Decálogo para abordar la crisis de la vivienda desde la UE

La crisis de la vivienda es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como sociedad, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, donde el 31% de los y las inquilinas gastan más del 40% de sus ingresos en vivienda. Además, casi la mitad de la juventud europea, de entre 18 y 34 años, vive con sus padres porque no pueden emanciparse. 

Estos datos sólo son un ejemplo de la magnitud de una crisis de vivienda que está empujando a millones de personas a una situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza. 

No podemos olvidar que la crisis de vivienda es una cuestión de derechos humanos, de dignidad y de justicia social. Para resolverla, debemos garantizar que las políticas de vivienda públicas y sociales sean una prioridad en la agenda europea

La UE no puede seguir dándole la espalda a esta realidad que nos interpela a todos. Dispone de herramientas para paliar esta crisis y es urgente que las ponga en marcha a través del siguiente decálogo:

PRIMERO.- Es imperativo reconocer que el acceso a una vivienda digna y asequible debe ser un derecho fundamental, al mismo nivel que el derecho a la educación o a la salud. Actualmente, este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, pero no está explícitamente incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Esto debe cambiar y no por una cuestión simbólica o nominativa. El derecho a la vivienda debe ser incorporado formalmente en la Carta porque así se garantiza un marco jurídico sólido que obligue a los Estados miembros a priorizar este derecho en sus políticas nacionales. 

SEGUNDO.- Es fundamental reforzar las políticas de vivienda públicas y sociales. La crisis actual demuestra, una vez más, que el mercado por sí solo no puede garantizar el acceso a una vivienda asequible. 

TERCERO.- Necesitamos directivas con un enfoque social que priorice la creación y mantenimiento de un parque de viviendas públicas y sociales, destinado especialmente a los grupos más vulnerables, como jóvenes, personas sin hogar, mujeres en situación de pobreza, migrantes y personas con discapacidad, que enfrentan barreras adicionales para acceder a una vivienda digna. 

CUARTO.- Para garantizar el derecho a la vivienda, los fondos de la UE deben proporcionar un mayor apoyo financiero a los Estados miembros, porque si no se dota de presupuesto suficiente, cualquier intento de enfoque social será propósito vacío.

QUINTO.- En la UE hay alrededor de 700.000 personas sin hogar, y se estima que hay más de 11 millones de viviendas vacías, una cifra escandalosa en medio de una crisis que afecta a los 27. Urgen soluciones como la rehabilitación de estas viviendas y el fomento del alquiler social. Por tanto, los fondos de cohesión, como el FEDER y el Fondo Social Europeo, deben ser utilizados para aumentar el parque de vivienda pública protegida, promover la renovación sostenible de edificios y, sobre todo, para contrarrestar el impacto negativo de los fondos buitre y la especulación inmobiliaria. 

SEXTO.- Las políticas de cohesión deben ser una herramienta clave para garantizar que todas las personas en la UE, independientemente de su situación económica o social, tengan acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible. Esto implica no solo aumentar los fondos en vivienda social, sino también garantizar que se utilicen de manera eficiente y transparente, con mecanismos de control que aseguren que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, para que nadie se quede atrás.

SÉPTIMO.- Debemos establecer límites claros a los Fondos de Inversión Internacionales, que están comprando nuestras ciudades y barrios, con el aval de unas derechas que promueven un modelo en el que la vivienda es una mercancía en manos de estos multipropietarios rentistas.

Estos actores, que priorizan el lucro sobre el derecho a la vivienda, han contribuido significativamente a la crisis actual, inflando los precios y excluyendo a miles de personas del acceso a una vivienda digna. Es crucial que las viviendas financiadas con fondos públicos permanezcan en manos públicas.

OCTAVO.- Necesitamos medidas concretas como el control en zonas tensionadas de los alquileres turísticos y de temporada o por habitaciones que están fuera de toda regulación.

NOVENO.- Necesitamos medidas también para la paralización de los desahucios provocados por la especulación y fondos buitres. Las personas en situación de vulnerabilidad deben contar con mecanismos que les permitan mantener su hogar o acceder a una alternativa digna en caso de dificultades económicas.   

La presión social detuvo en febrero el desahucio de un profesor que llevaba 22 años viviendo en la emblemática Casa Orsola de Barcelona, finca adquirida por un fondo y que pretendía echar a los vecinos con subidas abusivas para hacer alquileres de temporada. 

Menos suerte tuvieron Aurora, de 79 años, y su hija Lola, desahuciadas el pasado mes de septiembre de la casa en la que vivieron toda su vida en Getafe, después de que otro fondo comprara el bloque en el que vivían y echaran a las demás familias.

Porque por más que la extrema derecha quiera agitar la bandera de la ocupación ilegal, la realidad de los desahucios en España son personas que no pueden afrontar las subidas abusivas del alquiler por parte de empresas que adquieren edificios enteros para especular. 

DÉCIMO.- Por último, aunque no es un tema menor, Europa debe desincentivar que los Estados miembros ofrezcan las Golden visas, que no son otra cosa que un atajo para que los que más tienen puedan conseguir la residencia mediante la compra de vivienda por un valor igual o superior a 500.000 euros. 

No podemos olvidar que la crisis de vivienda es una cuestión de derechos humanos, de dignidad y de justicia social. Para resolverla, debemos garantizar que las políticas de vivienda públicas y sociales sean una prioridad en la agenda europea. 

Bajo este decálogo podremos construir una Europa más cohesionada, justa e inclusiva que nos proteja y que no nos expulse de nuestros barrios, pueblos o ciudades para dar cobijo a los grandes inversores.

No queremos una UE con gente sin casas, ni casas sin gente.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar, antropóloga, trabajadora social y activista por los derechos humanos.