Los escándalos del PP

Barberá esquivó tres imputaciones antes de que el Supremo decidiera investigarla por presunto blanqueo

Barberá afirma que se reunió con Urdangarin y Torres para proyectar los Valencia Summit

Alicia Gutiérrez / Tono Calleja

La decisión del Tribunal Supremo de investigar a Rita Barberá ha convertido a la exalcaldesa de Valencia y todavía senadora en virtual imputada por blanqueo solo en espera de su citación para declarar. Al final, el que le ha colocado a Barberá la vitola de investigada ha sido un asunto de cifras inferiores a las habituales en los casos de corrupción del PP valenciano: el de las supuestas donaciones ilegales que por 240.000 euros habría recibido en una cuenta opaca el grupo municipal del partido desde 2006 y su posterior afloramiento mediante la técnica conocida como pitufeo.  Pero antes de eso, la que durante 20 años fue icono del poder municipal del PP había logrado esquivar en tres ocasiones la espada de Damocles judicial: en el caso Nóos; en el llamado Ritaleaks, por el que Compromís la denunció tras encontrar un lote de facturas por "gastos suntuarios" que puso sobre la mesa el despilfarro municipal; y en un tercer caso vinculado al incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y por el que la denunciaron un diputado socialista, un activista y un abogado.

Como el de blanqueo, esos dos últimos casos -el Ritaleaks y el derivado de su negativa a retirar símbolos franquistas- desembocaron en el Supremo gracias a que, tras perder la alcaldía de Valencia, el PP incluyó a Barberá en el cupo de senadores por designación autonómica en julio de 2015. Y a que luego le siguió garantizando su aforamiento al mantenerla en la Diputación Permanente del Senado una vez disueltas las Cortes tras la convocatoria de elecciones para junio. Las diligencias judiciales sobre el llamado caso Imelsa, del que surge la investigación al PP valenciano por blanqueo mediante pitufeo, se habían abierto en abril de 2015.

Pero la mayor amenaza, tanto por la magnitud del dinero público en juego como por la relevancia de los protagonistas, fue la derivada del caso Nóos. Y la sorteó hace justamente tres años, en septiembre de 2013. Fue entonces cuando el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) rechazó la petición del juez José Castro para que investigase a la entonces alcaldesa de Valencia y al ya en aquellas fechas expresidente de la Generalitat, Francisco Camps por el caso Nóos. Barberá gozaba entonces de aforamiento ante el TSJCV porque a su condición de alcaldesa unía la de diputada autonómica del PP.

Castro entendía que Camps y Barberá habían tenido una "decisiva e imputable intervención" en la concesión de nada menos que 3,5 millones de euros públicos al entramado asociativo de Iñaki Urdangarin. El TSJCV adujo que recurrir al yerno de Juan Carlos I había sido "una decisión política" basada en las "relaciones" y la "repercusión social" inherentes al marido de Cristina de Borbón. 

Barberá, que declaró luego como testigo en el juicio de Nóos y a quien el fiscal Pedro Horrach llegó a espetar que le resultaba difícil creerla, se libró, entre otros factores, por el muro protector levantado por sus más cercanos colaboradores. Eso, al menos, creen quienes investigaron los manejos de Urdangarin con las administraciones balear y valenciana del PP, de las que el marido de Cristina de Borbón cosechó nada menos que seis millones de euros. En la cohorte de fieles a Barberá figuraba su antiguo vicealcalde, Alfonso Grau, que acabó en el banquillo de Nóos.

Imputado también en la Operación Taula por orden del juez valenciano que investiga el presunto blanqueo del grupo municipal del PP, Grau difundió la semana pasada su malestar por lo que considera un agravio comparativo: el aforamiento de Barberá como senadora, que le garantiza ser investigada solo por el Tribunal Supremo. Salvo que la senadora renuncie finalmente a su escaño, será la única del medio centenar de involucrados cuyo porvenir procesal estará en manos del alto tribunal.

En Valencia, mientras tanto, nueve de los 10 concejales que integran el grupo municipal del PP aguardan a conocer los planes del partido una vez despejada la incógnita de la imputación de Barberá. Los nueve ediles están imputados en Taula. Los nueve, también, están formalmente suspendidos de militancia. Pero continúan representando al partido en la Corporación valenciana. Según los indicios, todos ellos participaron en el pitufeo para blanquear donaciones ilegales.

Habitual en las tramas de blanqueo, la mecánica del pitufeo era la siguiente: distintas personas -aquí, 50 en total- transferían por banco al grupo municipal cantidades no susceptibles de levantar sospechas -1.000 euros- ; el partido les reintegraba luego el dinero en metálico con dos billetes de 500 euros. Y de ese dinero en metálico, procedente de las supuestas donaciones ilegales, no quedaba rastro. Las transferencias permitieron así blanquear 50.000 euros en total.

Las conversaciones telefónicas intervenidas a algunos de los participantes en esa operación se erigen ahora en auténtica prueba de cargo. Barberá figura entre quienes ingresaron 1.000 euros, aunque la exalcaldesa y senadora niega de manera tajante que el dinero le fuera reembolsado.

Salvo en el caso sobre la inaplicación de la Ley de Memoria Histórica, el dinero siempre ha sido el nexo en los casos que en algún momento constituyeron una amenaza para Rita Barberá.

Archivado el pasado mes de julio por la Fiscalía del Supremo, el Ritaleaks, por ejemplo, destapó 466 facturas por gastos de representación -comidas, hoteles y viajes- cuantificados en 278.000 euros. Habían sido emitidas en pleno apogeo de la crisis: entre 2011 y 2014. El listado de proveedores destapaba, además, la inexistencia de expedientes de adjudicación.

La Fiscalía del Supremo dio cerrojazo a la investigación con el argumento de que los datos aportados impedían afirmar de manera taxativa que aquellos gastos fueran ajenos a la actividad municipal. No cabía, por tanto, hablar de malversación.

La última denuncia de la serie es la ya citada sobre la Ley de Memoria Histórica. Archivada igualmente en julio de este año por el Tribunal Supremo, la denuncia acusaba a Barberá de desobediencia al incumplir lo preceptuado en esa ley sobre la retirada de símbolos franquistas.

El alto tribunal la desestimó bajo el razonamiento de que Barberá no había recibido ninguna orden directa y expresa para acometer la retirada de símbolos franquistas y cambiar el nombre de determinadas calles que en Valencia rinden homenaje a personalidades de la dictadura.

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