El CGPJ caducado no podría renovar siete plazas clave en el Supremo con la reforma exprés de PSOE y UP en vigor

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones no podría renovar siete plazas en el Tribunal Supremo que está pendiente de acometer si finalmente entra en vigor la reforma que acaban de presentar los partidos que integran el Gobierno de coalición según la cual se limitarían las funciones del órgano de gobierno de los jueces durante sus etapas en interinidad por falta de renovación de los vocales. Una de las funciones que no contempla la proposición de ley es hacer nombramientos discrecionales como los que se han venido acometiendo desde que el mandato de la institución caducó hace ya dos años.

Fuentes de los grupos parlamentarios proponentes, PSOE y Unidas Podemos, consultadas por infoLibre avanzan que la proposición irá al Pleno del Congreso del 15 de diciembre. Se pretende una tramitación exprés para que sea una realidad en los primeros meses de 2021. Pero en el calendario parlamentario hay algunas citas ineludibles como los Presupuestos, que tendrán que regresar a la Cámara Baja para su aprobación definitiva una vez hayan pasado por el Senado, un camino que emprenderán esta misma semana.

Mientras se tramita la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar las funciones del CGPJ en interinidad, el órgano de gobierno de los jueces podría seguir adelante con los nombramientos que tiene pendientes. Fuentes de la institución explican a este diario que en el corto plazo podrían ver la luz designaciones en las presidencias de varias salas de tribunales superiores de justicia (TSJ) como Asturias, Baleares o León, así como las presidencias de las audiencias provinciales de Cáceres y Cantabria, así como de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Pero el CGPJ también tenía previsto acometer en los próximos meses los procesos para adjudicar siete plazas en el Tribunal Supremo, la mayoría por jubilaciones de magistrados. Se trata, según las fuentes consultadas, de dos plazas en la Sala Primera (de lo Civil), dos en la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), otras tantas en la Sala Cuarta (de lo Social) –una de ellas por fallecimiento del titular– y una en la Sala Quinta (de lo Militar). Si la proposición de ley se aprueba en el Congreso y entra en vigor antes de que el órgano de gobierno de los jueces haya finalizado los procedimientos administrativos que son necesarios para adjudicar estas plazas, los nombramientos de los siete magistrados podrían frustrarse.

En los dos años en que el CGPJ lleva en funciones, después del acuerdo frustrado para su renovación a finales de noviembre de 2018, los vocales han llevado a término medio centenar de nombramientos discrecionales en órganos judiciales. Los últimos fueron los más controvertidos después de que el Gobierno, en boca del ministro de Justicia Juan Carlos Campo, manifestara públicamente su oposición a hacer este tipo de designaciones por un órgano caducado, dejando la solución al desbloqueo en el tejado del Partido Popular, que desde hace meses mantiene su oposición a renovar el CGPJ. En fechas recientes, los de Pablo Casado ya han advertido de que no habrá acuerdo en los próximos meses por la coyuntura política: aprobación de los Presupuestos con EH Bildu y ERC y elecciones catalanas en febrero. 

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Fuentes de la dirección del Grupo Socialista rechazan que la proposición registrada este miércoles suponga un elemento más de presión para el PP. Es más, defienden que es un "gesto" para que el partido conservador se avenga a firmar un pacto que estaba prácticamente cerrado a finales del pasado julio. Si durante la tramitación de esta proposición se llegase a un entendimiento con el PP, las mismas fuentes aseguran que no habría ningún problema a la hora de incluir la limitación a un Poder Judicial en funciones en el acuerdo.

Los conservadores siguen teniendo un problema de calendario, de tiempos políticos, con los plazos que ahora se marcan PSOE y Unidas Podemos para que esta iniciativa legislativa reciba luz verde. En la dirección nacional del PP admiten que no pueden acordar nada con el Gobierno mientras se negocian unos Presupuestos pactados con EH Bildu y ERC e insisten en que, hasta la fecha, Pedro Sánchez no ha cumplido.

Sus exigencias, recuerdan, son que se retire la proposición registrada en octubre –la que cambiaba las mayorías para elegir a los vocales judiciales del CGPJ–, no que se frene su tramitación. También, que Unidas Podemos no tenga participación en el proceso y que se "despoliticen" los nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces. Otras fuentes conservadores admiten que la proximidad de las elecciones catalanas, el 14 de febrero, tampoco rema a favor del pacto: el PP se presenta con Vox en los talones y teme que le extrema derecha pueda sacar rédito electoral de cualquier acercamiento de Casado al Gobierno.