Gobierno de Navarra: COM-Pasión con las víctimas de la pederastia dentro de la iglesia católica

Una de las instituciones públicas que está mostrando mayor sensibilidad hacia las víctimas de la pederastia en la iglesia católica es el Gobierno de Navarra. Me gustaría destacar algunas de sus actuaciones más significativas como expresión de su solidaridad y com-pasión con ellas. 

El Gobierno de Navarra, formado por una coalición del PSN-PSOE, Geroa Bai y Podemos, encargó a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) una investigación sobre agresiones y violaciones sexuales dentro de las diferentes instituciones de la iglesia católica. En febrero de este año se presentó el informe coordinado por el investigador Mikel Lizárraga que identificaba a 58 víctimas y a 31 religiosos agresores sexuales durante el período de 1948 a 1990 en 17 centros educativos regidos por congregaciones religiosas y otras instituciones de la iglesia católica en 12 municipios navarros. Actualmente son 71 las personas denunciantes. 

Un aspecto a destacar del informe es que muchos de los testimonios de las víctimas aseveran que ellas no fueron las únicas en sufrir la violencia sexual, sino que dicha práctica estaba muy generalizada en los centros educativos regidos por las congregaciones religiosas y el propio episcopado navarro. Otro dato al que se refiere el informe es la falta de colaboración del arzobispado y de las congregaciones religiosas en la investigación.

Dicha negativa a colaborar es una prueba más de la persistencia en el encubrimiento y en la negativa a descubrir la verdad por parte de la jerarquía eclesiástica y de no pocas de las instituciones de la iglesia católica, en clara contradicción con la afirmación del evangelio de Juan: "Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres" (Juan 8, 32). Con tal obstrucción al descubrimiento de la verdad están demostrando que no son verdaderos discípulos de Jesús de Nazaret. 

Más contundente se muestra Pablo de Tarso contra quienes obstaculizan la verdad practicando la impiedad y la injusticia: “En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de quienes obstaculizan injustamente la verdad” (Carta a los Romanos 1, 18). El mismo apóstol recuerda a los cristianos de Galacia, que “para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Permaneced, pues, libres y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la esclavitud”. Con su actitud obstruccionista, la jerarquía católica vive sometida al yugo de la esclavitud, del que solo puede liberarse llegando hasta el fondo de tamaños crímenes y asumiendo su responsabilidad en los mismos.

En junio del presente año el Gobierno de Navarra tuvo otra muestra de reconocimiento de las víctimas de la pederastia eclesiástica con la aprobación de la Declaración institucional de solidaridad con las personas que han denunciado agresiones sexuales en el seno de la iglesia católica navarra. En ella reconoce que “durante demasiado tiempo, las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica han sufrido una doble victimización, consecuencia del silencio impuesto y autoimpuesto sobre violaciones de derechos humanos muy graves”. La explicación de la doble victimización se encuentra en un doble hecho: la especial vulnerabilidad de las víctimas, todas ellas menores de edad, ante los victimarios, y la pertenencia de estos a una institución con gran poder e influencia en importantes sectores de la sociedad, que los convertía en intocables. Tales condiciones fácticas impidieron la escucha de las denuncias de las víctimas, su credibilidad y la satisfacción de sus demandas.

A través de esta Declaración, el Gobierno navarro cumple con los deberes de respeto y garantía que merecen las víctimas y otorga a estas la centralidad que les corresponde a través del reconocimiento y la memoria. Entiende la memoria no como mero acto contemplativo y añorante del pasado, sino como “un arma contra la apología del olvido, la amnesia social, las equidistancias, los encubrimientos y las diversas formas de ‘revisionismo’ y ‘negacionismo’”. Es precisamente el derecho a la memoria el que ha llevado a dicho Gobierno no a cruzarse de brazos ante tamaños crímenes, sino a reconocer la gravedad de las agresiones en el ámbito de la iglesia católica y a asumir su “responsabilidad política, institucional y social”.

