Conde, el ex alto cargo de Gallardón que tiene en sus manos el futuro disciplinario de Peinado

Casi un año después de salir airoso de las dos querellas por prevaricación lanzadas desde el corazón de Moncloa, el juez Juan Carlos Peinado aprieta el acelerador en el caso Begoña mientras mira de reojo hacia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es ahí donde se está analizando ahora mismo su labor al frente del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid. En estos momentos, el órgano de gobierno de los jueces tiene abiertas diligencias informativas por la forma de actuar del magistrado en un par de procedimientos judiciales de gran impacto mediático. Y su futuro (disciplinario) está en manos de un magistrado con amplia experiencia en las salas de máquinas gubernamentales: Ricardo Conde.

La primera carpeta se ha abierto a raíz de dos denuncias del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación al tenso interrogatorio como testigo al que fue sometido en el caso Begoña y a la exposición razonada que el magistrado elevó al Tribunal Supremo retorciendo, precisamente, aquella testifical para pedir que le imputaran por falso testimonio. En cuanto a la segunda, se centra en una supuesta "dejación de funciones" del juez en una causa contra un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, que acabó archivando después de que se le pasara prorrogar la instrucción.

Ambos casos se encuentran, ahora mismo, en una fase previa de análisis, procedimiento habitual que se pone en marcha cada vez que se recibe una queja y en el que se estudia si la actuación del magistrado es susceptible o no de reproche disciplinario. Una vez analizado el asunto, el Promotor de la Acción Disciplinaria decide si hay materia para incoar un expediente disciplinario –esto ya sí, una investigación más formal que acaba con un pliego de cargos o con una absolución– o si, por el contrario, hay que archivar de plano. Carpetazos que, no obstante, pueden ser revocados por la Comisión Permanente, núcleo duro del CGPJ.

El futuro disciplinario de Peinado se encuentra, por tanto, en manos de Conde, que es desde hace ocho años el "gran inquisidor" en el órgano de gobierno de los jueces. Un puesto al que accedió allá por 2017. Con un Consejo General del Poder Judicial dominado por los conservadores. Y con un Carlos Lesmes deshaciéndose en elogios hacia el nuevo responsable de asuntos internos de la judicatura: "Es un magnífico profesional en todas las facetas. [...] Una persona de un talante extraordinario, de gran laboriosidad y que con seguridad desempeñará de una forma excelente esta importante responsabilidad a la que hoy se incorpora".

El entonces presidente del órgano de gobierno de los jueces y Conde se conocían desde hace tiempo. Al fin y al cabo, ambos ya habían trabajado codo con codo en el segundo Ejecutivo de José María Aznar. En concreto, en el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Ángel Acebes. El primero, como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Y el segundo, como asesor de este, puesto desde el que participó en diferentes proyectos legislativos –entre ellos, la modificación de 2003 de la Ley del Poder Judicial o el bloque normativo por el que se operó la llamada reforma concursal–.

El compañero de Luzón que acabó de alto cargo en el Gobierno

Por aquel entonces, Conde llevaba poco más de una década en la judicatura. Ingresó en la carrera en 1990. En la misma promoción que otros tantos que acabarían llegando a lo más alto, desde el actual fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, hasta los magistrados del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y Eduardo de Urbano o el exidrector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso –aquel que fue grabado junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz–. Comenzó en Almendralejo. Luego, seis años a un juzgado de Barcelona. Y de ahí, a otro de Madrid.

El magistrado, no obstante, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en puestos gubernativos, un trabajo entre bambalinas técnico, burocrático y sin apenas proyección pública. Fue coordinador territorial de la Escuela Judicial para el área de Madrid y jefe de sección del Servicio de Formación Continua del CGPJ. Cargo este último que desempeñaba cuando volvió a recibir la llamada de un Ejecutivo del PP. En este caso, del de Mariano Rajoy. Así, el 5 de enero de 2012 se convirtió en el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón. El mismo puesto que en su día tuvo Lesmes. Y del que él fue asesor.

Como alto cargo del Gobierno se mantuvo casi un lustro. Pese a que Rafael Catalá siguió contando con él, Conde decidió en noviembre de 2016 echarse a un lado y volver a la actividad jurisdiccional. Comenzó entonces una nueva etapa en la Audiencia Provincial de Cuenca. Pero apenas duró unos meses. En septiembre de 2017, fue nombrado Promotor de la Acción Disciplinaria, un cargo para el que fue reelegido el pasado mes de diciembre, ya con un órgano de gobierno de los jueces renovado y con Conde ahora en la Audiencia Provincial de Toledo.

Archivo para el juez que llamó "psicópata" a Sánchez

El Consejo General del Poder Judicial incoa cada año cientos de diligencias informativas por quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. En 2023, último ejercicio con datos disponibles, fueron 540. Sin embargo, buena parte de ellas acaban archivadas. Tal y como muestran los datos contenidos en la última memoria anual del órgano de gobierno de los jueces, ese mismo año el jefe de asuntos internos de la judicatura solo dictó 25 acuerdos de incoación de expediente disciplinario –es decir, una investigación formal–, frente al más de medio millar de acuerdos de archivo.

Por las manos de Conde han pasado algunos de los casos más polémicos. Como el de Manuel Ruiz de Lara, el magistrado que llamó en redes sociales al presidente del Gobierno "psicópata sin límites éticos" y "narcisista patológico". El Promotor archivó las diligencias alegando que como el juez había borrado su cuenta de X no era posible acreditar que los mensajes hubieran sido redactados por él, pese a que tenía en su poder varios pantallazos de los tuits y de la cuenta. Sin embargo, la Comisión Permanente le obligó a abrir un expediente disciplinario que, de nuevo, acabó en un cajón con los mismos argumentos.

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Conde, del mismo modo, se ha hecho cargo en los últimos meses de las palabras despectivas del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre la exministra de Igualdad en una conferencia –"Mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona"–. O de las pronunciadas por el juez Carlos del Valle durante el interrogatorio al humorista Héctor de Miguel por su broma sobre el Valle de Cuelgamuros, cuando preguntó si no le parecería "mendaz" u "ofensivo" decir "vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo" y "tiramos" las "piedrecitas" el "día del Orgullo" a "todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños".

En ambos casos, el Promotor propuso el archivo. En relación a Velasco, porque consideraba que no habló en su condición de juez y que, por tanto, sus palabras se podían enmarcar en el ejercicio de la libertad de expresión. Y en el de Valle, al entender que no había incurrido en un delito de odio porque con sus manifestaciones, realizadas en una toma de declaración que tiene carácter reservado, solo buscaban trazar un paralelismo con las del humorista. En ambos casos, de nuevo, la Permanente corrigió a la autoridad disciplinaria y le ordenó continuar con las pesquisas, si bien las de Valle han terminado definitivamente archivadas.

Ahora, con el nombre de Peinado sobre la mesa, todos los focos vuelven a situarse sobre Conde. Pero pocos confían en ver algún tipo de sanción contra el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid. En parte, porque no creen que vaya a dar tiempo. En caso de que se llegue a abrir un expediente disciplinario, la investigación y la propuesta de castigo podría tardar más de un año en llegar. Prácticamente lo que le queda en activo al magistrado, que en septiembre de 2026 cumple los 72 años, edad máxima para pasar al retiro.