Del ‘auzolan’ a la hacendera: los pueblos que preparan el monte antes de los incendios

Los incendios que desde hace días golpean Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han vuelto a colocar la gestión del territorio en el centro del debate. Aunque algunos de los fuegos han comenzado a dar una tregua y miles de personas han podido regresar a sus casas, los equipos de extinción siguen vigilando los puntos calientes ante el riesgo de reactivaciones y la llegada de una nueva ola de calor.

Cuando las llamas se apagan, en muchas zonas rurales vuelve a plantearse quién se ocupa durante el resto del año de mantener los caminos, las cunetas, los puntos de agua, los montes comunales y las franjas próximas a los pueblos. En Bernedo, en plena Montaña Alavesa, los vecinos se reúnen una, dos o hasta tres veces al año para limpiar arquetas, desbrozar terrenos, podar árboles o rehabilitar fuentes. La Junta Administrativa proporciona las herramientas y los materiales y, una vez terminado el trabajo, la jornada suele cerrarse con una merienda o un picoteo.

“Aparte del trabajo físico, hay un vínculo y una interrelación entre los vecinos”, explica David Antoñana, presidente de la Junta Administrativa de Bernedo, a infoLibre. Las veredas o jornadas de auzolan, sostiene, no solo permiten cuidar los espacios comunes, sino también “hacer comunidad” y recuperar unas relaciones vecinales que se han ido debilitando con los años.

Estas fórmulas no se organizan de la misma manera en todo el territorio. El auzolan navarro puede ser convocado formalmente por el concejo; la hacendera leonesa suele apoyarse en la costumbre y la colaboración voluntaria; y las agrupaciones catalanas de defensa forestal responden a una estructura asociativa integrada en los organismos públicos. 

Navarra y Álava organizan el trabajo vecinal

Navarra y Álava concentran los modelos más institucionalizados de trabajo comunitario. En ambos territorios, estas labores no dependen únicamente de una convocatoria informal entre vecinos, sino que se apoyan en pequeñas entidades locales —concejos en Navarra y concejos o juntas administrativas en Álava— con capacidad jurídica para decidir qué actuaciones necesita el pueblo, organizar las jornadas y regular su funcionamiento mediante ordenanzas. En Aniz, una localidad navarra de unos 70 habitantes, se celebran entre seis y ocho auzolanes al año, según explica a infoLibre Mikel Azkarate, ganadero y vecino del pueblo.

El auzolan navarro está reconocido por la legislación foral como una forma de trabajo en beneficio de la comunidad concejil. Cada localidad establece su funcionamiento y, según su ordenanza, la participación puede ser voluntaria u obligatoria, con excepciones para determinadas personas y fórmulas de compensación para quienes no puedan acudir.

En Aniz, las actuaciones suelen acordarse en el batzarre, la reunión vecinal, o ser convocadas por el alcalde del pueblo cuando se acumulan varios trabajos. “Aquí sí que funciona, y la verdad es que bastante bien”, señala Azkarate. Los vecinos se ocupan de limpiar el manantial y las tuberías que abastecen a la localidad, desbrozar caminos, retirar ramas o árboles caídos e incluso organizar las fiestas.

El modelo alavés es similar. Sus juntas administrativas, responsables de numerosos núcleos rurales pequeños, convocan las denominadas veredas o jornadas de auzolan para actuar sobre aquellos espacios e infraestructuras que son de su propiedad o competencia. En Bernedo, según detalla Antoñana, esto permite trabajar en calles, cementerios, fuentes, parques infantiles, alumbrado público o redes de abastecimiento y saneamiento, además de limpiar arquetas, realizar podas y desbroces o reparar superficies de madera.

La propia junta administrativa determina qué actuación debe realizarse y proporciona a los participantes las herramientas, los útiles y los medios necesarios. “Todo lo que sea de competencia concejil se puede arreglar”, resume Antoñana. Las veredas, según el regidor, pueden convocarse para responder a un problema concreto, pero también de manera preventiva antes o después del verano, cuando resulta necesario acondicionar determinados espacios.

