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Educación superior

El alumnado de la universidad pública cae casi al mismo ritmo que crece en la privada

Estudiantes hacen un examen en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Siguen siendo preeminentes, pero los datos reflejan cómo a los campus públicos sí les está afectando la crisis económica. En los últimos tres cursos han perdido 45.241 alumnos. El número de estudiantes ha pasado de 1.371.355 a 1.326.114, según el último informe estadístico difundido recientemente por el Ministerio de Educación. El descenso es, por tanto, del 3,41%. Mientras, los campus privados parecen capear mejor la recesión. En ese mismo período, el que va entre los cursos 2011-2012 y 2013-2014, los alumnos de los centros cien por cien de pago aumentaron un 2,59%, tal y como reflejan las cifras oficiales. Pasaron de 201.262 a 206.614.

En esta evolución ha influido especialmente el empuje de los posgrados, donde las privadas tienen uno de sus principales nichos de negocio. La subida de casi un 70% de media en las tasas de los másteres públicos en el curso 2012-2013 –un repunte que se mantuvo en el curso pasado– provocó que el coste de estos estudios se acercara a los que se imparten en los centros privados. No es de extrañar, por tanto, que en los centros no subvencionados el número de estudiantes de máster se haya incrementado en 6.029 en tres años. Ha pasado de 27.273 a 33.302. Mientras, en el mismo período, los campus públicos vieron reducido el número de estudiantes que optan por este tipo de formación en 1.808. Pasaron de 88.561 a 86.753. En términos relativos, según datos de Educación, las privadas ofertan el 15% de másteres mientras que captan el 21% del estudiantado de este tipo de formación.

Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), tiene una explicación clara para este fenómeno. Recuerda que las cifras oficiales señalan que el grueso del descenso del alumnado en los centros públicos tuvo lugar en los cursos 2012-2013 y 2013-2014, es decir, después de que entrara en vigor el real decreto que establecía el cálculo de las tarifas en función de una horquilla del coste total del curso (entre el 15% y el 25%) y que supuso un incremento de hasta 540 euros al año en las matrículas de los estudios de grado. "Es imposible calcular cuántos han sido, pero conocemos casos de alumnos que han abandonado los estudios por no poder hacer frente al pago de las matrículas", señala. 

Desde el sindicato CCOO, su responsable de Universidad, Julio Serrano, hace un diagnóstico similar. Y apunta además otro hecho: el recorte en la cuantía de las becas universitarias. El curso pasado, a pesar de que el número de beneficiarios aumentó un 10,7%, el dinero que recibieron los estudiantes se redujo una media de 300 euros, según admitió el propio ministro José Ignacio Wert. A juicio de Serrano, la caída en la matrícula en los centros públicos tiene que ver con estos factores y no con el hecho de que se haya producido en los últimos años un descenso en la población joven, como argumentan desde el Ministerio de Educación. 

Serrano considera especialmente preocupante la situación de los estudios de posgrado, "un ámbito en el que las universidades privadas son incluso más competitivas que las públicas", detalla. "Hay que tener en cuenta que el alumnado de los centros privados se ve menos afectado por la crisis, si a eso sumamos que estos centros han mantenido e incluso ajustado los precios en los últimos años no nos debería extrañar la situación que se está produciendo", remarca. Además, Serrano alude al enésimo cambio que Educación sopesa hacer en la estructura universitaria dando vía libre a los centros para que implanten los grados universitarios de tres años. Esto, explica, hará que los estudios de posgrado ganen peso, lo que también fomentará la actividad de los centros privados. 

