¿Quién vive de la corrupción?
La corrupción ocupa un lugar privilegiado en la conversación pública. Escándalo tras escándalo, la política parece dividirse entre corruptos y perseguidores, entre quienes cometen los abusos y quienes los denuncian. La escena resulta familiar: una investigación, una filtración, una comisión parlamentaria, una portada, una declaración solemne y, finalmente, una nueva promesa de regeneración democrática.
Sin embargo, quizá hemos dedicado demasiado tiempo a preguntarnos quién es corrupto y demasiado poco a preguntarnos quién vive de la corrupción.
No me refiero a quienes se enriquecen ilegalmente gracias a ella. Sobre esos existe un consenso razonable: deben ser investigados y, si corresponde, condenados. Me refiero a otra cuestión más incómoda. ¿Qué incentivos genera la existencia permanente de la corrupción para quienes tienen la misión de combatirla?
La pregunta puede parecer provocadora, pero en realidad es bastante clásica. La sociología lleva décadas recordándonos que toda organización desarrolla intereses propios además de los fines para los que fue creada. Los medios necesitan informar, pero también audiencia. Los partidos necesitan representar a sus votantes, pero también diferenciarse de sus adversarios. Las instituciones necesitan resolver problemas, pero también justificar recursos, visibilidad y relevancia. La corrupción no escapa a esta lógica.
Alrededor de ella se ha configurado un ecosistema formado por partidos, medios, expertos, organizaciones, plataformas y actores diversos que cumplen funciones necesarias para la vida democrática. Sin embargo, la existencia continuada de la corrupción también alimenta dinámicas de competencia política, movilización y producción de atención pública.
Quizá por eso la corrupción ha dejado de ser únicamente un problema de integridad institucional para convertirse también en un instrumento de desgaste político.
¿Quién obtiene poder cuando la corrupción nunca desaparece del debate?
La cuestión ya no es sólo quién roba. La cuestión es quién logra erosionar la legitimidad de su adversario.
En las democracias contemporáneas, donde la competición es permanente y la atención escasa, la sospecha puede resultar casi tan valiosa como la condena. Una investigación abierta durante años, una sucesión constante de titulares o una cadena ininterrumpida de acusaciones pueden producir efectos políticos profundos con independencia del desenlace judicial.
No se trata de negar la existencia de la corrupción ni de cuestionar la necesidad de perseguirla. Todo lo contrario. Una democracia necesita instituciones capaces de investigar y sancionar conductas ilícitas. Pero también necesita comprender qué incentivos aparecen alrededor de esa persecución.
Porque una sociedad sana no sólo debe preguntarse quién es corrupto. También debería preguntarse qué ocurre cuando la corrupción se convierte en el centro permanente de la conversación pública. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones. Pero la sospecha permanente también puede hacerlo.
Y entre ambas cosas existe una pregunta que apenas nos atrevemos a formular: ¿quién obtiene poder cuando la corrupción nunca desaparece del debate?
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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.
