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Políticas de Seguridad y Defensa II. En busca del arca pendiente

Militares participantes en el desfile del Día de la Fiesta Nacional.

Enrique Vega Fernández

En un artículo anterior de este mismo blog (de fecha 23 de diciembre de 2020) ya se habló de la posible relación entre "inseguridad" y políticas de seguridad y defensa. Ahora, ya afortunadamente casi olvidado el episodio de las cartas y declaraciones antigubernamentales de militares retirados (no todos), que tanta incertidumbre y revuelo crearon inicialmente, quizás pueda analizarse el episodio más objetivamente a la luz de la citada relación entre "inseguridad" y políticas de seguridad y defensa.

Partimos de la base de la confianza en las mostradas actitud y comportamiento constitucionalistas de nuestras Fuerzas Armadas como institución y, por lo tanto, en la certidumbre de que en la España actual no hay ningún riesgo de golpe de Estado en su versión "armada" y, en consecuencia, cruenta. Incluso, los mismos agoreros de la "desastrosa" situación en que argumentaban se encontraba España, decían hacerlo para alertarnos del grave peligro que, a su parecer, estaban corriendo los valores y preceptos constitucionales y la propia Constitución.

Entonces, por qué tanto revuelo, por qué tanto artículo de prensa, tanto programa de televisión, tanta emisión radiofónica, tantos chats en las redes sociales, tanta conversación entre amigos. Porque, a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, hubo "inseguridad". Porque, en España, se confía en las Fuerzas Armadas (las encuestas sociológicas nos lo dicen), pero se desconfía, se sigue desconfiando, de los militares. Parece que no tiene sentido, pero es que a estas alturas ya deberíamos estar acostumbrados a que la realidad es real pero no "lógica"... desgraciadamente.

Porque España tiene una historia reciente de golpes de Estado militares (sin confundir estos con los pronunciamientos decimonónicos, que son otra cosa): el "blando", se le llama, del general Primo de Rivera en connivencia tácita con el propio rey Alfonso XIII, de 1923, que trajo una dictadura de casi siete años; el cruento de 1936, que ocasionó una guerra civil de tres años y un millón de víctimas y una dictadura posterior de treinta y cuatro años, o cuarenta si queremos contar la Guerra Civil y hasta la promulgación de la Constitución en 1978; y el felizmente "fallido" esperpento del 23 de febrero de 1981 y sus abortados epígonos de esa época. Y eso está en el inconsciente colectivo de la población (de una cierta proporción de la población, al menos), que diría un psicoanalista.

De modo que cuando suenan campanas de que hay militares que están pidiendo, más bien exigiendo por el lenguaje que usan, el cambio forzado y forzoso de un determinado Gobierno, la inseguridad salta. Porque la inseguridad es un sentimiento, no un razonamiento. La inseguridad se siente, es inconsciente y no siempre estamos seguros de por qué la sentimos. Alegóricamente se le llama "ruido de sables", aunque en nuestro caso reciente, un buen humorista lo transformara en "ruido de dentaduras postizas", dada la avanzada edad de los primeros y principales agoreros.

Ahora bien, ¿es justo, tiene base, que muchos españoles continúen desconfiando de la actitudes y pretensiones políticas de nuestros soldados mientras siguen concediendo una alta valoración al desempeño que ven día a día de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Se conoce, conocemos, lo que piensan los militares, como individuos, como ciudadanos? No, no lo sabemos. ¿Alguien se ha preocupado de investigarlo? Si lo hay, ¿ha hecho públicas las respuestas científicamente encontradas?

No se trata, por supuesto, de investigar si votan a este o a aquel partido o si prefieren estas o aquellas opciones y medidas de carácter político o social. No nos tienen por qué interesar, porque estas prioridades forman parte de los inviolables derechos individuales de opinión y libre expresión, que incluye el derecho a no responder si no se quiere responder. Se trataría, más bien, de investigar "mentalidades" sobre asuntos más ideológicos que concretos, interpretaciones que se tienen sobre lo que dicen la Constitución y las principales leyes que determinan el desarrollo político, social y económico del país y la convivencia nacional. Especialmente, en el caso que nos ocupa y preocupa, de aquellas partes o artículos de las mismas que tratan aspectos relativos a la seguridad, a la defensa nacional, a las Fuerzas Armadas o a la convivencia entre españoles.

Porque si algo se pudo ver en el tenso periodo de las cartas y manifiestos antigubernamentales fue que –en términos generales, aunque desde luego hubo excepciones– tanto firmantes como críticos de dichos documentos lo hacían "en nombre y en defensa de la Constitución y de la legalidad vigente". Equivocados los unos o los otros, cada uno que crea lo que crea que tiene que creer, lo cierto es que a lo que se asistió fue a una confrontación de interpretaciones de unos mismos textos legales. Nada nuevo en la historia.

Y una de esas interpretaciones de la Constitución, de la legalidad y de en qué consiste –o debería consistir– la convivencia nacional, fue la que creó sensación de "inseguridad" en amplios sectores de la población. ¿Por qué? Porque eran militares quienes la sostenían. No hubiera sido lo mismo, no es de hecho lo mismo, si hubieran sido peritos, fresadores o bomberos.

Pero ¿todos o la mayoría de los militares? No, la crearon militares retirados fundamentalmente (tampoco todos, ni siquiera la mayoría). Lo que hace, creo, pertinente la pregunta de si esas erradas interpretaciones son generalizables a un colectivo relativamente heterogéneo como el militar. Porque de la respuesta o respuestas a estos interrogantes depende que la sensación de "inseguridad" ciudadana sea, justificadamente, mayor, menor o inexistente.

Políticas de Seguridad y Defensa IV. Multilateralismo, 'ma non troppo'

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Y hablo de respuesta o respuestas porque probablemente la "respuesta" no puede ser unánime. Si queremos (¿necesitamos?) saber "qué piensan los militares", tenemos que saber qué piensan ("cómo interpretan") en cada sector sociológico en que puedan agruparse los miembros de las Fuerzas Armadas por edad, por graduación, por origen social o territorial, por las características del arma, cuerpo o destino... por lo que los sociólogos crean científicamente adecuado.

¿No serían estas investigaciones también "política de defensa"?

Enrique Vega Fernández, Coronel de Infantería ahora retirado.

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