Comunidad de Madrid

Una Agencia Antifraude a la valenciana para el Madrid de la 'Gürtel', 'Púnica' y 'Lezo'

Oficina de la Agencia Antifrau en la Comunitat Valenciana.
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Ana Garrido siempre se negó a entrar en la rueda y a transigir con las presiones para la adjudicación de contratos a dedo en una de las plazas fuertes del PP en suelo madrileño: el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Quizá por ello, su papel como directora de Juventud en el consistorio apenas duró seis meses. Medio año en el que, además, tuvo que hacer frente a una ofensiva de acoso y derribo permanente que terminó con una baja por depresión en la que decidió coger el toro por los cuernos. Corría el año 2008 cuando Garrido empezó a estudiar al detalle expedientes e informaciones para tratar de probar el enriquecimiento ilícito del entonces alcalde, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla. Sin embargo, a medida que iba tirando del hilo se daba cuenta de que la red no se circunscribía solo al municipio madrileño. Poco a poco, fue elaborando un extenso dossier que puso en manos de la Fiscalíadossier. Entonces, no tenía ni idea de que lo que estaba denunciando era el caso Gürtel, cuya investigación ya se encontraba en marcha a raíz de la denuncia de un exconcejal de la vecina Majadahonda: José Manuel Peñas.

Una vez dado el paso, la vida de Garrido saltó por los aires. “Pedí una excedencia y me fui a Costa Rica a vivir durante unos años, una época en la que me estuve ganando la vida como podía. Pensé que con el cambio de alcalde todo volvería a la normalidad, por eso decidí regresar voluntariamente a mi puesto. Sin embargo, todo fue a peor. El acoso era institucional”, cuenta al otro lado del teléfono. Durante casi una década, la denunciante de corrupción ha ido soportando tratamientos psicológicos, amenazas de muerte, acusaciones de delitos falsas o campañas de difamación constantes. “Ellos juegan al desgaste, tanto a nivel emocional como a nivel de desprestigio en determinados medios de comunicación”, explica Garrido, quien enumera más de media docena de lugares en los que ha vivido tras renunciar a su puesto de trabajo. Ahora, después de vender su casa, está asentada al sur del país, preparando una aventura empresarial como experta en cumplimiento normativo. “En definitiva, lo he perdido todo, una vida que me encantaba. Eso sí, lo que no he perdido es ni mi dignidad ni mis principios”, sentencia.

El estallido del caso, de la que se han ido derivando piezas y piezas que tocan a diferentes territorios de la geografía española, dio el pistoletazo de salida a los grandes escándalos de corrupción en una región en la que durante toda una época existió un gigantesco punto ciego. A la Gürtel, que pasó factura a quien fuera consejero de Deportes y a varios alcaldes de municipios madrileños, le siguió Púnica o LezoPúnicaLezo, que pusieron en el disparadero a Francisco Granados e Ignacio González y han colocado contra las cuerdas a las dos últimas expresidentas regionales: Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Una década de continuos desmanes de altos cargos públicos que ha terminado evidenciando la necesidad de reforzar en la comunidad autónoma la lucha contra una lacra que, además de disparar la desconfianza en las instituciones, tiene un coste relevante para las arcas públicas. Un informe elaborado en 2018 por el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea estimaba que provocan anualmente en España un agujero de unos 90.000 millones de euros, si bien Comisión o Parlamento Europeo lo rebajan a entre 250 y 2.000 millones.

Un organismo externo en Madrid

En las pasadas elecciones autonómicas, la mayoría de los partidos políticos llevaron en sus programas propuestas concretas para hacer frente a la corrupción. Así, desde Ciudadanos se puso el foco en la cobertura de los alertadores, una promesa que terminó cristalizando a través de la Proposición de Ley de Protección sobre los Informantes, que el pasado mes de diciembre inició su tramitación en la Asamblea de Madrid. Esta norma contempla, entre otras cuestiones, la creación de un canal de información o denuncia interna que permita a los trabajadores de la Comunidad poner sobre la mesa las irregularidades detectadas. Un planteamiento que, sin embargo, chirría a los principales colectivos de lucha contra la corrupción. Principalmente, explican, porque “no ofrece las suficientes garantías” de que el “corrupto” no se entere de que “ha sido denunciado”. “Ustedes ponen al lobo al cuidado de los empleados públicos que tengan o pretendan alertar sobre contenidos de posible corrupción e infracción”, deslizaba en sede parlamentaria el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez.

Maite Morao es plenamente conocedora de los agujeros que pueden tener los mecanismos internos. Su calvario arrancó en noviembre de 2015, cuando como jefa de Planificación puso en conocimiento del entonces alcalde en el Ayuntamiento de Sabadell las presiones que sus superiores directos estaban ejerciendo sobre el cuerpo técnico para que se emitiera un informe favorable a la cesión gratuita de un inmueble para el uso privado de un colectivo. “El canal interno sirvió para que yo perdiera un año que ellos aprovecharon para maniobrar y montar una causa falsa contra mí”, sostiene. La funcionaria cuenta que, entonces, fue cesada y terminó sufriendo una “campaña de acoso” orientada a minar su “credibilidad”. “Aparecían continuamente pintadas en mi domicilio, se organizaban casi semanalmente caceroladas frente a mi casa. Estuve un año con una depresión importante”, relata Morao, cuya denuncia penal terminó siendo archivada por la Audiencia Provincial. Tampoco tuvo suerte por la vía social: la sentencia a su favor por acoso laboral del consistorio también fue tumbada.