Empuje a la iniciativa privada 

Es cierto que en cifras absolutas la Universidad pública es predominante en todos los niveles de estudio, pero la comparación de la evolución de su alumnado respecto al del de los centros no financiados sí deja entrever una tendencia que se complementa con otras aristas. Una de ellas es el impulso a la iniciativa privada en educación. La realidad es que la última universidad pública en España –la Politécnica de Cartagena– se inauguró en 1998. Desde entonces, se han levantado 15 privadas. Siete de ellas desde 2007, que es cuando se considera que la crisis comenzó a dar sus primeros coletazos. Ninguna supera los 13.000 estudiantes. Además, se está fraguando la creación de dos más, la Internacional Mare Nostrum y la Católica Sant Antoni, ambas en la provincia de Alicante. La última, que pretende implantar diez titulaciones, cuenta con la total colaboración del Gobierno municipal del PP. De hecho, según publicó El País, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, donde está previsto instalar el campus, ha regalado 50.000 metros cuadrados de suelo municipal a la entidad privada vinculada a la Iglesia que gestionará la universidad.

En el curso 2000-2001 España contaba con 65 universidades –50 públicas y 15 privadas–. Hoy en día la oferta es de 80 centros de educación superior: 50 públicos y 30 privados (que pasarán a ser 32 cuando se inauguren los dos en construcción). Es decir, el sistema privado se ha duplicado. Y en ese aumento ha tenido mucho que ver el empuje de las administraciones del PP y de la Iglesia católica, a la que están vinculadas al menos la mitad de todas de las universidades de pago. Dos de ellas pertenecen al Opus Dei: la de Navarra y la Internacional de Catalunya. A los jesuitas están vinculadas la Pontificia de Comillas, la de Deusto y la Loyola de Andalucía, creada en 2013 y la única privada que hay en esta comunidad.

Madrid, con ocho, es la autonomía que más privadas alberga en su territorio. Todas ellas, salvo la Pontificia de Comillas y la San Pablo-CEU, fueron creadas en los últimos veinte años. La última, la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), en 2006. Le sigue Castilla y León, que cuenta con universidades de pago en cinco de sus nueve provincias. Sin embargo, la Comunidad Valenciana es quizá la autonomía que mejor ejemplifica el avance de los centros privados. Cuando las nuevas universidades se inauguren, habrá más centros privados que públicos. Su implantación cuenta con la oposición de los rectores del resto de universidades públicas valencianas, que consideran que el sistema podría saturarse.

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"El conocimiento, la educación o la cultura nunca sobran, pero es cierto que hay desequilibrios", señala a infoLibre Juan Antonio Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo. A su juicio, sí hay "redundancias y falta de coordinación, especialmente entre universidades que están en la misma comunidad". "No puede haber una titulación con plazas libres en una ciudad y que en otra cercana ocurra lo mismo en estudios similares", amplía. A su juicio, el problema de fondo es que la implantación de titulaciones no se ha hecho teniendo en cuenta el estímulo de la oferta, sino la voluntad de la Administración o de la Universidad, pensando en otro tipo de intereses.

Julio Serrano, de CCOO, considera que ninguna Administración pública debería alentar el crecimiento de centros privados en un momento como el actual, cuando los centros públicos están sufriendo los recortes más duros. "Hay universidades privadas que tienen incluso la exclusividad en la oferta de algunos títulos", asegura. Luis Cereijo, por su parte, señala que desde su organización –la CREUP– se respeta la labor de las privadas, si bien cree que no debería fomentarse una situación de libre competencia entre centros públicos y privados. "La labor del Estado es garantizar la calidad del sistema público y lo que está haciendo es precisamente lo contrario, restarle prestigio", asevera. 

Otro aspecto que puede estar relacionado con esta tendencia es el ajuste presupuestario al que se ven abocados los centros públicos desde 2011. Además, según datos de los rectores, la Universidad pública ha perdido 1.240 millones de euros de presupuesto desde 2008. En los últimos cinco años, según datos del Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas, se han destruido al menos 13.200 puestos de trabajo en los centros universitarios. Es casi el 9% de una plantilla de 149.000 empleados, entre fijos y temporales. Las perspectivas no son mucho mejores, pues las restricciones que ha puesto el Gobierno a las tasas de reposición hacen que sólo se puedan cubrir 10 de cada 100 bajas de docentes.

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