Las decisiones políticas ahogan la conservación de la naturaleza

La naturaleza está en declive. El mundo natural que conocíamos hasta hace un par de décadas va a desaparecer a lo largo de este siglo y es posible que ya no seamos capaces de reproducirlo por mucho conocimiento y medios que tengamos. Muchos sabemos que la causa no son los excesos de los ciudadanos sino las decisiones políticas de unos, que priman los intereses de otros, todos muy pocos. Un ejemplo flagrante son Las (moribundas) Tablas de Daimiel. Sí, ese ecosistema que todos oímos que se está muriendo, pero ni por falta de conocimiento, ni por imposibilidad técnica de revertir su deterioro, sino por una decisión política sostenida en el tiempo que prioriza el beneficio económico a corto plazo sobre la sostenibilidad de los recursos naturales. Como tantas otras veces, la conservación de los ecosistemas queda relegada a un segundo plano frente a los intereses agrícolas, económicos y electorales.

Desde hace décadas, el acuífero 23, del que dependen Las Tablas de Daimiel, ha sido explotado de forma insostenible para convertir La Mancha en una potencia agrícola basada en el regadío intensivo. Siguiendo una lógica similar a la de Emiratos Árabes Unidos con el petróleo, aquí se ha extraído agua sin control para sostener un modelo económico que supera con creces la capacidad natural de recarga del acuífero. Pero, a diferencia del petróleo, el agua no es un lujo prescindible: es la base de la vida. Aun así, este sistema sigue vigente porque beneficia a determinados sectores económicos y políticos, aunque su continuidad signifique la muerte de un ecosistema único. No hay una voluntad real de revertir la sobreexplotación; en su lugar, se apuesta por mantener una agricultura subsidiada mientras se exploran nuevas oportunidades económicas, como el hidrógeno verde, sin afrontar el problema de raíz.

El agua se ha convertido en un recurso estratégico tanto a nivel nacional como regional y, en este contexto, los humedales son percibidos como un “lujo” que no puede permitirse cuando el recurso hídrico escasea. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, las autoridades han promulgado numerosas normativas que garantizan su protección hídrica, como la Ley 13/1987, el Real Decreto-ley 8/1995 o el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional, aprobado mediante el Decreto 87/2017. Todas estas normativas coinciden en lo mismo: cuando sea necesario, debe establecerse un calendario de derivaciones desde el trasvase Tajo-Segura hacia el Parque Nacional para mitigar la escasez de agua. En estas circunstancias, se prevé un máximo de 20 hm³ en situaciones de emergencia, una cantidad insignificante en comparación con los 328 hm³ que, en promedio, se trasvasan anualmente al sureste de España para sostener una agricultura intensiva cuya sostenibilidad es más que cuestionable. Además, esta transferencia masiva de recursos hídricos no se traduce en un beneficio económico para Castilla-La Mancha, que no recibe compensaciones significativas por el agua que envía fuera de su territorio.

El desinterés político por Las Tablas de Daimiel se ve reforzado por el silencio de sectores clave que dependen de la financiación pública

Desde la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha promovido una postura inmovilista que plantea la recuperación del régimen natural del acuífero como única solución viable para salvar Las Tablas. Este enfoque se presenta como la opción más ecológica y acorde con la conservación, bajo la premisa de que un gobierno “ecologista” debe oponerse a los trasvases. Sin embargo, no se implementan medidas concretas para restaurar el régimen natural del acuífero ni se enfrenta la sobreexplotación del agua que mantiene el regadío, verdadera causa de la crisis hídrica en La Mancha. Al contrario, se da a entender que la escasez de agua derivada del cambio climático es el mal al que se enfrenta tanto los agricultores como el humedal. Mientras tanto, cuando el agua sí se transfiere (se hace a través de la tubería Manchega), se justifica como exclusiva para el abastecimiento humano, aunque en la práctica está liberando también otros recursos almacenados en embalses (el de Gasset, por ejemplo, que custodia entre 20-30 hm3) para destinarlos al regadío, perpetuando un modelo insostenible, que dice adiós a Las Tablas de Daimiel.

El desinterés político por Las Tablas de Daimiel se ve reforzado por el silencio de sectores clave que dependen de la financiación pública. Asociaciones ecologistas y medios de comunicación, que podrían ejercer una presión decisiva, no han priorizado este problema en sus agendas. Se habla mucho sobre la entrada de especies exóticas o el cambio climático, pero no se promueve una verdadera movilización social que exija la aplicación de soluciones viables para Las Tablas y para toda La Mancha Húmeda, que no olvidemos es una Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

El sector agrícola, aunque consciente de que el acuífero está al límite, sigue abogando por mantener el status quo. Muchos agricultores saben que la reducción de lluvias y la sobreexplotación del agua subterránea harán inviable la agricultura intensiva en las próximas décadas. Sin embargo, cualquier cambio en el modelo económico y de gestión del agua es percibido como una amenaza inmediata, por lo que se sigue apostando por maximizar las extracciones mientras sea posible, a pesar del daño ecológico irreparable.

El gran ausente en este debate es la ciudadanía. La mayor parte de la sociedad desconoce la importancia de Las Tablas de Daimiel, no comprende su función dentro del equilibrio ecológico y no es consciente de las consecuencias de su desaparición. Las administraciones no informan sobre lo que supone perder este ecosistema y los expertos no hemos logrado transmitir con la suficiente contundencia que esta crisis forma parte de una transformación ambiental de enormes dimensiones, donde la desaparición de los humedales es solo el principio.

Las Tablas de Daimiel podrían recuperarse si hubiera voluntad política. Existen soluciones: restricciones más estrictas a la sobreexplotación del acuífero, trasvases efectivos en situaciones críticas, una reconversión agrícola hacia modelos sostenibles. Sin embargo, la inacción demuestra hacia dónde se dirige nuestra sociedad y qué valores se anteponen. La pregunta es si permitiremos que esta sea otra victoria del cortoplacismo económico sobre la sostenibilidad de nuestros recursos naturales.

La desaparición de ecosistemas como Las Tablas de Daimiel no es fruto del azar ni una consecuencia inevitable del cambio climático, sino el resultado de una decisión política. Hoy son Las Tablas, mañana Doñana y, después, la laguna que rodea tu pueblo. Como sociedad, debemos preguntarnos si aceptamos un modelo de gestión donde los ecosistemas solo cuentan cuando generan beneficios inmediatos, o si exigimos un enfoque diferente. El futuro se presenta sombrío y no podemos permitir que decisiones cruciales, por insignificantes que parezcan, queden en manos de unos pocos para el beneficio de aún menos, porque su impacto puede transformar radicalmente nuestro entorno.

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Salvador Sánchez Carrillo es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.