“Los canales internos ya existían y, como vemos, no han estado funcionando”, explica en conversación con este diario Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Por eso, lo que pide tanto este como otros colectivos es un organismo externo, sin ningún tipo de vinculación política: la Agencia Antifraude de la Comunidad de Madrid. “Tiene que ser completamente independiente, con una persona al frente de reconocida trayectoria que no tenga relación con los partidos”, detalla Lara Carrasco, letrada y presidenta de Corruptil. Es una petición que hacen al calor de la Directiva Europea de protección a los alertadores de corrupción, que en su artículo 11 recoge la “obligación” de establecer “canales de denuncia externa independientes y autónomos”. Por el momento, los colectivos están manteniendo reuniones con los diferentes grupos para intentar que sus exigencias cristalicen por la vía de las enmiendas a la norma de Ciudadanos, algo que no parece complicado en el caso de Podemos, Más Madrid o PSOE teniendo en cuenta que las tres formaciones llevaban esta misma propuesta en sus programas electorales.

Los organismos antifraude son todavía un rara avis a nivel autonómico. La primera que echó a andar fue la Oficina Antifraude de Cataluña, cuya imagen quedó muy dañada tras conocerse las conversaciones de su exjefe Daniel de Alfonso con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Lo hizo en noviembre de 2008, pocos meses antes de que Garrido pusiera en conocimiento del Ministerio Público algunas de las primeras pistas sobre la Gürtel. La última, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, a finales de 2017. Aunque supongan un avance, los colectivos creen que en ambos casos los procedimientos de elección de sus directores están demasiado enganchados a la política, si bien es cierto que por ley los aspirantes que optan al puesto no pueden estar afiliados ni a partidos ni a sindicatos. En el organismo catalán, el jefe es designado por el Parlament a propuesta del Govern. Un Ejecutivo regional que no interviene, sin embargo, en el caso balear. Allí, son los diferentes grupos políticos los que ponen sobre la Mesa de la Cámara las candidaturas, que deben recibir un respaldo de tres quintos en primera votación o de mayoría absoluta en segunda.

El modelo valenciano

Los colectivos prefieren, por tanto, un modelo similar al de la Comunitat Valenciana, otra de las regiones duramente castigadas por los escándalos de corrupción –Acuamed, Cooperación, Taula o Gürtel, entre otros muchos–. En el caso de la Agencia Antifrau, la iniciativa puede partir directamente de la sociedad civil. “Son los colectivos que trabajan en asuntos relacionados con el fraude y la corrupción los que pueden proponer al Parlamento una terna de candidatos. Luego, todos ellos son examinados en comisión, donde los diputados les pueden lanzar preguntas. Una vez resuelto el examen, se llevan los nombres al Pleno, donde se hace una votación”, explica en conversación con infoLibre Joan Llinares, el actual director del organismo. El abogado valenciano fue designado sin un solo voto en contra en mayo de 2017 a propuesta de Acción Cívica Contra la Corrupción y el Observatorio Contra la Corrupción. De hecho, reconoce que difícilmente hubiera aceptado el encargo si su nombre no hubiera venido directamente de la sociedad civil. “Estaba bien donde estaba”, concede al otro lado del teléfono.

Llinares asegura que los comienzos del organismo fueron complejos. “Partía sin ninguna plantilla, que tuve que diseñar y remitir al Parlamento. A esto había que añadir el asunto del espacio, que al principio fue un pequeño despacho en Les Corts pero que luego tuvimos que trasladar. Hubo algunos problemas por el poco acompañamiento”, dice. Pero ahora, y aunque quedan algunas cuestiones por ir limando, la institución encargada de la prevención, la investigación y la protección de los denunciantes de corrupción ha cogido velocidad. En el último año se han recibido algo más de dos centenares de informaciones, frente a las 168 de 2019 y 180 de 2018. La mayoría, a través del buzón que tienen en su página web y que garantiza el anonimato. En función de cómo vayan resolviéndose los expedientes abiertos, Antifrau se encarga, por ejemplo, de lanzar recomendaciones o de poner el asunto en manos de la Cámara de Cuentas o la Fiscalía. Actualmente, además, tienen a 22 alertadores bajo protección. “Tenemos potestad sancionadora, por lo que si se inician represalias contra alguno de los denunciantes podemos imponer sanciones que pueden alcanzar los 400.000 euros”, cuenta.

Roberto Macías reconoce que le hubiera gustado contar con un organismo de este tipo en Andalucía cuando decidió dar el paso hace casi una década contra UGT en la comunidad autónoma. Durante los primeros compases de 2013, después de un ERE contra la plantilla del sindicato, este extrabajador del departamento de compras decidió poner en conocimiento de los medios la existencia de presuntas irregularidades en las facturas de la federación andaluza. “Quizá cometí un error, quizá debería haber acudido a las autoridades, pero no confiaba en las instituciones. No acudí a la Fiscalía, por ejemplo, porque entendía que era un cuerpo muy jerárquico”, cuenta Macías. Desde entonces, la batalla de UGT contra el administrativo en los tribunales no ha cesado. El pasado mes de mayo, el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla le condenó a dos años de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos. Ahora, se mantiene a la espera de lo que pueda decir la Audiencia Provincial. “El sindicato recurrió para que no se me aplique ningún atenuante. Vamos, ellos buscan la cárcel. Es una situación totalmente injusta”, se lamenta el denunciante.

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