La amnistía tenía razón
Hubo quien anunció el fin de la democracia. Hubo quien habló de un golpe al Estado de derecho, de la liquidación de la Constitución, de la ruptura de España y de una humillación sin precedentes para nuestro sistema institucional. La ley de amnistía fue presentada como una anomalía incompatible con cualquier democracia europea. Se aseguró que el Tribunal Constitucional no tendría más remedio que declararla inconstitucional y que, si no lo hacía, Europa acabaría corrigiendo el rumbo de una España supuestamente extraviada.
Hoy ese relato ha sufrido un serio revés.
El Tribunal Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después han concluido, en términos generales, que la ley no vulnera la Constitución ni el Derecho de la Unión. Nadie está obligado a compartir la oportunidad política de la amnistía, pero sí conviene reconocer que el principal argumento jurídico esgrimido contra ella ha perdido buena parte de su fuerza.
Y eso obliga a una reflexión que va mucho más allá de una ley concreta.
Porque la verdadera cuestión nunca fue únicamente la amnistía. Lo preocupante fue la facilidad con la que una parte de la derecha decidió cuestionar la legitimidad de un Gobierno nacido de las urnas y de una mayoría parlamentaria plenamente constitucional. Se trasladó a la ciudadanía la idea de que aquello que no podía impedirse mediante el debate democrático debía ser derrotado en los tribunales. Y, por si eso no bastaba, se alimentó la expectativa de que las instituciones europeas desautorizarían a España.
No era solo una estrategia de oposición. Era una forma de erosionar la confianza en las propias instituciones democráticas.
La política democrática exige aceptar que el Parlamento legisla, que los tribunales controlan la legalidad y que las discrepancias se resuelven dentro de ese marco. Lo contrario supone convertir cada derrota política en una crisis institucional y cada decisión adversa en una supuesta conspiración. Esa lógica no fortalece la democracia, la desgasta.
La amnistía fue una decisión profundamente política. Y ahí reside precisamente su sentido. Durante años se intentó resolver el conflicto catalán casi exclusivamente desde la respuesta penal. Las sentencias eran necesarias dentro del Estado de derecho, pero no bastaban para cerrar un conflicto cuya raíz era también política e institucional. Gobernar consistía en asumir esa realidad y buscar una salida dentro de la legalidad democrática.
La izquierda nunca debería sentir complejo alguno por haber defendido esa opción. Su mejor tradición no ha sido la del castigo perpetuo, sino la de ampliar derechos, reconstruir consensos y crear condiciones para una convivencia más sólida. La democracia no demuestra su fortaleza únicamente cuando sanciona el incumplimiento de la ley, también la demuestra cuando es capaz de integrar, reconciliar y abrir nuevas etapas sin renunciar a sus principios.
Las sentencias no hacen buena una decisión política. Pero, a veces, sirven para recordar que el catastrofismo no era más que eso, un relato
España conoce bien esa lección. La Transición recurrió a una amnistía para facilitar el paso de una dictadura a una democracia. Aquel proceso tuvo luces y sombras y sigue siendo objeto de un intenso debate, especialmente por la ausencia de rendición de cuentas respecto de los crímenes del franquismo. Precisamente por eso conviene no equiparar ambos momentos históricos. Pero sí recordar una idea esencial: la democracia española ya ha utilizado en otras ocasiones instrumentos excepcionales para favorecer una nueva etapa política. La amnistía no es ajena a nuestra tradición democrática.
Lo verdaderamente llamativo es que quienes anunciaban la desaparición del Estado de derecho apenas dediquen hoy unas palabras a explicar por qué ese pronóstico no se ha cumplido. España sigue siendo una democracia plena, sus instituciones continúan funcionando y los tribunales llamados a pronunciarse no han confirmado el escenario de colapso que durante meses se presentó como inevitable.
Quizá haya llegado el momento de extraer alguna enseñanza.
La primera es que la discrepancia política no puede convertirse en una campaña permanente de deslegitimación institucional. La segunda, que los conflictos políticos requieren respuestas políticas además de jurídicas. Y la tercera, quizá la más importante, es que la izquierda no debería gobernar nunca desde el miedo al ruido que inevitablemente provocan las reformas profundas.
La amnistía no tenía razón porque lo hayan dicho el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tenía razón porque partía de una convicción profundamente democrática: que la política está para resolver conflictos, no para administrarlos indefinidamente; para fortalecer la convivencia, no para convertir el enfrentamiento en una forma de hacer oposición.
Las sentencias no hacen buena una decisión política. Pero, a veces, sirven para recordar que el catastrofismo no era más que eso, un relato. Y los relatos, cuando chocan con los hechos, deberían tener la honestidad de rectificar.
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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
