Amnistía denuncia que España cuenta con solo un 1,1% de vivienda social

La ONG Amnistía Internacional denuncia en un informe presentado este martes que el Gobierno, al que acusa de invibilizar el problema del acceso a la vivienda, no ha adoptado las medidas suficientes para paliar el drama de las familias que son desahuciadas de sus viviendas para no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca o alquiler. Así, aseguran que las autoridades han adoptado además "medidas regresivas que son contrarias al derecho internacional" como reducir en más del 50% el gasto público en vivienda entre 2008 y 2015. 

En este sentido, la ONG ha recordado que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Asimismo, denunciaron que en este contexto las autoridades de Cataluña y, sobre todo, la Comunidad de Madrid "han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda". 

Bajo la excusa de la asfixia financiera, el Ayuntamiento de Madrid y el Ejecutivo regional –ambos en manos del PP– vendieron en 2013 a fondos de inversión un total de 4.795 viviendas de protección pública que, hasta entonces, estaban gestionadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), respectivamente. En Cataluña, entre 2010 y 2011, Regesa, la empresa de vivienda pública de la zona metropolitana de Barcelona, vendió 381 viviendas a una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI). 

Los afectados vienen denunciando que los nuevos propietarios no están renovando las ayudas al alquiler que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad, lo que multiplica la renta y apresura los desalojos. El País dio cuenta este miércoles de un informe del Ministerio de Hacienda que evidencia que seis de cada diez desahucios ejecutados en Madrid se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas a fondos de inversión.

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Datos oficiales 

Por otro lado, Amnistía Internacional pone negro sobre blanco en su informe, titulado Derechos desalojados: el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, las cifras oficiales que evidencian que el drama de los desahucios no se ha acabado. Según datos del Banco de España, entre enero de 2012 y junio de 2014, se produjeron más de 98.000 desalojos hipotecarios de viviendas habituales. Y a juicio de la ONG las medidas puestas en marcha por el Gobierno en este tiempo –el código de buenas prácticas de la banca y el fondo de vivienda social– no son suficientes. 

Ante este panorama, la ONG reclama que se paralicen todos los desalojos hipotecarios "hasta que se adopten garantías de protección". En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen, caso por caso, la "razonabilidad y proporcionalidad" de cada desahucio, así como el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas "en el que las autoridades exijan a estas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen".