Corrupción política

Cerco judicial a Acciona por un caso de malversación multimillonaria en Aragón durante la etapa del PSOE

Carlos Escó, consejero delegado de la sociedad investigada.

La amenaza de una imputación del gigante Acciona como persona jurídica por sus eventuales responsabilidades en un caso multimillonario de malversación en Zaragoza, durante el mandato del socialista Marcelino Iglesias como presidente de Aragón, se ha agravado después de que la Policía haya acudido esta mañana a su sede central de Madrid con un requerimiento de documentación y una orden de entrada y registro en el bolsillo por si la compañía no atendía la petición. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con los portavoces de Acciona, a cuya sede llegó la Policía por orden de un juez de Zaragoza cuyas solicitudes previas de información había desoído la empresa.

La investigación del caso se centra en el desvío de fondos públicos en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), una empresa con participación mayoritaria del Gobierno de Aragón y que, según fuentes del caso, aceptó facturas falsas por al menos seis millones de euros, validó certificaciones de obras fraudulentas, encargó trabajos de consultoría a una empresa administrada por las hijas de su entonces gerente, Ricardo García Becerril, y pagó obras privadas. En otoño, Anticorrupción cifró en 13 millones los fondos públicos desviados. Pero los investigadores no dudan de que el saqueo fue muy superior.

Fue el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien destapó las ilegalidades en el verano de 2013.

El consejero delegado de la sociedad en el tramo final del periodo investigado  –a partir de 2002– era Carlos Escó, marido de la dirigente socialista Eva Almunia e igualmente imputado por uno de los jueces que mantienen causas abiertas sobre el alud de presuntas ilegalidades destapadas en torno a Plataforma Logística de Zaragoza. En 2010, Escó dimitió como viceconsejero de Obras Públicas y de sus cargos anexos para incorporarse a Telefónica, una de las compañías señeras en cuanto al uso de la puerta giratoria que separa política y empresa. 

Fuentes del caso aseguran que Acciona, el socio más importante del tándem que formó la UTE a la que la Administración aragonesa encargó construir el complejo de oficinas y servicios promovido por Plaza, ha entregado a la Policía la documentación requerida: todas las facturas que reflejan pagos a proveedores de esa obra entre 2008 y 2011. El análisis de los papeles aportados será crucial para determinar si Acciona Infraestructuras SA y su socio de UTE, la empresa aragonesa Mariano López Navarro SL –a la que también ha acudido la Policía–, aceptaron nuevas facturas falsas aún desconocidas.

Según los datos obrantes en las diligencias, Plataforma Logística de Zaragoza SA (Plaza) está participada al 51% por el Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento de Zaragoza posee otro 12% e Ibercaja ostenta el 36% restante tras adquirir el capital de Grupo Caja 3. Uno de los jueces que investiga las irregularidades destapadas entorno a la plataforma logística envió en febrero a prisión bajo fianza al exgerente de la sociedad, Ricardo García Becerril, por ahora principal imputado en el caso. Fuentes de la investigación aseguran que ya ha pagado la fianza.

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