El autocar, vital para la España despoblada, busca su sitio entre el furor de la alta velocidad ferroviaria

Los grandes titulares del transporte en España, tanto los prometedores como los calamitosos, se los lleva en los últimos tiempo el tren, la alta velocidad que vive un momento de expansión con sus consiguientes retos. En paralelo, el modesto autocar sigue recorriendo carreteras principales y secundarias del país llegando, aunque con frecuencias insuficientes, adonde ningún otro transporte público alcanza ni se le espera. Las propias estaciones de las que parten y a las que llegan reflejan la distancia estética entre ambos medios: la queja sobre las centrales ferroviarias del país son las ambiciosas obras, mientras que el lamento acerca de sus parientes de carretera es hace cuánto que no se les da ni una triste mano de pintura.

La competencia del tren, todavía más en tiempo y comodidad que en dinero, supone una presión añadida, en ocasiones ya inasumible, para líneas cuya explotación rozaba lo deficitario. En una ciudad como Zamora, que pasó de haber olvidado que tenía estación de tren a colocarse a una hora de Chamartín, el cambio ha provocado la retirada de la compañía que durante décadas hizo ese servicio con la capital (Avanza, para los mayores ‘Auto Res’) y, antes de que eso ocurriera, un recorte notable de las frecuencias.

Pero el tren en España no es tan fiable como el autobús: conseguir viajar en alta velocidad sin planificación desde puntos intermedios como Zamora resulta casi imposible. Cuando eso sucede no queda otra que abandonar frustrado el bello edificio neoplateresco y subir una pronunciada cuesta hasta una pobre estación de autobuses que ya hace tiempo que no tiene ni cafetería y cuando llueve le nacen cubos de plástico. Y en la ventanilla de siempre, la que se usaba para ir y venir de estudiar o para visitar a algún amor distante, una mala noticia: esos horarios ya no existen, nos habéis dejado por el tren y pasa lo que pasa. Ahora es Monbus quien se ocupa de esta conexión, con menos posibilidades de viaje de las que había antes de la irrupción del AVE.

¿Llegar más rápido o llegar todos?

Cuando uno toma un autocar que sólo para en capitales de provincia o municipios principales, repara inmediatamente en el dilema que está detrás de la reconfiguración del mapa de este servicio en España: es rápido y cómodo discurrir por autovías, no sentir las curvas típicas de las rutas por las nacionales que, a trompicones, paran incluso en lo que parece la mitad de una tierra, pero en un instante de esa comodidad es inevitable pensar cuántos municipios, cuántas personas, han quedado al margen.

El Ministerio de Transportes, en su diseño del nuevo mapa concesional, contempla lo que llama la “optimización” de las rutas en desplazamientos entre comunidades autónomas, para hacerlas más rápidas. Esta organización, según la estimación del Gobierno, permitirá reducir unos 20 minutos de media por ruta y llegar incluso a las 3 horas menos en algunos casos. Una pata de la competencia con el tren: el tiempo. La otra: el precio. Esta renovación de rutas, dice el departamento de Óscar Puente, permitirá reducir las tarifas un 20% e incrementar la ocupación de los vehículos un 40%, lo que a su vez reducirá las emisiones por viajero en un 25%.

Para ejecutar esa reorganización, Puente pide a las comunidades que se hagan cargo, como rutas propias, del 83% de las paradas de autobús interurbano que quedarían fuera, con el argumento de que forman parte de líneas que solo pasan por sus respectivos territorios. Las autonomías, gobernadas mayoritariamente por el PP, se han puesto en pie de guerra culpando al Ejecutivo de querer dejar desconectadas a miles de localidades que ya acusan de por sí la falta de servicios, oportunidades laborales y la hemorragia de la despoblación.

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Ante este enfrentamiento y el previsible bloqueo, este miércoles el ministro Óscar Puente anunció que el ministerio se hará cargo de las líneas y paradas de autobús “que las comunidades autónomas del PP no quieran asumir”. “Ellos están a que caiga España, nosotros a no consentirlo de ningún modo”, afirmó en su cuenta en la red social X, antes Twitter. Y adjuntó un comunicado de su departamento en el que se anuncia que si las comunidades no aceptan "la segregación de servicios ni la gestión de los tráficos de su competencia”, estos se seguirán prestando a través de concesiones de la Administración General del Estado.

La alternativa que el ministerio ofrece a las comunidades es una financiación extraordinaria de más de 40 millones de euros para que gestionen esas rutas de transporte que dejaría de llevar el Estado, con un cálculo de financiación fijado “conforme a criterios objetivos y rigurosos que tengan en cuenta las características específicas de densidad, orografía y distribución de población de cada territorio”. Castilla y León y Castilla-La Mancha se apuntan como destino de gran parte de esos fondos.

Las acusaciones cruzadas y los diferentes anuncios tienen en vilo a las personas que, cada vez más mayores, viven en la España que sabe que la alta velocidad es otra modernización que sólo verán pasar. Una población rural tradicionalmente muy dependiente del coche, pero que, por el envejecimiento y la soledad no deseada que asola los pueblos, depende más del transporte público que nunca antes. Con cada vez menos servicios en sus municipios, el autobús ya no es sólo una manera de ir a hacer algo extra a la capital, sino en ocasiones ya algo imprescindible si se quiere ver a un médico a tiempo o, simplemente, comer pescado fresco.