Necesidad y precedentes del embargo de armas a países ocupantes y colonizadores

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que coordinan a más de 600 organizaciones, están reclamando coherencia a nuestro gobierno, y que se establezca formalmente el embargo del comercio de armas y sus corolarios a la prohibición del tránsito de armas, ya sea por mar, tierra o aire.

Ha habido declaraciones expresamente confusas por parte del gobierno, queriendo establecer como criterio el 7 de octubre de 2023 para la paralización de nuevas licencias de exportación de armas a Israel, con falta de transparencia y engaño, y manteniendo la vigencia de las anteriores licencias de exportación, los contratos de compras y sin realizar ninguna labor de control o de revisión del tránsito de armas, ni siquiera de los Estados Unidos y sus bases, que recalan en nuestros puertos y aeropuertos. Por consiguiente, la RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, incidieron en la presentación y toma en consideración de una Proposición de Ley (presentada por los grupos parlamentarios Sumar y Podemos) por parte de la mayoría de los parlamentarios del Congreso. Pero eso demuestra que el gobierno arrastra los pies, porque sus declaraciones ‘buenistas’ podrían haberlas transformado en un Real Decreto Ley, llevando a la práctica al día siguiente de su publicación en el BOE, lo ejecutivo de las medidas, sin verse enfangado con las noticias, día sí y día también, de contratos en marcha, barcos denunciados y aviones de ‘aliados’ no controlados.

El problema no es de nuevas leyes. Con las que actualmente tiene España y con los Tratados suscritos, como la Ley 53/2007, sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), en vigor desde diciembre de 2014, o la Posición Común 2008/944/PESC, sería suficiente para que este embargo ya se hubiera producido y, lo que es más grave, nunca se podrían haber concedido licencias e importado armas entre España e Israel (y Marruecos), y otros Estados que violan el Derecho internacional. ¿De qué vale, si no, que las leyes digan que las licencias deben denegarse cuando existan indicios racionales de que los materiales pueden emplearse en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial o regional, o que puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, que puedan utilizarse de manera contraria al debido respeto y a la dignidad inherente al ser humano con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos?...De nada, si se siguen vendiendo armas o comprando armas a los Estados con el sello de ‘utilizadas en combate’ contra la sociedad civil, a los Estados que invaden y colonizan otros territorios ajenos, violando las leyes internacionales.

Es más una cuestión de voluntad política, frente a la realpolitik y el doble rasero al que nuestros gobernantes nos tienen acostumbrados y frente a los cuales hay que rebelarse.

Es necesario que haya voluntad política y presión popular para que España se alinee con la justicia y el Derecho internacional frente a discursos vacuos

Un precedente

En el año 2014, hubo un intento de hacer cumplir los embargos de comercio de armas a Estados que violaban gravemente el Derecho internacional y los derechos humanos y, como en la actualidad, se tuvo que hacer a través de una Proposición de Ley para la regulación del “embargo o suspensión del comercio de armas con Estados invasores u ocupantes de Territorios o Estados”. La propuso el Grupo Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) para intentar forzar la aplicación normativa y que se pasase de las palabras a los hechos. Pero no fue aprobada, ni siquiera se tomó en consideración.

Esa Proposición se realizó en el contexto de una razzia israelí sobre Gaza en el verano de 2014. Bombardeos y ataques indiscriminados israelíes que ocasionaron la muerte de más de 2.300 palestinos. A consecuencia de ello, el gobierno de M.Rajoy, con mayoría absoluta parlamentaria del PP, ordenó la suspensión temporal del comercio de armas con Israel. Finalmente, levantada en octubre de ese mismo año, sin que hubieran cambiado las circunstancias que motivaron la suspensión según las leyes vigentes. ¿Israel seguía incumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas, seguía colonizando? La respuesta a esa pregunta fue la que generó la elaboración de una Proposición de Ley cuyo objeto era la suspensión permanente de comercio de armas, sin nombrar a nadie, con aquellos Estados que ocupasen otros territorios de terceros.

La Proposición de Ley presentada en septiembre de 2014 ya recogía el hacer cumplir la anterior Ley 53/200 sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, e imponía la obligación de impedir el comercio a aquellos Estados que invadiesen y ocupasen territorios desde la creación de las Naciones Unidas. Pero al defenderla en el Parlamento en octubre de 2015, el ponente de Izquierda Plural, Juan José Nuet recogió en su alegato la suspensión del comercio, y la otra ley ya vigente en el ordenamiento español, el Tratado sobre Comercio de Armas (2014). Deploró la dependencia del Ejecutivo, y no del Congreso, de la Comisión interministerial que evalúa y permite las exportaciones españolas de armas a otros países (adscrita al permisivo Ministerio de Economía) por su falta de rigor ético y por orillar los mandatos legales; lamentó la vocación de puerta giratoria permanente del entonces ministro y acólito de la industria de defensa, Pedro Morenés; y señaló que la aprobación de ese Proyecto de Ley reforzaría “el papel internacional de España y su compromiso por la paz, los derechos humanos y el derecho internacional. La invasión y la ocupación de un territorio establecen una violencia sin par sobre sus habitantes originarios y hay que hacer frente a ello. La norma es un paso más en pos de la neutralidad, porque si no se hace nada más podría suponer el apoyo de facto del statu quo generado por un Estado invasor y ocupante, que vendría a respaldar el derecho a la fuerza, en lugar del Derecho internacional”; y cargó las tintas con las ventas a…Arabia Saudí y sus actuaciones directas en Yemen o vía terceros, en Siria.

Algunas formaciones políticas apoyaron la propuesta (con 22 votos), Izquierda Plural, ERC, Geroa Bai, Compromis, EH Bildu; otras se abstuvieron (con 121), Convergencia i Uniò, PSOE, PNV, CC; finalmente, otras votaron en contra (con 185), PP, UPN, UPyD.

Una conclusión

Independientemente de la crítica jurídica al texto de esta última o de la nueva Proposición de Ley, se constata la falta de rigor y respeto al Derecho internacional y a los contenidos de las leyes vigentes de los gobiernos, que priman, antes y ahora, si no hay presión ciudadana, la realpolitik y el doble rasero. 

Es necesario que haya voluntad política y presión popular para que España se alinee con la justicia y el Derecho internacional frente a discursos vacuos, sabiendo que puede tener un coste enfrentarse a los liberticidas.

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Santiago González Vallejo es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.