupa, el que se ocupe de la formación, y no complicarse mucho con formación en democracia. Es la misma Policía que se dedica a identificar, de mu malas maneras, a personas de raza negra que andan por Lavapiés o, hace dos días, en Bilbao. En ocasiones, la cosa ha terminado francamente mal, como ocurrió hace unas semanas con la muerte de una persona de origen magrebí por parte de un policía que le hizo la misma maniobra que le hicieron a George Floyd. Parece que el Ministerio del Interior no considera que el racismo sea un problema en la Policía, ni que erradicarlo sea urgente.

Lo cierto es que el autoritarismo y la violencia crecientes de la Policía se está produciendo en todas las democracias. A menudo podemos ver a policías moliendo a palos a gente que saca una bandera palestina o que protesta por las redadas racistas de Trump. Es evidente que se está produciendo una creciente legitimación de una cada vez mayor violencia policial contra la protesta, aunque sean protestas pacíficas. Y no se trata sólo de la Policía, las condenas judiciales contra protestas legítimas en democracia se suceden, creando un clima en el que se está empujando a los márgenes de lo pensable que protestar es un derecho democrático, un pilar del Estado de derecho. Se está aplicando en Alemania, Inglaterra o incluso Francia, legislación antiterrorista a organizaciones y a personas que defienden los derechos humanos. En Gran Bretaña, dirigida ahora por un supuesto laborista, hay personas que se enfrentan a años de cárcel por condenar públicamente el genocidio de los palestinos.

Se está produciendo una creciente legitimación de una cada vez mayor violencia policial contra la protesta, aunque sean protestas pacíficas. Y no se trata sólo de la policía, las condenas judiciales contra protestas legítimas en democracia se suceden

En su momento, también nos preocupó que los jueces no estuvieran lo suficientemente comprometidos con la democracia. Aunque es evidente que algunos (o muchos) no lo están, parece que es un tabú mencionarlo abiertamente, incluso en los sectores de la judicatura progresistas. Corporativismo gana a democracia. ¿Por qué no comenzamos a llamar prevaricación a lo que hacen algunos jueces? Decir lawfare es lo mismo que decir prevaricación. Tenemos muchos ejemplos últimamente, clarísimos ejemplos, de jueces y juezas que se lían la toga a la cabeza y deciden que “salvar a España del sanchismo/comunismo” es mucho más importante que cumplir con la ley. Y, por ahora, no tenemos mecanismos para impedir el destrozo que esto supone. Si el Supremo ha parado los pies al juez Peinado con lo de Bolaños es porque era demasiado burdo e innecesario. Mantenemos lo de Begoña Gómez y lo de Peinado con el fiscal general y eso es suficiente. Mientras, todos sabemos que la suerte de las causas que se emprenden contra políticos corruptos de derechas dependen del juez que toque y no de lo que la propia causa dé de sí. Ahora que se jubila la jueza Inmaculada Iglesias, que ha imputado a la pareja de Díaz Ayuso, ¿dónde hemos puesto la mirada? En la filiación política del juez en el que va a recaer la causa.

No olvidemos que hay gente en la cárcel por opinar, que se multa a muchísimas personas por acudir a manifestaciones, que hay testimonios policiales evidentemente falsos que los jueces dan por buenos y que sirven para hundir la vida de personas que ejercían un derecho democrático. La protesta pacífica ante la embajada de Egipto para pedir que se abriera el paso de Rafah se saldó con heridos y detenidos. Una amiga mía, señora de edad y con una muleta, terminó magullada y por los suelos; podía haber sido mucho peor. La sentencia de las Seis de la Suiza considera un delito de coacciones la protesta sindical contra los empresarios, y en la reciente huelga del metal en Cádiz se ha detenido a 24 trabajadores por “desórdenes públicos”. La Fiscalía amenaza con pedir para ellos cuatro años de prisión. Es un hecho que la represión policial y judicial contra los trabajadores de Cádiz ha sido mucho mayor que la ejercida contra los nazis de Torrepacheco con la diferencia de que una era una protesta laboral y la otra tenía la intención de extender el terror. El otro día, la Policía se llevó esposados a unos sindicalistas por hacer labor sindical…

No parece haber prisa por derogar la ley mordaza, que en todo caso no será ya en ningún caso, si es que finalmente es, una derogación completa por miedo a las protestas policiales. Vivimos en una democracia que, desde el punto de vista policial y judicial, no diferencia entre desórdenes públicos con el objetivo de extender el terror y el odio (Torrepacheco) y protestas legítimas, pacíficas y, sobre todo, democráticas. El problema es que, a estas alturas, no todos entendemos lo mismo por democracia y, cada vez más, de lo que nos quieren convencer es de que democracia es un sistema que permite que cada cuatro años se deposite una papeleta en una urna. Pero democracia significa disponer de los instrumentos y las herramientas para luchar por alcanzar vidas mejores. El problema es de origen: el neoliberalismo necesita de la violencia y del autoritarismo crecientes para defender los niveles obscenos de desigualdad que impone. Así que por mucho que algunos líderes digan querer defender la democracia, esto no es posible si no se adoptan medidas económicas y sociales que toquen la base de la distribución de la riqueza. Pero, aun con esto, quienes quieran defender la democracia deberían defender, al menos, el derecho a la protesta como un pilar básico de esta y blindarla como arma para el futuro. La izquierda no sólo no es capaz de combatir las estructuras básicas de desigualdad sino que nos priva también de las herramientas con las que poder luchar contra ellas. Además de robarnos, nos desarma. Dice Naomi Klein en su último libro que la izquierda actual se reconoce porque, a veces, dice cosas de izquierdas, pero nunca las hace.

En todo caso, me cuesta escribir de cualquier cosa que no sea Palestina. En este momento, esas mismas democracias de izquierdas deberían estar a la cabeza de un movimiento mundial para aislar a Israel del resto del mundo, para conseguir que detuviese la matanza y, después, justicia para Palestina. En este momento, no hay ninguna causa más importante que esta y cualquier líder que diga defender la democracia debería estar volcado en ello. Tampoco parece que vayan a ir por ahí, así que a mí el Festival de la Democracia me ha dejado fría como el hielo.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

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