La Diputación Foral de Álava respalda estas actuaciones mediante líneas de ayuda destinadas a los concejos y juntas administrativas. Las entidades presentan el proyecto que quieren rehabilitar o reparar y reciben financiación para adquirir los materiales, cuyo coste no tiene que asumir íntegramente la administración local. La aportación de los habitantes, no obstante, continúa siendo el elemento central de estas actuaciones.

La diferencia respecto a una campaña de voluntariado convencional está, por tanto, en quién toma la iniciativa. En Navarra y Álava son los propios órganos de gobierno del pueblo los que identifican las necesidades, aprueban el marco regulador y movilizan a la comunidad. 

Sextaferias, hacenderas y veredas

Asturias, Castilla y León, algunas zonas de Guadalajara y La Rioja también conservan distintas formas de trabajo comunitario destinadas a mantener caminos, fuentes, pastos y otros bienes comunes. Aunque adoptan nombres diferentes —sextaferia o sestaferia en Asturias, hacendera o facendera en León y Guadalajara y vereda en La Rioja—, todas parten de que los habitantes se organizan para realizar tareas que benefician al conjunto del pueblo.

La principal diferencia está en su grado de formalización. En algunas parroquias rurales asturianas, como Barcia y Leiján, en Valdés, la sextaferia sigue regulada por una ordenanza. La norma permite convocar a los vecinos para construir, conservar, reparar y limpiar caminos, montes, pastos y otras infraestructuras de titularidad parroquial, fija quién debe participar, contempla excepciones y regula la aportación de herramientas, transporte o una compensación económica cuando no sea posible acudir. 

En Otero de Curueño (León), la falta de desbroce de un terreno público llevó este mes de julio a la junta vecinal a convocar una hacendera. 14 de los 38 vecinos empadronados participaron en los trabajos después de que la pedanía reclamara sin éxito la actuación del ayuntamiento. 

En Guadalajara y La Rioja estas prácticas se utilizan también de forma más puntual. Canredondo recuperó recientemente una hacendera para limpiar y embellecer el pueblo, mientras Soto en Cameros recurrió a la vereda para desbloquear manualmente una fuente a la que no podía acceder la maquinaria pesada.

Cataluña y Galicia, dos modelos organizados más allá del trabajo vecinal

Cataluña y Galicia cuentan con fórmulas estables de participación local en la prevención y el cuidado del monte, pero se alejan de las jornadas de trabajo comunitario protagonizadas directamente por los vecinos. Se trata de sistemas más profesionalizados y sujetos a coordinación pública, aunque mantienen un fuerte vínculo con el territorio.

En Cataluña, las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) reúnen a propietarios forestales, ayuntamientos y organizaciones locales para realizar tareas de vigilancia, mantenimiento de caminos y puntos de agua, sensibilización y apoyo a los servicios de extinción. Se trata de asociaciones permanentes, equipadas y coordinadas con la Administración, más próximas a una red organizada de prevención que a una convocatoria vecinal espontánea.

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En Galicia, el modelo gira en torno a las comunidades de montes vecinales en mano común, cuyos integrantes comparten la titularidad del terreno. Las asambleas deciden los aprovechamientos, las inversiones y las medidas de protección, pero los trabajos pueden ser ejecutados por los propios comuneros o encargarse a empresas y brigadas profesionales. La normativa les obliga, además, a reinvertir parte de sus ingresos en la mejora del monte y la prevención de incendios.

La diferencia principal es que las ADF catalanas son asociaciones creadas específicamente para la defensa forestal, mientras que las comunidades gallegas gestionan un patrimonio colectivo. 

En otras regiones también existen programas de voluntariado ambiental, vigilancia o mantenimiento de senderos, generalmente impulsados por ayuntamientos, gobiernos autonómicos o asociaciones especializadas. Hay ejemplos en Aragón, Cantabria, Madrid, la Comunitat Valenciana, Canarias, Andalucía y Murcia, aunque se trata de iniciativas puntuales que no constituyen una tradición de trabajo comunitario tan consolidado como la que mantienen otros territorios.