En defensa de la legalidad internacional, en defensa de Francesca Albanese
Tras la II Guerra Mundial, con la constatación de la trágica e incuantificable pérdida de vidas humanas en el campo de batalla y en la retaguardia, germinó un nuevo orden mundial con la Carta de Naciones Unidas. Fue la primera vez en la historia que la humanidad asumió una concepción común sobre paz, justicia y derechos humanos, adoptando mecanismos para garantizarlos.
Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue desarrollándose a través de sucesivos tratados auspiciados por la ONU, siendo relevante citar los Pactos Internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales adoptados en el año 1966. Constatada la insuficiencia de la aprobación y ratificación de los convenios de derechos humanos para asegurar su protección efectiva, se trazó un sistema de órganos convencionales encargados de controlar el grado de cumplimiento estatal de las obligaciones internacionales que motivó la creación de los Comités de la ONU (por las propias Convenciones o por Protocolos facultativos). Por otro lado, incardinados en el seno de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos se crearon las relatorías especiales de Naciones Unidas.
En 1998 se aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, vinculada con las Naciones Unidas, que constituye la Corte como institución permanente facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales (Artículo 1 del Estatuto de Roma).
El objetivo del sistema multilateral de Naciones es garantizar los derechos humanos, fortalecer la paz y luchar contra la impunidad.
La administración Trump impuso sanciones contra Karim Khan y contra ocho magistrados y otros cuatro miembros de la Corte Penal Internacional por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra también en Gaza y en Afganistán.
Como consecuencia directa del cumplimiento de su función (...), Albanese ha sido sancionada por el gobierno estadounidense con el bloqueo de bienes y activos y la prohibición de entrada en el país
La Relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados Francesca Albanese fue nombrada el 1 de mayo de 2022, por un periodo de tres años, que han sido renovados por otros tres; pese a la relevancia del cargo, es una responsabilidad no remunerada. Es el primer mecanismo independiente de derechos humanos dedicado específicamente a velar por los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados (hasta noviembre de 2025, estaban en vigor 46 mandatos temáticos y 14 mandatos de país).
Como consecuencia directa del cumplimiento de su función, denunciando y analizando el genocidio perpetrado en Gaza (ha emitido distintos informes sobre la situación en Gaza, citamos como ejemplo: De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, Anatomía de un genocidio o El genocidio como supresión colonial) Francesca Albanese ha sido sancionada por el gobierno estadounidense con el bloqueo de bienes y activos y la prohibición de entrada en el país.
Es imperativo reforzar el compromiso con el multilateralismo, es urgente garantizar la seguridad de Francesca Albanese, de los magistrados, el fiscal y funcionarios de la CPI porque los siguientes en ser negados y criminalizados serán los derechos humanos.
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Tania García Sedano es jurista especializada en derechos humanos.