La com-pasión así entendida constituye el fundamento de la ética, de todas las éticas, filosóficas y teológicas, religiosas y laicas. Es una virtud cívica a practicar en la esfera política, donde no son suficientes las solas normas jurídicas

Es precisamente apelando a su responsabilidad política como el Gobierno de Navarra: 

“1. Reconoce la existencia de violaciones graves de derechos humanos en un contexto de macrovictimización en instituciones dependientes de la iglesia católica. 2. Manifiesta su solidaridad con las víctimas de abusos sexuales o físicos sufridos en ese contexto. 3. Reconoce su derecho a la justicia, memoria y reparación. 4. Manifiesta su voluntad de trasladar a las víctimas dicho reconocimiento general de una manera pública sin perjuicio de las garantías que la ley prevea”. 

El mismo día de su aprobación, 8 de junio de 2022, tuvo lugar en el salón de actos del Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona/Iruña un acto de reconocimiento a las víctimas de la pederastia eclesiástica en la Comunidad Foral con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, quienes leyeron la Declaración en castellano y vasco, así como la asistencia de en torno a cien personas. No fue un acto puramente protocolario, sino entrañable y emotivo dentro de la sobriedad navarra en el que las personas que han denunciado haber sufrido abusos sexuales, vejaciones y vulneraciones en el seno de instituciones de la iglesia católica navarra protagonizaron el encuentro colocadas con la máxima visibilidad en el escenario.  

En el acto, enmarcado en la segunda sesión de FORU, el ciclo internacional de Justicia, Derechos Humanos y Democracia, se abordó el tema de “Justicia y reparación por los abusos sexuales en el seno de la iglesia católica” con la participación del magistrado irlandés Sean Ryan, que fue presidente de la Corte de Apelaciones de la República de Irlanda, ex juez del Tribunal Supremo y lideró la Comisión Independiente para la Investigación de los Abusos Infantiles en Irlanda durante más de diez años con el doble objetivo de conseguir testimonios e informaciones al respecto, reparar y dignificar a las víctimas. A continuación, mantuvimos un diálogo abierto en torno a las agresiones sexuales en la iglesia católica española, el encubrimiento de las mismas y la complicidad de la jerarquía la educadora Paula Merelo, autora del libro Adultos vulnerados en la iglesia, sobre el papel de la sociedad y la iglesia ante el dolor de las personas vulneradas, y yo mismo.  

Pero aquí no termina el compromiso del Gobierno navarro con las víctimas de la pederastia eclesiástica. Todavía ha dado un paso más para culminar el proceso de su reconocimiento, memoria y reparación: la presentación de la “Ley foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia católica de Navarra”, que ha sido aprobada en el Parlamento Foral por la mayoría de los grupos parlamentarios, con la excepción de Navarra Suma, que considera la Ley una persecución contra la iglesia católica. Su objetivo no se puede estar más acorde con las diferentes leyes de la Memoria Histórica: “incorporar a la memoria colectiva una realidad oculta e ignorada por la mayoría de la sociedad”.  La Ley “consagra el derecho a la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la iglesia católica”. 

Para evitar que este objetivo y la consagración del citado derecho se queden en una mera declaración de buenos propósitos y vagas intenciones y para conseguir su eficacia y operatividad, la Ley regula el derecho al reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito católico a través de la creación de una Comisión independiente que “actuará con autonomía y plena independencia” y ejercerá sus funciones “con objetividad, profesionalidad y confidencialidad”. A ello cabe añadir como aspecto fundamental de la Ley la necesidad de que la Comisión tenga en cuenta “la perspectiva de género y LGTBI y otros grupos de especial vulnerabilidad”.   

La Comisión estará formada por personas con experiencia en materia de víctimas, dos representantes de asociaciones de víctimas de Navarra y dos representantes a propuesta de la jerarquía católica de Navarra. Una vez aprobada la Ley, el arzobispado de Pamplona se ha apresurado a criticarla y a rechazar su participación en el Comisión. Con esta negativa se sitúa del lado de Navarra Suma, coalición electoral de la derecha política navarra formada por Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular de Navarra y Ciudadanos. 

De nuevo la jerarquía católica se alía con la derecha política, en este caso para mantener el encubrimiento de las víctimas de la pederastia eclesiástica e impedir el conocimiento de la verdad. Dicha alianza no es ninguna novedad. Se mantiene desde tiempos inmemoriales con muy honrosas excepciones, pero tratándose de crímenes tan graves que afectan a la credibilidad de la propia iglesia católica, lo más coherente hubiera sido el apoyo a la nueva Ley foral, al menos para no verse señalada por las víctimas como cómplice de los pederastas.      

