Solo nos queda Europa Pilar Portero
La operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 no responde a preocupaciones democráticas ni humanitarias, pese a que ciertos sectores intentaron presentarla bajo ese prisma. Washington esgrimió una única justificación: narcotráfico. Donald Trump acusó formalmente a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, una organización criminal que supuestamente facilitaba el tránsito de cocaína colombiana hacia territorio estadounidense. Esta narrativa oculta motivaciones geopolíticas más profundas relacionadas con el control de recursos críticos en el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y China. El petróleo venezolano, aunque relevante con sus 303.000 millones de barriles de reservas probadas, constituye un objetivo secundario frente al verdadero tesoro: el Arco Minero del Orinoco, valorado en dos trillones de dólares y que concentra minerales de tierras raras esenciales para la industria bélica y tecnológica. La intervención representa la primera gran acción armada del siglo XXI motivada explícitamente por recursos geoeconómicos determinantes para la hegemonía tecnológica.
El arco minero venezolano alberga riquezas que trascienden el valor económico para adentrarse en el ámbito de la seguridad nacional de las grandes potencias globales. Venezuela posee entre 7.000 y 8.000 toneladas de oro, depósitos significativos de coltán, conocido como oro azul e indispensable para fabricar condensadores electrolíticos presentes en dispositivos electrónicos, y, sobre todo, tierras raras que incluyen lantano, cerio, neodimio, disprosio y terbio. Hasta un total de 17 elementos químicos resultan vitales para producir imanes permanentes usados en motores eléctricos, turbinas eólicas, sistemas de guía militar, radares, pantallas LED y baterías de alta capacidad. Estos componentes resultan esenciales para el armamento más avanzado: aviones de combate F-35, submarinos nucleares, sistemas láser, satélites y misiles Tomahawk requieren estos materiales para funcionar adecuadamente. Su control determina la capacidad de cualquier potencia para mantener su industria de defensa y liderazgo tecnológico en sectores clave.
La dependencia de Washington respecto a Pekín en el procesamiento de minerales críticos obsesiona a la administración Trump y explica un interés que trasciende consideraciones puramente petrolíferas. El gigante asiático controla el 70% de la extracción mundial de elementos de tierras raras y el 87% de la capacidad global de procesamiento, otorgándole capacidad para ejercer presión mediante restricciones a la exportación. Entre 2020 y 2023, el 70% de las importaciones norteamericanas de estos compuestos provinieron del país asiático según el Servicio Geológico estadounidense. Esta vulnerabilidad se manifestó dramáticamente en abril de 2025 cuando Pekín impuso controles que provocaron una parada temporal de la producción de vehículos eléctricos Ford. Incluso los materiales que Washington extrae en California deben enviarse al país asiático para su separación y procesamiento, una subordinación que el presidente califica de inaceptable. Trump firmó acuerdos con Australia y Malasia e invirtió cientos de millones en el sector, pero las nuevas minas están a años de alcanzar producción significativa.
La rivalidad entre Washington y Pekín trasciende el control mineral para adentrarse en una competición por esferas de influencia que recuerda los momentos más críticos de la Guerra Fría. Asistimos al retorno de una lógica de bloques donde las grandes potencias delimitan zonas de control exclusivo mediante fuerza o coerción económica. Para Estados Unidos, América Latina constituye su patio trasero histórico donde no tolera penetración del gigante asiático bajo ningún concepto. El país comunista había consolidado en Venezuela una presencia multidimensional: principal comprador de petróleo venezolano, inversor en infraestructuras bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, prestamista ponderado con más de 60.000 millones de dólares en créditos desde 2007, y privilegiado socio tecnológico que instalaba sistemas de vigilancia y operaba en el sector de las telecomunicaciones. Esta implantación en un país que concentra las mayores reservas petroleras del planeta y minerales clave a pocas horas de vuelo de Miami constituía para la Casa Blanca una amenaza existencial a su hegemonía continental.
Venezuela atestigua que la era del multilateralismo ha concluido, siendo sustituida por una competición descarnada entre grandes potencias por el control de recursos y esferas de influencia que justifica cualquier violación de la legalidad global
La Doctrina Monroe, proclamada en 1823 para sentar que el continente americano constituía esfera de influencia exclusiva estadounidense donde no se tolerarían intromisiones de potencias extranjeras, experimenta una formulación brutal bajo Trump. La intervención en Venezuela no responde únicamente al narcotráfico, sino a la determinación de impedir que el gigante asiático consolide presencia geopolítica en el hemisferio occidental. Durante los meses previos a la captura de Maduro, la Casa Blanca ejecutó una campaña que la narrativa del narcotráfico apenas lograba disimular. Entre septiembre de 2025 y diciembre del mismo año, Washington desplegó una flotilla en el Caribe que atacó decenas de embarcaciones acusándolas de transportar drogas. Al menos 115 personas murieron en 35 ataques navales contra barcos, aunque familiares denunciaron que muchos eran pescadores sin vinculación con redes criminales. Esta campaña de terror marítimo tenía por objetivo presionar al régimen venezolano, pero también advertir a Pekín que la Casa Blanca estaba dispuesta a emplear fuerza letal para expulsarla de su zona de control.
La captura de Maduro envía un mensaje inequívoco a gobiernos latinoamericanos que mantengan vínculos económicos significativos con el gigante asiático: la Casa Blanca no tolerará que su esfera de influencia histórica se convierta en escenario de penetración de Pekín. Brasil, principal socio comercial del país comunista en América Latina, observa con temor cómo Washington bombardea capitales continentales cuando considera amenazados sus intereses. México, cuya presidenta Claudia Sheinbaum mantiene pragmática relación con el país asiático, recibe el aviso de que la coerción no se limita a presiones económicas y puede escalar hasta acción armada directa. Argentina, donde Javier Milei condicionó su alejamiento del gigante asiático al rescate financiero norteamericano, ejemplifica el modelo que Trump pretende imponer: gobiernos latinoamericanos subordinados dispuestos a romper vínculos con Pekín a cambio de supervivencia económica. Esta lógica imperial reduce los Estados soberanos a piezas de ajedrez en una competición entre grandes potencias, negando cualquier principio de autodeterminación y soberanía que fundamenta el orden liberal.
Venezuela atestigua que la era del multilateralismo ha concluido, siendo sustituida por una competición descarnada entre grandes potencias por el control de recursos y esferas de influencia que justifica cualquier violación de la legalidad global. Europa observa impotente esta deriva sin acceso autónomo a minerales estratégicos, dependiendo tanto del país asiático para su procesamiento como de Washington para su seguridad. La lección venezolana es sin paliativos: en un mundo multipolar dominado por competición entre bloques, el control de recursos clave y la expulsión de rivales geopolíticos de zonas de influencia históricas justifican bombardear capitales y capturar presidentes. La coartada del narcotráfico opera como cortina de humo que apenas disimula una guerra por recursos y esferas de influencia donde las normas multilaterales se subordinan a cálculos de poder desnudo. La intervención no será la última motivada por esta lógica imperial, sino el primer episodio de una nueva era donde las potencias hegemónicas redibujan el mapa mundial a través de la fuerza.
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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.
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