Israel contra el mundo
El 17 de abril de 2024, Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), tras recordar al Consejo de Seguridad de la Organización ante el que comparecía que la Agencia existe porque no existe una solución política para el tema, manifestó: “Hoy está en marcha una insidiosa campaña para poner fin a las operaciones de la UNRWA, con serias implicaciones para la paz y la seguridad”.
De la insidia, a la fuerza bruta. El 7-4-2025 cerró Israel las seis escuelas que la Agencia mantenía en el Jerusalén Este ocupado. Previamente, el 30-1-2025 habían entrado en vigor las leyes del Parlamento hebreo que prohibían todas sus operaciones en Israel y en las áreas ocupadas. Añádase a ello el bombardeo y destrucción, desde que tuvo lugar el atentado terrorista de Hamas, de diversos centros UNRWA en la Franja de Gaza y la muerte de muchos de sus trabajadores.
La Franja se halla desde hace dos meses sometida a un bloqueo israelí total. Sin alimentos, agua, medicamentos, combustible… Según las propias autoridades hebreas, se trata de hacer insoportable la vida a los dos millones de gazatíes que aún sobreviven para forzar a Hamas a capitular. Bezalel Smotrich, ministro de Hacienda: “Se trata de impedir por completo el flujo humanitario y de abrir las puertas del infierno lo antes posible”.
Es un capítulo de la limpieza étnica que se persigue. En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, acusándoles de llevar a cabo una política de hambre criminal contra la población civil, esto es, de utilizar el hambre como arma de guerra. El estatuto del TPI enumera los actos que entiende son crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, el exterminio. En su artículo 7, 2b: “El exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de una parte de una población”.
A causa de la actuación de sus actuales dirigentes, el Estado de Israel se halla bajo la lupa de dos importantes instituciones judiciales internacionales: el TPI y el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), órgano judicial de las Naciones Unidas. Entre el 28 de abril y el 2 de mayo, el TIJ ha celebrado audiencias en La Haya, en cumplimiento de la resolución de la Asamblea General (A/Res/79/232, de 19-12-2024), que le requiere la emisión de una opinión consultiva sobre las acciones de Israel.
La resolución, que fue aprobada por gran mayoría (137 a 12 votos), estipula que “de conformidad con el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicita al Tribunal Internacional de Justicia que, con carácter prioritario y la máxima urgencia, emita una opinión consultiva sobre la siguiente cuestión, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos… y la opinión consultiva del Tribunal de 19 de julio de 2024, en la que el Tribunal reafirmó el deber de la potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local y afirmó que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación: ¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?”.
Vivimos momentos clave para el Derecho internacional y los derechos de los palestinos bajo ocupación, sometidos a un proceso genocida y de limpieza étnica
En las sesiones del TIJ recién concluidas y cuyo veredicto tardará tiempo en emitirse han participado 39 Estados, más la propia ONU y otras tres organizaciones internacionales: la Liga de los Estados Árabes, la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión Africana. Todos ellos expusieron oralmente sus argumentos ante el Tribunal. Israel se negó a acudir y envió un texto escrito. Entre otros Estados presentes, China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Indonesia, Pakistán, Suráfrica y el propio Estado de Palestina.
Merece la pena reproducir la argumentación de este último: “Las acciones de Israel son impropias de un Estado amante de la paz. Las restricciones a los derechos fundamentales del pueblo palestino, los ataques a las Naciones Unidas y a sus funcionarios, propiedades e instalaciones, su deliberada obstrucción al trabajo de la Organización y su intento de destruir un órgano subsidiario de la ONU no tiene precedentes en la historia de la Organización. Ello supone el repudio de Israel a las obligaciones que la Carta le impone y del derecho internacional”. La abogada que representaba a Palestina ante el TIJ añadió: “Hoy Gaza es el lugar del mundo con mayor número de niños con miembros amputados, la mayor crisis infantil de la historia moderna, con toda una generación en peligro de sufrir irreparables discapacidades físicas y cognitivas. Más de 15.600 niños han resultado muertos violentamente. Decenas de miles de niños en Gaza están heridos o desaparecidos y muchos de los que hasta ahora han sobrevivido se encuentran tan traumatizados que abiertamente manifiestan su deseo de morir”.
La argumentación defensiva escrita, que no presencial, de Israel ha consistido en manifestar que las sesiones son “un circo de antisemitismo”. Asegura que el derecho soberano a defenderse prima sobre la responsabilidad de facilitar ayuda humanitaria al pueblo que ocupa. No tiene por qué respetar la inmunidad de UNRWA, “cuando las legítimas preocupaciones de seguridad de un Estado miembro son gravemente socavadas por la agencia en cuestión”. Posición ridícula: ¿es creíble sostener que una agencia humanitaria puede poner en riesgo la seguridad un Estado? En realidad Israel carece de razones, salvo la de la fuerza bruta y el absurdo argumentativo, como este expuesto estos días por su ministro de Exteriores, Gideon Saar: “Las audiencias del Tribunal Internacional de Justicia son parte de una persecución sistemática de deslegitimación de Israel. No es Israel quien debe ser juzgado. Son las Naciones Unidas y la UNRWA”.
¿Es creíble sostener que una agencia humanitaria puede poner en riesgo la seguridad un Estado? En realidad Israel carece de razones, salvo la de la fuerza bruta
La resolución de la Asamblea General de diciembre de 2024 que solicita la opinión del TIJ fue opuesta por tan solo un puñado de Estados miembros, los tradicionales, escasos y, con excepción de EEUU, irrelevantes amigos de Israel, por razones sui generis, las económicas incluidas: Hungría, Chequia, Fiji, Micronesia, Nauru, Palau,Tonga, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y la Argentina de Milei.
Vivimos momentos clave para el Derecho internacional y los derechos de los palestinos bajo ocupación, sometidos a un proceso genocida y de limpieza étnica. Ante la inacción de los Estados europeos y árabes, me dirijo a los míos, a los europeos: ha llegado la hora de poner en práctica los principios y valores tan repetidamente proclamados o renunciar definitivamente al también frecuentemente exhibido liderazgo moral. La opinión consultiva que el TIJ emitirá dentro de algún tiempo gozará de elevado valor ético y ejemplar, pero no es vinculante. No puede cambiar los hechos. No puede forzar a Israel a dar marcha atrás en lo que diversas sentencias del TIJ ya han enumerado: genocidio plausible, crímenes de guerra y de lesa humanidad, desplazamiento masivo forzoso, hambruna, colapso provocado de las infraestructuras civiles en Gaza. La opinión del TIJ condenará a Israel y reafirmará los principios del Derecho internacional. Nada más. Es necesaria una acción coordinada del mundo occidental, basada en los principios y valores de que hace gala, para poner fin a los horrores denunciados por TIJ y TPI. Sin ello la barbarie proseguirá y al escalofriante relato ante el TIJ de la representante jurídica de Palestina sobre los niños palestinos asesinados o mutilados, podrá añadirse el que hace quince años me hizo en Gaza el psiquiatra palestino Eyad al Sarrej: “No es fácil que, en la hecatombe, un niño sobreviviente, traumatizado, que despierta rodeado de los cadáveres de sus amigos colegiales asesinados por las bombas israelíes, olvide. Si en Gaza se pregunta a un niño qué quiere ser de mayor, no contesta que le gustaría ser médico o ingeniero. Dirá que quiere ser mártir”. Occidente, Israel, tomen nota.
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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.