A lo largo del proceso de elaboración, debate parlamentario y aprobación, la Ley ha contado en todo momento con la participación, la colaboración y el apoyo de las asociaciones de Víctimas de Navarra, muy activas desde las primeras denuncias. En esa dirección la Ley reconoce un papel fundamental a las víctimas y a los colectivos que las representan, asegura su interlocución y la obligación de ser consultadas.  

La favorable acogida de la Ley por parte de las víctimas y de las asociaciones que las representan contrasta con su desconfianza generalizada hacia las diferentes iniciativas de la iglesia católica como algunas comisiones diocesanas de atención a las víctimas y la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, cuyo presidente Javier Cremades es miembro del Opus Dei y del patronato del colegio Tajamar, dependiente de la citada organización católica conservadora.  

La actitud del Gobierno de Navarra y del Parlamento Foral constituye, a mi juicio, un ejemplo a seguir por otros Gobiernos y Parlamentos regionales y por el propio Congreso de los Diputados y Diputadas, que no ha logrado aprobar la creación de una Comisión de Reconocimiento de las víctimas de la pederastia eclesiástica por la negativa del grupo parlamentario socialista. Ejemplo también para la jerarquía de la iglesia católica, que, a la vista de su actitud poco o nada colaboradora con las comisiones ad hoc, no parece tener disposición para el esclarecimiento de lo sucedido durante ochenta años en su seno.

El Gobierno de Navarra y el Parlamento Foral han dado una excelente prueba de solidaridad y com-pasión con las víctimas. Pero no compasión entendida como usualmente suele entenderse como sentimiento de pena, lástima y pesar pasivos, alejados de las personas sufrientes, o como una vaga simpatía que se adopta desde fuera o desde arriba con cierta actitud de superioridad y se suele vivir con carácter moralista que encubre y legitima dicha situación sin responsabilizar de la misma a los verdaderos culpables. La justificada reacción de las personas que sufren ante dicha actitud, que incluso llega a responsabilizar a las víctimas de su sufrimiento es “no me compadezcas, por favor, porque me estás humillando”.

Muy distinto es el verdadero sentido de la com-pasión, que es como yo la entiendo y como la vienen practicando el Gobierno navarro, el Parlamento Foral y las asociaciones de víctimas. Consiste en conocer, ver, sentir y pensar la realidad con los ojos, la mente y el corazón de las víctimas, sin por ello caer en el victimismo, que paraliza las energías para luchar contra el dolor; escuchar sus relatos de dolor y de horror, tomarlos en serio, creerlos tras confirmar su veracidad, reconocer la gravedad de los delitos, ponerse de su lado y en su lugar en una relación con de empatía e igualdad, hacer propio su sufrimiento, analizar las causas que los provocan, luchar contra ellas hasta su erradicación y denunciar a los victimarios.

La com-pasión así entendida constituye el fundamento de la ética, de todas las éticas, filosóficas y teológicas, religiosas y laicas. Es una virtud cívica a practicar en la esfera política, donde no son suficientes las solas normas jurídicas. Como afirma la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, la compasión es el puente entre las normas de la justicia y las situaciones sociales injustas.

La compasión, finalmente, es inseparable de la memoria histórica de las víctimas, tan presente en las actuaciones del Gobierno navarro y del Parlamento foral. Se trata de una “memoria subversiva”, como reclamara Walter Benjamin, que no se limita a recordar pasivamente los horrores del pasado, sino que tiene voluntad de rehabilitar a las víctimas, devolverles su dignidad, reparar los crímenes cometidos con total impunidad, incluso en nombre de Dios, denunciar a los victimarios y comprometerse a no repetir tamaños atentados contra la vida, la dignidad y los derechos de los seres humanos, en nuestro caso seres humanos indefensos a quienes se les ha negado el disfrute de su infancia y adolescencia y se ha destruido su futuro, cuyo final en algunos casos no puede ser más trágico: el suicidio en plena soledad y la pérdida del sentido de la vida.

Juan José Tamayo es emérito honorífico de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones. Su último libro es 'La compasión en un mundo injusto' (Fragmenta Editorial, 2021)

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